Oratoria 10 de diciembre 2020
Queridas y queridos compañeras y compañeros, agradecemos que nos acompañen en la conmemoración de un nuevo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Hoy recordamos a los detenidos desaparecidos y las víctimas del Terrorismo de Estado, así como todos los Derechos Humanos.
Este año tan particular, azotado por la pandemia, que ha afectado a la sociedad toda en cuanto a la garantía y goce de los derechos básicos ante la desprotección de los más vulnerables por parte del Estado, nos impone estar muy atentos. Desde Familiares manifestamos nuestra preocupación frente al aumento de la pobreza y la desigualdad y las repercusiones que esto tiene en el derecho a la alimentación, a la vivienda digna, a la salud, derechos humanos fundamentales.
Mientras tanto, el Gobierno responde con la LUC, una ley extremadamente represiva y punitiva que arrasa con derechos conquistados en largas luchas. Y con una Ley de Presupuesto en la que se despoja de los recursos necesarios para atender los derechos y necesidades de la población. Ante esto, Familiares se suma a la iniciativa de la Intersocial de promover la recolección de firmas para DEROGAR los artículos más regresivos y reaccionarios de la LUC.
En lo que nos atañe directamente queremos expresarnos sobre lo que refiere a la reciente propuesta del Ejército, por parte de su Comandante en Jefe, de analizar su rol a partir del año 1958 en adelante, período que incluye la dictadura cívico-militar y el Terrorismo de Estado. Antes que nada, no damos cabida al relato de los dos demonios, las pruebas son contundentes en cuanto a la responsabilidad del Estado en la violación de los Derechos Humanos. Entendemos si, que es necesario que se cambien los planes de estudio, pero es el poder político quien debe generar los planes y los contenidos de los mismos. Está vigente desde 2019 la nueva Ley Orgánica Militar que establece este punto de la “re educación” de las Fuerzas Armadas, que deberá fundarse sobre la entrega de la información, en la aceptación y distanciamiento del rol que cumplieron durante el Terrorismo de Estado, sobre el respeto de los procedimientos y fallos judiciales en pos de la Verdad. Esta Ley, que llegó tarde, pero está vigente, si bien no representa una reforma profunda, atiende temas muy relevantes como los límites de la obediencia debida, la eliminación de los Tribunales de Honor y principalmente; la eliminación de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Esto último obliga a efectuar cambios en los planes de estudio para la formación. Pero ningún plan, curso, taller o charla logrará “re educar” a los efectivos de las Fuerzas Armadas, si antes no proporcionan todos los archivos e información que poseen y que al día de hoy mantienen ocultos. La historia ya está armada, por las investigaciones académicas, los testimonios, los juicios, las investigaciones periodísticas; hay una construcción. Lo que falta, es lo que ocultan.
Cualquier violación a los Derechos Humanos nunca es justificada, no es admisible de ninguna manera en un Estado democrático, que ha ratificado todos los Pactos, Tratados y Convenciones en materia de Derechos Humanos.
Desde el año pasado nos hemos visto sacudidos como sociedad por las crudas verdades plasmadas en los Tribunales de Honor, algunas de ellas de puño y letra de los criminales. Reconocen el accionar de las Fuerzas Armadas fuera de fronteras, las torturas, asesinatos y desapariciones forzadas, el accionar en centros clandestinos de detención, el mantener a los presos sin ningún tipo de garantías y someterlos a los más diversos vejámenes.
Hemos presenciado como, lo que venimos denunciando desde hace años, se confirma con las actas de esos Tribunales, que se han mantenido ocultas hasta estos días. En esos Tribunales, los criminales hablan con total soltura y crudeza sobre los crímenes cometidos, reconociéndolos, reconociendo también que fue un plan estructurado desde los mandos, en definitiva, que lo que ocurrió no fueron excesos, sino que fue una política institucional fríamente planificada y ejecutada.
Los actuales mandos no sólo no se ven sorprendidos, sino que muchos de ellos avalan esa política, pues entienden que no afecta el honor ni de los criminales ni de las Fuerzas Armadas. En octubre de 2018, los tres capitanes de navío que integraron el Tribunal de Honor de Juan Carlos Larcebeau, condenado en 3 instancias por 29 homicidios, se prodigaron en alabanzas de “alto calibre”, considerando al imputado en su fallo “un ejemplo a seguir para las futuras generaciones”. El Capitán de Navío Marcelo Pazos, como es habitual en muchos integrantes de las Fuerzas Armadas, fue más lejos aún y cuestionó el fallo de la justicia. El presidente Tabaré Vázquez no homologó el fallo de este Tribunal.
En paralelo a todo esto, nuestra búsqueda sigue. El nuevo gobierno ha continuado con la búsqueda de los detenidos desaparecidos, cumpliendo así con el compromiso que había asumido. Se han continuado las excavaciones, pero sin información oficial y precisa. Esperamos que la Ley de Presupuesto no recorte los recursos que la Institución Nacional de Derechos Humanos requiere para llevar adelante los trabajos.
Como desde hace mucho tiempo venimos diciendo y hemos comprobado, la información está dentro de las Fuerzas Armadas. Es el mando superior, Presidente de la República y Ministro de Defensa, quienes deben dar la orden, exigiendo con plazos perentorios, toda la información sobre el paradero de nuestros familiares y aplicar sanciones en caso de mentiras u omisiones.
Para terminar, queremos manifestar que también nos preocupa la manipulación a través de las redes, la publicación de noticias falsas y manejos de bases de datos, que infectan las nuevas formas de comunicación. Y se vuelven campo fértil para el resurgimiento de las viejas ideas ultraderechistas, que no son del pasado, y que hoy vemos expresarse sin vergüenza, envalentonadas por la impunidad, volviendo a instalarse como una amenaza para la sociedad.
Desde nuestra trayectoria llamamos a todas y todos a redoblar esfuerzos en la lucha por la plena vigencia de todos los Derechos Humanos. Han sido muchas las conquistas y los avances en los últimos años, no debemos perder ningún derecho logrado porque atrás de cada uno hubo mucha lucha. Y no olvidemos nunca que la desaparición forzada, no es algo del pasado, es una práctica que continua vigente, que sigue ocurriendo lamentablemente hoy en día.
Verdad, Memoria, Justicia y Nunca Más Terrorismo de Estado.
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
Montevideo, 10 de diciembre de 2020
