Autor: familiares

El autodenominado “Comando Barneix” se hizo conocer en febrero de 2017, cuando se difundieron las amenazas a trece abogados y militantes por los derechos humanos. El grupo lamentaba la muerte del general Pedro Barneix, que se suicidó luego de ser procesado por la Justicia, y aseguraba que asesinaría a tres personas de la lista por cada nuevo “suicidio” de un militar juzgado por crímenes cometidos durante la dictadura.

Los amenazados fueron Juan Errandonea, Óscar López Goldaracena, Federico Álvarez Petraglia, Juan Fagúndez, Hebe Martínez Burlé y Pablo Chargoñia; el juez Frances Louis joinet; el activista brasileño Jair Kirshke; y la investigadora italiana Francesca Lessa.

Hace ya casi dos años Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las amenazas y la CIDH urgió al Estado a “adoptar medidas urgentes a fin de proteger a los operadores de justicia”, además de “tomar nota” del inicio de investigaciones judiciales sobre estas amenazas y esperar que “se establezcan las responsabilidades materiales e intelectuales que correspondan y que se sancione a esos responsables de manera efectiva”.

Al no producirse avances en la investigación, el grupo de abogados y militantes presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de la República Oriental del Uruguay (en conjunto con el Observatorio Luz Ibarburu), que quedó registrada este 12 de febrero, según dieron a conocer los peticionantes en un comunicado.

“Cuando ya se cumplieron dos años de las amenazas proferidas por el autodenominado Comando General Pedro Barneix y, debido a la falta de investigación de ese delito, los peticionarios alegamos frente a la CIDH la violación de los siguientes derechos protegidos bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos: Obligación de Respetar los Derechos; Derecho a la Integridad Personal; Derecho a la Libertad Personal; Garantías Judiciales; Igualdad ante la ley; y Derecho a la protección judicial”, explican en el comunicado.

“El 1 de marzo de 2017, la CIDH condenó contundentemente las amenazas de muerte realizadas contra autoridades, operadores de justicia y defensoras y defensores de derechos humanos de Uruguay y urgió al Estado a adoptar medidas urgentes a fin de asegurar la seguridad de los operadores de justicia. En ese entonces, el Relator para Uruguay, Comisionado Francisco Eguiguren, resaltó como las investigaciones tenían que conducirse ‘con debida diligencia hasta sancionar a los responsables’. Por otro lado, el Relator sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Comisionado José de Jesús Orozco, destacó que ‘las personas a las que se amenazó de muerte han tenido un rol muy significativo impulsando este tipo de causas y avanzando en el camino hacia la justicia. El Estado tiene la obligación de garantizar su seguridad para que puedan seguir haciendo su trabajo con independencia y sin riesgos a su vida o integridad'”, agrega el texto.

Sin embargo, señalan, “nada de lo pedido por la CIDH ha sucedido”. “Por esa razón, hemos decidido presentar la petición frente a la CIDH, ya que la investigación en curso no solo avanza con suma lentitud, sino que no detectamos ninguna voluntad real de avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Denunciamos la falta de avance ya el año pasado en nuestra carta abierta al señor presidente de la República, Tabaré Vázquez, el 29 de enero de 2018, a la que nunca hemos recibido respuesta. En la petición que entregamos a la CIDH vinculamos la amenaza y la falta de investigación en nuestro caso con un patrón mucho más amplio y preocupante, relacionando hechos de naturaleza parecida y resaltando el contexto de impunidad dominante en el país: por ejemplo, el robo y las intimidaciones al Grupo de Investigación en Arqueología Forense (GIAF) en semana santa de 2016, la reciente vandalizacion de sitios de memoria en 2018, y la continua impunidad y paralización de los juicios de lesa humanidad en el país”, señala el grupo.

“Los estados tienen que investigar con debida seriedad cualquier tipo de amenaza. Pero, en los casos de amenazas y amedrentamientos en contra de operadores de justicia y defensores y defensoras de derechos humanos, los estados tienen una obligación reforzada. Dichas amenazas tienen un impacto evidente hacia la función que ellos y ellas ejercen y el objetivo es afectar sus actuaciones en la protección y defensa de los derechos humanos”, concluyen.

Fuente: Montevideo Portal