Autor: Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos

Montevideo, 13 de diciembre de 2022

Representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores

Sra. Dra. Estefania Antenor De León

Sr. Dr. Marcos Dotta

De nuestra mayor consideración:

Los abajo firmantes, representantes del grupo de peticionarios, familiares y víctimas en el caso Maidanic y otros vs / Uruguay de la CIDH que resultara en condena para el Estado ante Uds. se presentan y DICEN:

Hemos recibido vuestra comunicación vía correo electrónico (consecuencia de la previa comunicación verbal), de fecha 9 de diciembre, referido a la «organización del Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional del Estado Uruguayo, en el caso Maidanic y otros vs Uruguay (Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 15.11.2021): y la consulta referida a «sus preferencias de fecha y formato a efecto de trasladar las mismas a las autoridades competentes».

Hemos recibido también en correo de fecha 12 de diciembre la propuesta de fecha para el 19 de diciembre del corriente año. Nos permitimos señalar que, tal como le debería constar al Estado hemos solicitado en febrero del presente año la instalación de una mesa de diálogo para el cumplimiento de la Sentencia y por otra parte se nos señaló desde la jurídica de Presidencia que desde octubre de este año se encomendó al MRREE el cumplimiento relativo al acto público.

Realizamos el correspondiente traslado a los familiares, también víctimas de terrorismo de estado de acuerdo a lo dispuesto por la Honorable Corte quienes resolvieron que, sin perjuicio de solicitar una reunión a las Autoridades de este Ministerio, a celebrarse con fecha a determinar en el mes de febrero de 2023, y solicitar que se coordine el Acto para el mes de marzo de 2023, con tiempo suficiente de preparación que el  acuerdo requiere, dado la trascendencia fundamental para los familiares, pero también para la sociedad en su conjunto.

En la reunión de febrero de 2023, se realizará por parte del grupo de Familiares, otras aclaraciones y peticiones, no obstante, es su interés adelantar algunas consideraciones, que se consideran prioritarios y se informan a continuación.

Dado la importancia de lo que significa el Acto, es obligación del Estado Uruguayo, que se dé cumplimiento, a la Sentencia de la Corte Interamericana, actuando en consecuencia y sin apartarse por lo dispuesto en los numerales 236 y 258, que establece en forma indubitable, y le ordena que dicho acto debe cumplir con las siguientes obligaciones:

«Acordar con las víctimas o sus representantes, la modalidad de cumplimiento del acto público de reconocimiento (num. 258), así como las particularidades que se requieran, tales como lugar y fecha para su realización, debe ser debidamente difundido a través de los medios de comunicación» y asimismo establece el plazo de cumplimiento.

El acto, no debe dejar de observar, las fundamentales implicancias, solemnes, jurídicas y éticas, y para ello, debe contar: «con la presencia y ser conducida, por altas autoridades nacionales y estar presentes altas autoridades «del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, y el Poder Judicial, así como altas autoridades militares, de la Fiscalía Especializada y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo», y no otras o realizar delegaciones en autoridades de menor jerarquía.

Asimismo, reiteramos que tal como señalamos en la nota a la Presidencia en febrero ya mencionada, y puesta en conocimiento de la Honorable Corte debemos acordar las demás obligaciones a cumplir por parte del Estado, para que el mismo no se transforme, en un mero acto protocolar, y comprende:

Obtener la información del paradero de las víctimas de desaparición forzada; para lo cual deberá presentar un plan estratégico de su búsqueda e informar qué se hizo desde el dictado de la Sentencia al presente.

Estamos hablando del derecho a la búsqueda de la verdad, que no es otro que el esclarecimiento de las circunstancias del asesinato o la desaparición de las víctimas, el alcance de este no se limita a sus familiares. La dimensión colectiva del derecho a la verdad se traduce en la importancia dada a la difusión de la verdad en la sociedad. La falta de búsqueda de la verdad, distorsiona los hechos y la memoria histórica, y los responsables de estos delitos, se amparan en el olvido. La búsqueda de la verdad, en su doble versión individual y colectiva, y la correspondiente sanción a sus responsables, es uno de los pilares básicos de la no repetición de estos delitos y forma parte de una reparación integral.

El Informe 29/92 con relación a  la investigación, recuerda al gobierno uruguayo que esta obligación «…debe tener sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad… (33 — Corte Interamericana de Derechos Humanos — Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988 — Serie C. No. 4, Sentencia del 29 de julio de 1988, párr. 176)» (párr. 50).

Es de público conocimiento e incluido el Estado Uruguayo, que desde que ocurrió la desaparición forzada de Luis Eduardo González González y Oscar Tassino Asteazú, los familiares no tuvieron descanso en su búsqueda, y fueron violados con premeditación morbosa sus derechos, amparados los responsables de los delitos de lesa humanidad, ordenados o con la aquiescencia del Estado, y fueron cometidos por personal militar, policial o asimilados.

