A la opinión pública

Montevideo, 4 de diciembre de 2025.

 

Ante los trascendidos de prensa sobre la reunión reservada mantenida entre el Presidente de la República y el Presidente de la Suprema Corte de Justicia —en la cual, según se ha informado, el mandatario expresó preocupación por la salud de militares recluidos en el establecimiento Domingo Arena— la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos manifiesta:

  1. Resulta llamativa e improcedente toda “consulta” o señal de preocupación institucional que pudiera interpretarse como injerencia, sobre el Poder Judicial respecto de personas procesadas y condenadas por delitos gravísimos cometidos durante el Terrorismo de Estado. La sola visita de cortesía en este contexto genera un mensaje ambiguo hacia la ciudadanía y proyecta una deferencia injustificada hacia quienes integraron un aparato criminal que actuó al margen de la legalidad democrática.
  2. Las personas recluidas en Domingo Arena no están privadas de libertad por delitos comunes. Fueron juzgadas por secuestros, homicidios, desapariciones forzadas, torturas y privaciones ilegítimas de la libertad. Más allá de su tipificación formal conforme a la Ley 18.026 —norma que incorpora al derecho interno los crímenes de lesa humanidad y establece su imprescriptibilidad—, estos hechos, por su gravedad, por la naturaleza de la afectación y por haber sido cometidos por el aparato del Estado actuando de manera ilegítima y criminal, son considerados crímenes inamnistiables.
  3. Es imprescindible recordar, una y otra vez, que estas condenas no han sido dictadas a la ligera. Todos los procesados y condenados han gozado de todas las garantías del debido proceso: instancias de apelación, recursos de inconstitucionalidad, pedidos de prescripción, recursos de casación y múltiples mecanismos de defensa. Garantías que no tuvieron jamás nuestros familiares ni los presos y presas políticas de la dictadura, sometidos a detenciones clandestinas, torturas, desapariciones y ejecuciones sin juicio alguno.
  4. A su vez, quienes hoy cumplen pena en Domingo Arena continúan negándose sistemáticamente a brindar información sobre el destino de las personas detenidas desaparecidas. Esa negativa sigue lesionando gravemente nuestro derecho a la verdad y a la justicia plena. Cada día sin información es una reiteración del crimen.
  5. No corresponde presentar la situación de estas personas como si fueran víctimas de un sistema penitenciario hostil. Muy por el contrario: se alojan en un establecimiento con condiciones privilegiadas, muy distante del hacinamiento y la vulneración de derechos documentados en otros centros de reclusión, tal como lo ha señalado reiteradamente el Comisionado Parlamentario.
  6. Consideramos aberrante que, a 40 años de recuperada la democracia, se siga intentando instalar en la opinión pública la idea de que estos criminales merecen un tratamiento excepcional. La sociedad uruguaya ha luchado durante décadas para terminar con la impunidad. Retroceder en este camino es inaceptable.

Reiteramos que la única vía para avanzar en la consolidación de una democracia plena es la vigencia de la justicia, la verdad y la memoria. Ninguna señal política debe poner en duda la legitimidad de los procesos judiciales ni el compromiso del Estado con la no repetición de los crímenes más graves de nuestra historia.

Nunca más Terrorismo de Estado.

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos