Oratoria Conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos
Montevideo, 7 de diciembre de 2025
Estimados compañeros y compañeras,
Un año más nos encontramos al pie de este memorial en el marco del día internacional de los derechos humanos; lugar que nos recibe una vez más con las fotografías de nuestros familiares detenidos desaparecidos y rodeados de quienes siempre nos acompañan y caminan junto a nosotros reclamando por Memoria, Verdad y Justicia.
En esta jornada agradecemos a los colectivos que se han sumado; a la Intersocial A, a los compañeros de APU y los que integran nuestra Coordinadora de Apoyo, aportando a una jornada especial que nos invita visualizar avances y debes en esta lucha común.
En esta fecha, a 77 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cobra especial relevancia reflexionar sobre su vigencia en el presente. Lo hacemos en un escenario global marcado por el avance de narrativas de odio, nuevas carreras armamentistas, el aumento del punitivismo y la represión, y por guerras que constituyen el cotidiano de millones de personas. A ello se suman situaciones de hambre, privación, exclusión y marginación, así como democracias acosadas o funcionando en sus márgenes. En nuestra región, estos procesos se expresan también en niveles crecientes de violencia e inseguridad.
Los crímenes cometidos contra el pueblo palestino son hoy uno de los signos más crudos e interpelantes de un presente en deterioro. Más de 20.000 niñas y niños asesinados y un pueblo entero sometido a la acción de un Estado genocida, mientras el sistema internacional mira al costado y no garantiza su protección. Recordamos entonces que los derechos humanos siguen siendo un faro ético y político, un marco desde el cual medir, denunciar y actuar, y ningún Estado debiese permanecer inerte ante la violación de los mismos.
La amenaza armamentista toca también las puertas de nuestro continente; el imperialismo norteamericano vuelve a entender América Latina como su patio trasero, escondiendo nuevamente sus intereses económicos y geopolíticos, esta vez, detrás de una supuesta lucha contra el narcotráfico. La última declaración unilateral donde se cierra el espacio aéreo venezolano, es una clara violación a su soberanía y al propio derecho internacional.
Otra vez Estados Unidos repite una historia de agresiones contra los países y pueblos de América Latina y el Caribe; historia que toma especial recuerdo en el marco de los 50 años del Plan Cóndor y que nos hace testigos de la reedición de este modelo.
En América Latina, especialmente en el Cono Sur, la lucha por Memoria, Verdad y Justicia ha sido central para la reconstrucción democrática, disputando sentidos frente a los crímenes de los Estados terroristas. Sin embargo, en nuestro presente, esta tríada ha adquirido nuevos desafíos.
La Memoria, la Verdad y la Justicia siguen hoy siendo un encuadre ético y político indispensable para reimaginar los derechos humanos en tiempos de incertidumbre. Son herramientas para interpretar el presente, contener los retrocesos democráticos y proyectar horizontes de igualdad y dignidad. Su vigencia es una forma de resistencia frente a la barbarie y un camino permanente a seguir construyendo.
A pesar de esto, nuestra región vuelve a ser testigo del avance de una derecha que intenta superponer sus intereses económicos y políticos por sobre los del pueblo. Una vez más alertamos sobre la situación en Argentina, donde el gobierno de Javier Milei continúa su rumbo represivo. Así, el Comité contra la Tortura de la ONU alerta sobre la violaciones a los derechos humanos, cuestionando el uso excesivo de la fuerza en marchas y movilizaciones, los abusos policiales y el aumento de las denuncias de tortura y malos tratos a los detenidos; también la preocupación por el desmantelamiento de los equipos encargados de investigar y analizar los archivos existentes respecto del accionar de las Fuerzas Armadas durante la dictadura militar, junto al recorte presupuestal a varias instituciones que trabajan en cuestiones de Memoria, Verdad y Justicia.
A esto se suman las voces de varios actores políticos que cuestionan abiertamente la cifra de 30.000 desaparecidos, bajo la intención de manipular y falsear la historia. Reafirmamos, por ello, nuestro compromiso inclaudicable con el pueblo argentino y la verdad absoluta que grita y afirma: ¡son 30.000!
Nuestro país no es ajeno a este mundo convulsionado. El pasado año afirmamos que nos encontrábamos en un contexto crucial bajo el que se desarrollaba un modelo social, político y económico que profundizaba las desigualdades y las violencias estructurales.
Hoy, a pesar del cambio de gobierno, estas políticas continúan vigentes y son numerosos los derechos que sigue siendo vulnerados: la pobreza, las personas en situación de calle, la vivienda que falta, un sistema carcelario que colapsa, las infancias y adolescencias desprotegidas, entre muchos otros elementos hablan de un Estado que sigue siendo omiso o lento en su accionar.
Continuamos por ello trabajando y apostando por una sociedad más justa e igualitaria, como la que soñaban nuestros familiares a quienes hoy seguimos buscando. Hace más de 40 años que sostenemos las banderas de Memoria, Verdad y Justicia; por eso no podemos menos que condenar y luchar contra las violaciones del hoy, pues este presente sí puede y debe modificarse.
Iniciamos este año reiterando el reclamo histórico de que las Fuerzas Armadas entreguen toda la información que sabemos tienen sobre nuestros familiares. Es urgente para ello que el Presidente, jefe máximo de las mismas, de la orden y asegure su cumplimiento. Y aunque lo hemos reclamado en diversas ocasiones hoy, meses más tarde de asumido el gobierno, continuamos esperando que esto suceda.