Desde ese año a la fecha, han fallecido varios familiares de las víctimas de delitos de lesa humanidad, quienes oportunamente fueron denunciantes ante la jurisdicción interna en el año 1985 y peticionantes en el año 2007 ante la Comisión Interamericana, razón por la cual, la actitud proactiva del Estado, forma parte de las obligaciones internacionales asumidas.

En resumen, solicitamos que se coordine una reunión el mes de febrero de 2023 y haremos otros planteos que consideremos adecuados, en un todo de acuerdo a lo ordenado por la Sentencia al Estado Uruguayo.

Dejamos expresa constancia que la presente solicitud se realiza de buena fe en el marco del cumplimiento de la Sentencia y que hemos solicitado con antelación y prudencia al Estado desde febrero del corriente año la instalación de un ámbito de diálogo todo lo cual le consta al MRREE y a la Honorable Corte.

Sin otro particular, saludamos a Uds. con nuestra mayor consideración y como constancia de lo antes expuesto, suscribimos la presente nota y enviamos copia a la Corte Interamericana.

PD: Oportunamente se comunicarán los números de cuenta bancaria solicitados.

P/lelsur

Por Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay

Jorge Pan (Presidente Honorario) — Dr. Martin Fernandez (Secretario)

Montevideo, 10 de diciembre de 2022

Hoy, 10 de diciembre, nos encontramos nuevamente en el Memorial a los Detenidos Desaparecidos, a 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde esa fecha a ahora, del primer listado de derechos que son reconocidos como iguales e inalienables a toda persona; se han instaurado nuevas agendas, se han consagrado más libertades y garantías para las personas y las comunidades.

No podemos olvidarnos que han sido conquistas consagradas desde el campo popular, liderados por movimientos sociales y colectivos, con un pueblo organizado reclamando desde los diferentes ámbitos; que las libertades y los privilegios que gozamos, son resultado de la acumulación histórica del pasado, materializada por los procesos legislativos, pero resultante de personas que alzan sus voces y trabajan por la construcción de un mundo más justo.

En todos los rincones del mundo, lamentablemente las agendas internacionales y nacionales no se cumplen cabalmente. Se retrocede en lo avanzado, se dan pasos en falso. Es por eso que debemos siempre estar alertas y movilizarnos ante cada escenario que implique retrocesos, porque entendemos el pasado, vivimos el presente y construimos el futuro, cimentando comunidades en y para los Derechos Humanos.

Sin ir más lejos, en nuestro país, no se garantiza el Derecho a una Alimentación adecuada y es el pueblo organizado quien responde con solidaridad desde las ollas y los merenderos populares, entregando mensualmente un promedio de 1.200.000 porciones.

A su vez, se denota un crecimiento de la pobreza mientras cae el ingreso mensual de los hogares en relación a la inflación. Según los últimos datos del INE, 380.000 personas se encuentran debajo de la línea de la pobreza, siendo casi el 11% de la población, mayormente niños, niñas, adolescentes y personas jóvenes.

En octubre se cumplieron diez años de la aprobación de la Ley 18.987, que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo, pero continúan existiendo problemas en la implementación de la ley, además de ser necesaria su actualización; su incumplimiento implica que no está siendo respetada nuestra autonomía reproductiva y la libertad de decisión.

A 5 años de la aprobación de la Ley 19.580 de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género, no se ha asignado presupuesto específico; se ponen constantemente trabas institucionales a las mujeres que quieren denunciar. En lo que va del año, se cuentan casi 30 femicidios y el Estado sigue sin atender esta emergencia.

Las diversidades y disidencias viven una vulneración sistemática de sus derechos. Por ejemplo, si bien se consagró hace cuatro años la Ley Integral para Personas Trans, son pocos los departamentos que cumplen algunos de los artículos. Asimismo, el Estado invisibiliza las realidades de las personas no binarias en el país.

El pasado sábado marchamos junto a las personas en situación discapacidad, en reclamo por accesibilidad y una verdadera inclusión. Los recortes en las políticas de Prestaciones Sociales, afectan los servicios y condiciones en ámbitos como la Salud, la Economía, la Vivienda y la Educación, incidiendo en su autonomía y calidad de vida.

Actualmente la privación de libertad es la primera medida punitiva. Las cárceles se encuentran cada día más saturadas. Estamos en un contexto de emergencia carcelaria, donde sus derechos no sólo se vulneran en el establecimiento penitenciario, sino que afectan negativamente al vínculo familiar y entorno, poniendo en jaque el objetivo sociocomunitario de su reinserción en la sociedad luego de cumplido “el castigo”. Pero esta realidad no es la que habitan todas las personas privadas de libertad.

Hasta el día de hoy, los Terroristas de Estado gozan de privilegios en los establecimientos de reclusión: de aprobarse el proyecto de ley impulsado por Cabildo Abierto, para procesados y condenados mayores de 65 años que se encuentran privados de libertad en cárceles, volverían a la comodidad de sus casas. Ellos saben qué pasó, dónde están nuestros familiares y son quienes hasta el día de hoy siguen secuestrando la verdad.

