Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos

Si las paredes de la esquina montevideana de Maldonado y Paraguay hablaran, sería otro cantar. Podrían delatar a todos los que desde allí dieron órdenes, espiaron, secuestraron, torturaron, encerraron y desaparecieron. Las paredes no hablan, pero de alguna forma están siendo identificadas. La sede de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) luce desde ayer una placa que dice: “Esta no es una esquina cualquiera. En este edificio funcionó la inteligencia policial en la última dictadura cívico militar hasta 1985. Aquí se organizó el espionaje y la persecución contra la sociedad. Se secuestró y torturó, se violó y humilló. No pases indiferente. Nunca más terrorismo de Estado”. La propuesta surgió del Colectivo de ex Presos y Torturados en la DNII durante el período dictatorial, que le pidió al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) que la sede de Inteligencia formara parte del circuito de marcas que se han instalado en distintos centros represivos del país. Tiene la fecha de ayer y menciona que fue colocada dando cumplimiento a la Ley 18.596, de reconocimiento y reparación a las víctimas de la actuación ilegítima del Estado desde el 13 junio de 1968 (cuando comenzaron a aplicarse las Medidas Prontas de Seguridad) hasta el 28 de febrero de 1985, cuando culminó la dictadura cívico-militar.

La calle estaba cortada y la esquina, repleta de gente. Muchos de los presentes eran viejos militantes que habían estado paredes adentro y que ayer se animaron a recorrer el lugar. También había muchos jóvenes.

“Aquí, junto a la tortura sistemática a los presos políticos, sindicales y gremiales, mujeres y hombres, incluso adolescentes, se citó, interrogó y presionó a cantantes, poetas, actores, murguistas, directivos de clubes deportivos, integrantes de comisiones de fomento y cualquier actividad donde olfatearan oposición. No estábamos en guerra, éramos ciudadanos comunes que intentábamos ejercer nuestros derechos, consagrados en una Constitución que ellos habían avasallado”, leyó Silvia Sena, del Colectivo de ex Presos y Torturados en la DNII.

Tanto ella como Nicolás Pons, representante del MEC en la Comisión Especial de la Ley 18.596, destacaron que esa esquina “fue símbolo de la represión política, sindical, estudiantil, cultural y social del período del terrorismo de Estado”. Pons expresó que la colocación de la marca es “un reconocimiento público del Estado uruguayo ante delitos de lesa humanidad cometidos en este lugar”. Dijo que no se trataba de un acto administrativo, y resaltó la importancia de dar a conocer parte de la historia, enseñar y aprender de ella.

Pons recapituló que la DNII fue creada por el gobierno de Jorge Pacheco Areco, con el apoyo del programa de seguridad pública del gobierno estadounidense. Señaló que desde aquí “se planificaron sistemáticamente intervenciones secretas, operativos con agentes de Policía vestidos de particular que se infiltraban en la sociedad, escuchas telefónicas, seguimiento a personas, organizaciones y allanamientos”, así como “el control de la prensa, las restricciones y la censura explícita a las manifestaciones populares”, y torturas, violaciones, desapariciones y asesinatos.

Historia imborrable

“Estamos aquí por dos cosas”, dijo Sena al comenzar su discurso. Explicó que el colectivo de ex presos reclamó al titular del Ministerio del Interior (MI), Eduardo Bonomi, “el retiro de los homenajes que dentro del local se realizan al inspector general Víctor Castiglioni, primer director de la DNII desde su creación hasta 1982, responsable primerísimo y directo de los crímenes que aquí se cometieron”. Sena reseñó el minucioso y amplio accionar de Castiglioni al mando de la DNII. También lo hizo Pons, que recordó que la planificación del secuestro de la maestra Elena Quinteros fue “una de las tantas acciones criminales de la DNII”, cuando “los efectivos al mando de Castiglioni” secuestraron a Quinteros del jardín de la embajada de Venezuela y la hicieron desaparecer. De acuerdo a lo reseñado por Sena, en 1981 Castiglioni había informado al MI que en cuatro años la DNII había investigado a 300.000 personas; esa dirección era una de las encargadas de catalogar a los ciudadanos en las categorías A, B y C, según su “fe democrática”, señalaron.

“Hasta ayer, a 31 años del retorno a la democracia, este personaje nefasto, el inspector Víctor Castiglioni, ideólogo y principal responsable de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos aquí cometidas, era homenajeado con un lugar en su nombre en esta sede”, acusó Sena. La placa rezaba: “Al señor. Insp. Gral. (R) Víctor Castiglioni en homenaje a su liderazgo sustentado en firme convicción, fuerza moral y una visión profesional ejemplar”.

Bonomi fue el tercer orador y explicó que la placa de Castiglioni había sido retirada “cuando era ministra del Interior Daisy Tourné, y durante ese mismo tiempo se volvió a poner sin que la ministra lo supiera”.

Previo a que Bonomi hablara, se leyeron dos resoluciones aprobadas ayer por el MI. La primera ordenó retirar la placa de Castiglini del salón de actos de la DNII y modificar la leyenda de los tres directores de ese organismo durante la dictadura: Víctor Castiglioni, Mario Ferreira Toma y Máximo Acosta Rocha. Las leyendas los identifican como directores de la DNII durante la dictadura cívico-militar, “período en que se aplicó el terrorismo de Estado”. Bonomi argumentó que “hemos intercambiado con la Comisión [Especial], con Álvaro Rico, con otros compañeros, y llegamos a la conclusión de que la historia no hay que borrarla”, y agregó que “no hay que hacer desaparecer determinados testimonios de lo que ha pasado en la historia”.

La segunda resolución bautizó el salón de actos de la DNII con nombre del comisario general Julio Guarteche, fallecido recientemente. La lectura de las resoluciones fue larga. Desde el público alguien cuestionó qué tenía que ver todo aquello con el motivo que los convocaba. Luego Bonomi explicó que Guarteche había luchado contra la corrupción -policial, incluso- y por “la necesidad imperiosa de defender siempre la dignidad humana”. Algunos no quedaron conformes con la explicación, pero de todos modos, el clima general era de festejo. Menos conformes quedaron al ver la placa descubierta, con letra pequeña y ubicada a más de tres metros de altura. Todo el discurso de que sirviera para dar a conocer a la población lo ocurrido en ese recinto se deshacía. Luego, en diálogo con la diaria, Lucía Arzuaga, del colectivo de ex presos, explicó que la Comisión Especial había colocado allí la placa para evitar que fuera robada, pero que al ser cuestionados por ellos, respondieron que no tenían problema en bajarla.

El colectivo de ex presos constató que continuaba estando en noviembre de 2015, en una inspección ocular hecha por la Justicia para reconocer lugares de tortura, explicó a la diaria Diego Damián, integrante del colectivo. En marzo le plantearon el tema al ministro, que no bajó la placa enseguida, sino cuatro meses después. Tanto Bonomi como integrantes del colectivo dijeron que se había actuado “con celeridad”. El ministro explicó a este medio que retirar la placa en un acto público, como se hizo ayer, “tiene otras características que solamente sacarla”.

Pero el colectivo espera otras repercusiones. Damián recordó que hay cuatro denuncias policiales contra la DNII por torturas, y que algunas, como la que lo involucra, vienen desde 1985. Esperanzado, anunció que esperan que haya procesamientos pronto.