Al asumir el mando presidencial, Yamandú Orsi expresaba el compromiso con la búsqueda de las y los detenidos desaparecidos. A 40 años del retorno democrático, este mensaje significaba un impulso para quienes continuamos esperando respuestas. Sin embargo, hoy la espera continúa y dicho compromiso no sólo no se ha materializado en políticas concretas, sino que tropieza en discursos y acciones imprudentes.
Necesitamos avanzar en la investigación y en el cumplimiento de una política activa y comprometida de todo el Estado por igual, algo que a la fecha sigue siendo un gran debe. Las demoras y las trabas continúan, por ejemplo, cuando no son cumplidos los plazos establecidos por ley para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información o cuando se dan evasivas ante las mismas.
Una orden que no llega; archivos que no se buscan y la información permanece oculta mientras los y las antropólogas continúan trabajando a ciegas, como lo hacen ya desde hace veinte años, en una labor llena de sacrificio, pero de profundo compromiso y amor.
Saludamos los avances de la justicia tanto a nivel internacional (como el Juicio del Plan Cóndor en Roma, en un mega-proceso judicial que logró diversas condenas ejemplares) como a nivel nacional que a partir de la labor de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad ha logrado numerosas condenas y procesamientos de civiles y militares, a pesar de las mezquinas trabas puestas por los abogados defensores que buscan dilatar procesos. Sin embargo, señalamos con preocupación los cambios producidos en la composición del Tribunal de Apelaciones de Segundo Turno, que no han dado lugar a los pedidos de condena solicitados en contra de los militares procesados, desvalorizando el relato de testigos y víctimas y desconociendo el accionar clandestino y la cadena de responsabilidades que permitió la comisión sistemática de secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos durante el terrorismo de Estado.
Una vez más nos encontramos con diversos actores que desde la arena pública atacan con saña la labor de la Fiscalía, esgrimiendo que los procesos carecen de garantías, que hay denuncias falsas y procesados sin pruebas. Nos alarma especialmente que estas narrativas sean amplificadas desde el propio Parlamento, en eventos destinados a desacreditar a la justicia, reimpulsando la impunidad y legitimando otra vez la falsa teoría de los dos demonios. Más grave e inadmisible aún, es la injerencia del Presidente sobre el Poder Judicial respecto de personas procesadas y condenadas por delitos gravísimos cometidos durante el Terrorismo de Estado.
Señalamos nuevamente la necesidad de que el Estado asuma su responsabilidad ante los crímenes cometidos, que garantice y consolide una política pública que combata en todas sus formas la consolidación de una cultura de impunidad que obstaculiza llegar a la verdad y a la justicia. A la fecha, las respuestas estatales son insuficientes.
A 40 años de la recuperación democrática, debemos afirmar que no hay democracia plena mientras el crimen de la desaparición forzada continúe perpetrándose, mientras nuestros familiares continúen secuestrados. Cualquier proyecto verdaderamente democrático debe dar respuesta a los crímenes del pasado, afirmando la Memoria, la Verdad y la Justicia para así sentar las bases para la construcción del Nunca Más.
Reclamamos por ello mensajes claros y políticas concretas. Que la única preocupación deben ser las víctimas, aquellas que sufrieron la tortura, la cárcel, la clandestinidad o el exilio; las infancias y adolescencias criadas bajo el terror; las familias destrozadas por el asesinato o la espera interminable de quienes nunca más volvieron. La preocupación, no debe caber dudas, no pueden ser los victimarios, aquellos que no dudaron en torturar y asesinar a maestros, padres, mujeres embarazadas… Aquellos que gozaron de años de impunidad y tuvieron y tienen todas las garantías de los procesos que establece la ley y el lujo de una prisión con máximos privilegios, incluso el de prisión domiciliaria para muchos.
No podemos equivocar el rumbo cuando habemos tantas familias que continuamos esperando; cuando toda una sociedad continúa esperando respuestas. Por ello, hoy nos encontramos para continuar reclamando y exigiendo, junto a todos y todas quienes nos acompañan, quienes inundan las calles cada 20 de mayo reclamando ¿dónde están? Porque nuestra causa es una que atraviesa a todo el pueblo y que camina junto a los reclamos y reivindicaciones del mismo. Por eso, hay que estar a la altura y saber cumplir.
Frente a sus fotos y el memorial que los nombra, recordamos a nuestros detenidos desaparecidos no como una imagen detenida en el tiempo, sino en sus ideas, sus historias, enseñanzas y anhelos. Como aquellos hombres y mujeres comunes que fueron; obreros, estudiantes, padres y madres, hijos e hijas, compañeros y compañeras cuyo único delito fue creer y luchar por una sociedad más justa e igualitaria.
Hace muchos años que los buscamos y esperamos. A muchos y muchas hemos tenido que despedir con el peso injusto de no haber tenido respuestas, sin saber el destino de sus familiares. Hoy volvemos la mirada hacia ese camino que Madres y Familiares empezaron a recorrer cuando la sociedad aún estaba atravesada por el miedo y el silencio. Fue un andar paciente y tenaz, guiado por la certeza de que ninguna democracia se sostiene sin asumir las heridas del pasado. Ese terreno caminado durante décadas, ampliado por miles de voces que hoy nos sostienen cuando exigimos memoria, verdad y justicia frente los crímenes de ayer y las violaciones del presente.
Por esas Madres y Familiares que trazaron el camino, por quienes hoy aún esperamos, por la que merece nuestro pueblo todo, es que hoy seguimos y seguiremos luchando por Memoria, Verdad y Justicia.
Nunca Más Terrorismo de Estado.