Es vergonzoso para la política internacional que el Presidente y el Ministro de Defensa premien al Capitán de Navío Marcos Saralegui por su actuación en el Tribunal de Honor a Larcebeau, asignándole una misión diplomática por dos años como Agregado de Defensa a la Embajada de Uruguay en la República Federal de Alemania.  Saralegui, catalogó al represor del Plan Cóndor, Larcebeau, como un “modelo militar”, “un ejemplo de conducta” e incluso que él “honraba el uniforme”. Estamos hablando de la misma persona que fue condenada por 29 homicidios durante el Terrorismo de Estado, imputado a cadena perpetua en Italia.

Además, se sigue sin cumplir completamente lo determinado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia contra el Estado uruguayo por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en las desapariciones de Luis Eduardo González González y Óscar Tassino y los asesinatos de Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio, la causa conocida como “las muchachas de abril”; así como en la sentencia del Caso Gelman vs. Uruguay.

En octubre, la justicia condenó a 25 años de prisión a Silveira y Ramas por el asesinato de Óscar Tassino. También, en agosto, se imputó a los represores Ricardo Arab, Ernesto Ramas, Jorge “Pajarito” Silveira y Ricardo Medina por crímenes de lesa humanidad. Ellos ya cumplen condena por otros delitos, por eso el juez no dispuso medidas cautelares. Así que ¿realmente nos quieren decir que no son responsables?

            Expresamos nuestra extrema preocupación ante la nueva malla curricular presentada para los programas de Historia que se impartirán desde el año 2023 bajo la reforma educativa que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

            Nos alerta que los nuevos planes de estudio se construyeron sin participación real de los actores de la educación, docentes y estudiantes, quienes sostienen el conflicto desde hace meses. En reiteradas ocasiones se desoyó, ignorando solicitudes de reuniones, reclamos y planteos. Los resultados de esta nueva currícula, hecha a puertas cerradas, ignora el conocimiento de quienes son parte de la realidad educativa en el día a día.

Se pretende educar a las adolescencias y las juventudes desde el individualismo, no brindando un conocimiento amplio de sus derechos y vulnerando su pleno goce. Asimismo, se apunta a un nuevo revisionismo histórico. No nos sorprende. Lo vimos cuando se intentó desde el Gobierno Nacional establecer mayo como el mes del soldado; con el planteo del Ministerio de Defensa en la apertura de la “cárcel del pueblo”. Esta reforma plantea volver a hablar de lo sucedido sobre la base de la “teoría de los dos demonios”: se pretende eliminar de los salones de clase el término Terrorismo de Estado ¿Otra vez es necesaria esta discusión?

Por otra parte, el cimbronazo del “Caso Astesiano”: corrupción, tráfico de influencias, espionaje político, redes de complicidad entre empresarios, representantes del gobierno, fuerzas policiales y cuerpos diplomáticos, es grave. La institucionalidad democrática es erosionada, corriendo el riesgo de ser dañada. No es la primera vez que hacemos un llamado de alerta pública a la sociedad; se requiere que el gobierno asuma su responsabilidad. Exigimos una investigación profunda, independiente, transparente, sin tratos diferenciales de ninguna clase.

Hemos denunciado los ataques a la Institución Nacional de Derechos Humanos, apuntando a su desprestigio, partidizando el proceso de elección de su Consejo Directivo, el cual no siguió los pasos establecidos y atentando contra la propia ley que rige esta Institución. Hoy sigue en curso el recurso de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo presentado por múltiples organizaciones sociales de todo el territorio nacional. Expertos nacionales e internacionales acompañan nuestro pedido; han expresado que “el acto es claramente ilegal”, contrario a la naturaleza del Ombudsman, no asegura el pluralismo, la independencia de su alta dirección ni la confianza pública.

Sabemos que un ambiente de impunidad facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general. Han pasado casi 50 años, muchas personas ya no están entre nosotros ¿Hasta cuándo?

La sociedad demuestra su consenso sobre la necesidad impostergable del esclarecimiento de la verdad exigiendo respuestas al Estado. El paso del tiempo, los pactos de silencio no pueden ser argumentos que se pongan en la mesa.

En este memorial, este 10 de diciembre, recordamos a nuestros familiares desde su vitalidad y alegría, como lo que eran, personas que querían un mundo mejor, luchadores sociales, militantes, soñadores, parte del pueblo organizado, del movimiento obrero y estudiantil.  En un escenario de continuos atropellos, no existe mejor forma de recordarles que con memoria viva, defendiendo nuestros derechos y libertades en todos los frentes, saliendo a las calles, extendiendo el brazo compañero.

Porque Todos Somos Familiares, sigamos sembrando margaritas por Memoria, Verdad y Justicia.

Nunca Más Terrorismo de Estado.

Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos