Por el Derecho a No ser Desaparecido
El 30 de agosto Día Internacional del Detenido desaparecido es un día marcado por el dolor y también por la lucha.
Dolor que surge luego de vivir la barbarie, la pérdida de tanta gente valiosa en tantos lugares del mundo. Y lucha porque fue la respuesta de los familiares, de los compañeros de esos desaparecidos, de sus sociedades, la que resistió, persistió y encontró caminos para denunciar y alertar al mundo. Así iniciamos esa lucha por ellos, por ellas, que será permanente mientras exista la impunidad y el abuso del poder político y económico que se ha vestido con tan distintos ropajes hasta el presente.
La desaparición forzada es un problema mundial. En su momento fue principalmente producto de dictaduras militares. En nuestros años tenebrosos, América Latina perdió decenas de miles de personas, vio distorsionado el desarrollo de sus sociedades, los lazos entre las generaciones, al tiempo que sus países eran saqueados.
Pero la desaparición forzada también se perpetra hoy en situaciones complejas de conflicto interno, aún en estados formalmente democráticos. ¿A cuántos ambientalistas, sindicalistas, periodistas han desaparecido o asesinado en estos años? ¿Cuántos maestros y activistas han desaparecido sólo en México? El objetivo de estas prácticas sigue siendo el mismo: reprimir, mediante la desorganización y el miedo que produce la desaparición forzada, cualquier oposición.
A los cientos de miles de víctimas en América, África y Asia, se suman hoy los migrantes desaparecidos.
Aquí este método comenzó a ser utilizado en los años previos al golpe de estado. Estaban suprimidas las garantías individuales y operaban los grupos paramilitares como el Escuadrón cuando sucedieron las primeras desapariciones.
Buscamos a nuestros seres queridos por cuarteles y comisarías igual que todos los familiares de presos militantes políticos, sindicalistas, estudiantiles. Un deambular angustioso, sabiendo de las torturas, temiendo por sus vidas hasta que, si había suerte, permitían el famoso “paquete” que era señal de vida.
Es difícil precisar cuándo cada uno pudo ir asumiendo esta nueva circunstancia de no-ser, de no-estar que tienen los desaparecidos. Lleva años.
Unirnos y organizarnos fue un camino natural. Recorriendo cuarteles primero y buscando apoyos fuera de las dictaduras donde vivíamos después. Así nos agrupamos con otras organizaciones de familiares del continente en FEdeFAM, la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos. Entender lo que pasaba, acá y en otros países fue clave en aquellos años. Se denunció la Desaparición Forzada desde el exilio y a medida que se reinstalaban los gobiernos electos, se comenzó a explicarle a la ciudadanía las formas y los contenidos de esta aberración.
De a poco, a nivel internacional se logró la Convención Interamericana (en vigor desde 1996) y la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada (en vigor desde 2010), precedidas de sus respectivas Declaraciones.
El esfuerzo de cientos de personas pudo revelar la magnitud de este crimen en el mundo y aunar esfuerzos para su prevención y condena. ¡Una gran lucha!
Bien sabemos que estos pasos, que fueron muchos y arduos, son un inicio, un marco, una tribuna.
Pero se precisa un accionar contundente en cada país para erradicar la Desaparición Forzada; se precisa la conciencia de un pueblo dispuesto a movilizarse para exigir verdad y justicia a los Estados que continúan siendo cómplices de este delito por acción u omisión.
En nuestro país, la impunidad sobre estos delitos fue blindada por la Ley de Caducidad, donde el mismo Estado declinaba su interés en enjuiciarlos y elegía la impunidad por sobre la Constitución y la justicia. Fueron años muy duros. Muchos de los militares denunciados por los peores crímenes fueron ascendidos, representaron al país para recibir por ejemplo en Oslo el premio para la Paz a los Cascos Azules, fueron asesores de gobierno, profesores en la escuela militar, en la UTU, directivos de clubes, hasta ejercieron como médicos y psiquiatras en su impunidad. Todos siguieron en sus cargos y cobraron sus sueldos y sus ascensos, ninguno enfrentó un tribunal de honor, y en muchos casos aún en gobiernos del Frente Amplio, el mismo Estado, a través del ministerio de Defensa, ejerció su defensa y garantizó sus privilegios.
De todos los militares que actuaron durante la dictadura en los distintos organismos de represión, en todos los cuarteles de las distintas armas en todo el país, ya sea como agentes directos o como partícipes necesarios en los crímenes perpetrados contra la población, solo 30 están presos y 5 de ellos con prisión domiciliaria.
¿Cómo fue posible?
La negación y el silencio en los primeros años pos dictadura, cuando aún había testigos vivos, huellas y pistas, selló el pacto de omertá entre los implicados.
La Comisión para la Paz, de 2001, también brindó el beneficio de amparo a los criminales, los exoneró de los crímenes fuera de fronteras y ni aún así obtuvo respuestas ciertas.
