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❗Otro paso en la justicia: Enrique Buzo y Néstor Silvera procesados con prisión.

La jueza Isaura Tórtora procesó a Buzó y Silvera por privación de libertad, abuso y torturas contra Antonio Viana, detenido ilegalmente en 1974 en Buenos Aires junto a su compañera y su hijo. Tórtora rechazó un recurso de las defensas sobre su jurisdicción, calificándolo de “maniobra dilatoria”. Viana fue llevado al Batallón 12 en Rocha, torturado sistemáticamente, procesado por la justicia militar en octubre de 1974 y recluido en el Penal de Libertad hasta 1980.

📸Javier Calvelo – adhocFOTO

Montevideo, 12 de noviembre  de 2024.

Ante los hechos de público conocimiento sobre la censura aplicada por el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) sobre el primer capítulo del podcast “El golpe a la Educación” realizada por el Sitio de Memoria ex SID, la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos de Detenidos  Desaparecidos expresa su preocupación.

Dicha serie tiene tres episodios titulados “68”, “Limpiar las aulas” y “Yo oriental”, realizados a partir del testimonio de maestras, profesoras y estudiantes de todo el país, y con la contextualización y análisis de historiadores especializados en la historia reciente. El propósito es abordar el proyecto político autoritario y dictatorial para la educación pública de nuestro país.

El Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, en una decisión arbitral, decidió el pasado 17 de setiembre, censurar la publicación del mismo (con el único voto en contra del director Wilder Tyler), a pesar de haber sido aprobada su realización previamente. 

Los argumentos abordaron la falta de miradas contrastantes en torno al tema, apuntalando la ausencia de otras voces, especialmente de la “derecha democrática”. Este convalida la teoría de los dos demonios, justificando el autoritarismo estatal como respuesta al accionar de la guerrilla, un relato que mucho hemos luchado por desarmar. Se alinea a los revisionismos históricos que nuevamente se están intentando imponer desde distintas arenas, inclusive la educativa, convalidando la experiencia golpista y desconociendo la acumulada producción académica sobre la materia.

Recordamos que los Sitios de memoria cumplen la función de “recordatorio y reconocimiento de aquellos lugares donde las personas víctimas de terrorismo o accionar ilegítimo del Estado sufrieron violaciones a sus derechos humanos (…) y que son utilizados como espacios abiertos al público para la recuperación, construcción y transmisión de memorias”; siendo esto independiente del organismo que al día de la fecha cumpla funciones en su sitio. 

La creación del mencionado podcast se enmarca en los cometidos establecidos por la ley, particularmente del Artículo 7, que establece que “los Sitios de Memoria Histórica propiciarán la investigación (…) para contribuir a la educación y difusión, permitiendo resignificar, recuperar, reunir, organizar y poner a disposición de los ciudadanos, información significativa para el estudio del período previo a la última dictadura cívico-militar”. Por ello el posicionamiento establecido por el Consejo Directivo desconoce el corpus jurídico que lo instituyó en la Ley N° 19641.

Lo sucedido con el podcast debe activar una alarma pública, no podemos dejar pasar este caso ya que sienta un precedente en la violación a los principios constitutivos, estableciendo mecanismos de control discursivo de agentes estatales a las comunidades, erosionando la autonomía consagrada de los sitios y la independencia necesaria en la construcción de memoria que un Estado de derecho ha de garantizar.

Estas posiciones discrecionales sobre diversos asuntos dentro de la INDDHH dan cuenta de una praxis que se ha vuelto cotidiana, donde se inmiscuye el poder político sobre el saber técnico y su funcionariado, impidiendo la circulación de contenidos cuando estos expresan ideas contrarias a la postura de su Consejo Directivo, debilitando la mayor tarea que tiene esta Institución, que es la de la Defensa de los Derechos Humanos.

Por ello, extendemos nuestra máxima solidaridad a la Asociación de Funcionarios de la Institución Nacional de Derechos Humanos y exhortamos al Consejo Directivo a que revise la decisión adoptada.

Por Verdad, Memoria, Justicia y Nunca Más Terrorismo de Estado

 

Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos

Montevideo, 07 de noviembre de 2024.

 

Como es de público conocimiento, el pasado 17 de octubre, nos reunimos con la fórmula del Partido Nacional, Delgado-Ripoll, y la vicepresidenta de la República Beatriz Argimón, en el marco de una serie de reuniones con los candidatos presidenciables en el que expusimos nuestros reclamos para un futuro gobierno. En dicha instancia, el candidato a la presidencia nos comunicó que el actual gobierno había ordenado a las Fuerzas Armadas que brindaran información sobre nuestros familiares detenidos desaparecidos (algo reafirmado por la vicepresidenta). Esta orden, cabe destacar, no fue informada en su momento.