Y, a lo largo de los tres períodos del Frente Amplio, hubo marchas y contramarchas. Avances en el análisis histórico, en legislación, en reparación, en el hallazgo de 4 cuerpos de compañeros y en los pocos procesamientos de criminales de Estado. Contramarcha en los plazos, en la búsqueda, en la exigencia a los militares de reconocer su actuación en el terrorismo de Estado y deslindarse de ella.
El reciente juicio del Plan Cóndor en Argentina no dejó lugar a dudas a los sistemas judiciales sobre la unión y coordinación de los aparatos represivos en los países del cono sur, sobrevolando fronteras e intercambiando información y prisioneros, ni sobre el carácter institucional de estas acciones. De la participación del Estado, in totum, para llevarlas adelante.
Lamentablemente, esa revisión de la actuación de las instituciones estatales, en especial las represivas pero también las diplomáticas, las administrativas, sigue pendiente. Y nada se ha hecho respecto a los grupos económicos que alentaron, sostuvieron y lograron ganancias gracias al Terrorismo de Estado.
En estos años comprendimos que el Estado difícilmente se investigue a sí mismo, que el miedo fue y es uno de los mayores aliados de la impunidad y un instrumento privilegiado del autoritarismo y que los logros son siempre fruto de la movilización, de la persistencia y suma de iniciativas y voluntades.
En síntesis, ningún gobierno desde el 85 a la fecha asumió esta bandera. Todos pusieron sus propios obstáculos y agitaron los miedos de antaño.
Hoy estamos en una situación por demás difícil:
Las causas judiciales se empantanan la búsqueda de restos no avanza y las amenazas, intimidaciones o robos a las personas que trabajan en el tema, han sido una constante. La investigación sobre el robo de los discos duros y la amenaza a los antropólogos del Grupo de Antropología Forense no muestra avances.
A 43 años del golpe la gran pregunta sigue siendo si estamos generando las garantías de no repetición. Si esta conducta errática, omisa en tantos aspectos, resulta un avance en cuanto a esas garantías.
Creemos que NO.
Es muy grave para nosotros el lugar que este gobierno está dando a las Fuerzas Armadas como interlocutor válido para temas tan sensibles como son la educación y la seguridad. Una participación que no les compete. Una práctica propia del período dictatorial, que implica volver a darles una legitimidad absurda e incongruente con nuestra institucionalidad republicana.
La gravedad de estos hechos parece ignorada por muchos sectores políticos que integran el FA, que ni siquiera logra mayorías para retirarse de “misiones de paz” que actúan como ejércitos de ocupación.
Tampoco tocan sus increíbles privilegios económicos. A su caja profesional deficitaria en 400 millones de dólares anuales que pagamos todos, prometieron cambiarla pero aún no se conocen proyectos, mientras no dudan en recortar ingresos a la educación y la salud
La poca y tardía justicia sobre estos crímenes del Terrorismo de Estado genera un mensaje nocivo de impotencia, impunidad presente. Si lo sumamos a la dificultad de acceso a la justicia que tiene la población más vulnerable, más pobre, más joven, y a la política de endurecimiento de las penas que se está imponiendo, borra los logros de la lucha más importante de dos años atrás: el NO a la baja. Que con entusiasmo y argumentos ganaron la voluntad popular para profundizar en el tema y buscar otros caminos que refuercen el acceso a la educación y no a la cárcel ni a la “educación en valores” a cargo del Ejército.
En cuanto al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia: Familiares tiene una postura histórica de colaborar con todas las instancias institucionales que el Estado forme para investigar y responsabilizarse del tema.
Gran parte de este trabajo por verdad, sólo se puede hacer desde el Estado: entrar a los lugares denunciados por posibles enterramientos, generar y gestionar archivos, acceder con más facilidad a expedientes judiciales, etc.
Lo hacemos manteniendo una opinión crítica. Por eso si bien consideramos un avance el acceso abierto a los archivos en su poder, y la recepción de solicitudes de la sociedad civil para articularlas, el trabajo va demasiado lento y el tiempo apremia. En 1 año y medio no estamos satisfechos con esos resultados y entendemos que cambiarlos requiere otro vigor otra ejecutividad que aún esperamos.
Creemos que la memoria viva debe alumbrar este camino. Para interpelar, criticar y proponer nuevas acciones. Confiamos en las jóvenes generaciones que año a año se suman a esa gran manifestación contra la impunidad que son las marchas del 20 de mayo. En su nueva mirada sobre lo sucedido, Esa memoria que nos pertenece como pueblo, como sociedad, es el verdadero sostén de nuestras banderas y hace posible trabajar juntos para integrar esta experiencia y alimentar la esperanza de un país mejor.
Verdad Memoria y Justicia.
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
30 de Agosto de 2016