Debido al desconocimiento sobre si la misma se había efectivamente producido, y sin saber cuál fue la respuesta recibida por parte de las FF.AA., en el día de ayer nos reunimos con el Ministro de Defensa, Armando Castaingdebat.

Durante la instancia, el Ministro informó que esta órden se había dado y que por parte de las FF.AA se había respondido que no existía ningún dato en referencia a nuestros familiares. En ningún momento de la reunión se nos mostró el pedido realizado por escrito y mucho menos su respuesta.

Nuevamente, ante vacilaciones desde el poder gubernamental, debemos valernos de las herramientas que marca la institucionalidad para poder saber si efectivamente este proceso existió. Es por ello que, en el día de la fecha, realizamos una solicitud de acceso a la información pública para poder conocer la naturaleza de los documentos y poder sacar fehacientemente las conclusiones sobre los sucesos. 

En caso de que este acto administrativo sea verídico, una vez más nos vemos atrapados en la esfera de titanio que representa las FF.AA., en la complicidad y el ocultamiento reflejo de una impunidad aún vigente donde el silencio permea en sus mandos. Si la respuesta es la informada, representa una desobediencia al Comandante en Jefe y se deberían tomar las acciones correctivas necesarias conforme al debido proceso. 

Nos preocupa el silencio con el cual se realizó este pedido (de haber existido) y que las principales partes interesadas no hayamos sido notificadas del mismo; sólo accedimos a esta información luego de una solicitud expresa por nuestra parte de realizar una reunión en el marco de una campaña electoral, lo que genera dudas sobre este proceso.

Hemos caminado mucho tiempo y seguimos realizando las mismas preguntas. No queremos seguir viviendo en un Uruguay donde se convalide el Terrorismo de Estado. Estamos cansados y seguimos exigiendo que de una vez por todas las FF.AA. nos entreguen toda la información que sabemos tienen.

Hoy, al igual que ayer seguiremos luchando por Verdad, Memoria, Justicia y Nunca Más Terrorismo de Estado.

Manuel, oriundo de Treinta y Tres, era maestro y profesor de matemática en el liceo departamental de su ciudad. Desde muy joven se trasladaba en bicicleta a dar clases a la escuela Granja Nº 28 de Villa Sara. Estaba casado y tenía dos hijos.

Militó sindicalmente en la lista Nº 1, para integrar la Comisión Ejecutiva de la Federación Uruguaya de Magisterio, y ocupó lugares de relevancia dentro del Partido Socialista. Fue cofundador del Sindicato Único Del Arroz (SUDA), y fundó la Unión de trabajadores Arroceros del Este UTAE, primera experiencia que sumaría luego a los obreros azucareros al norte del país la UTAA, Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas. Su amplio compromiso político lo convirtió en objetivo durante los años de represión.

Fue secuestrado en su casa por las Fuerzas Conjuntas el 29 de julio de 1972,y trasladado inicialmente al Regimiento de Caballería No. 8 en Melo, donde fue sometido a torturas. Meses más tarde, la justicia militar lo procesó y fue encarcelado en el Penal de Libertad.

Su hija, Mirta Toledo Graña, en su libro Setiembre Azul, relata: “En 1972 lo llevaron al cuartel por primera vez, sin contar las veces anteriores que había sido detenido por acercarse al arrozal. Luego fue liberado, pero al poco tiempo lo volvieron a detener y lo trasladaron por distintos cuarteles en Treinta y Tres y Melo, hasta que finalmente lo llevaron al Penal de Libertad, su última morada”.

Durante una visita, la familia fue informada de que Manuel estaba incomunicado y hospitalizado en el Hospital Militar, sin permiso para verlo. Tiempo después, recibieron la noticia de su fallecimiento, presuntamente por cáncer, una enfermedad de la que nunca se les había informado.

Un soldado les avisó que debían retirar el cuerpo en el Hospital Militar de Montevideo. Mirta, en su obra, agrega que su cadáver fue entregado en condiciones que hacían difícil su identificación, con una traqueotomía y las manos atadas. Su familia nunca pudo despedirse de él antes de su muerte, y las circunstancias que rodearon su fallecimiento dejaron muchas preguntas sin respuesta.

Hoy en Treinta y Tres le recordamos en un acto donde se colocó una placa en homenaje a Manuel.