Montevideo, 30 de agosto de 2023
Estimadas y estimados compañeros de lucha,
Gracias por acompañarnos una vez más en este evento que conmemora el Día Internacional del Detenido Desaparecido; a todas las personas que se encuentran aquí en la Sala Zitarrosa y a aquellas que nos están siguiendo desde la transmisión en vivo que estamos realizando gracias al apoyo de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU).
La existencia de esta fecha conmemorativa a nivel internacional, es fruto de la lucha inquebrantable de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos; ya hace 13 años que este día nos invita a reflexionar y concientizar sobre el entendimiento de que la práctica de la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad, imprescriptible, una violación continua y permanente de los Derechos Humanos cometidas por los Estados por acción u omisión.
La desaparición forzada, lamentablemente, sigue representando una realidad que se renueva y que asume nuevas lógicas; interpela a las sociedades y exige cambios en los sistemas constitucionales para sentar garantías reales de no repetición desde los Estados.
Cada año tiene su particularidad y éste no se encuentra exento de la misma; desde mayo, signado por una inmensa Marcha del Silencio, la sensibilidad nos atraviesa. Hemos podido avanzar en la verdad sobre 3 de nuestros familiares, reencontrándonos con sus historias: Héctor Giordano, oriundo de Durazno, abogado y padre de una hija pequeña al momento de su secuestro; Jorge Pedreira Brum, nacido en Pan de Azúcar, camionero y pescador, padre de dos hijos; y, finalmente, el encuentro con una compañera, de la que aún no sabemos su nombre, pero cuya presencia nos duele cada día y nos invita a continuar. Sus historias, nos demuestran que este camino recorrido no ha sido en vano, que están en algún sitio y que, más tarde o más temprano, podremos reencontrarnos con todos ellos y ellas.
Este espacio que nos congrega nos invita nuevamente a reflexionar sobre el Nunca Más que anhelamos, volviendo a denunciar que el secuestro, muerte y posterior desaparición de nuestros familiares están indisolublemente unidos al corazón de la represión de aquella época tan oscura y la complicidad subsiguiente mantenida por los tres poderes del Estado una vez fue recuperada la democracia, habiendo construido así un manto de impunidad que aún hoy sigue constituyendo una amenaza latente.
En este presente amenazado, diversos actores buscan reescribir la historia sobre la base de la “teoría de los dos demonios”, perpetuando narrativas negacionistas y revisionismos tendenciosos, y convalidando así el accionar del Terrorismo de Estado. Buscan materializar una especie de poder paralelo sostenido por los promotores de la impunidad, sentando suelo fértil para hacer trastabillar a las instituciones democráticas.
El mantenimiento de esta impunidad, que causa profundo dolor y angustia, ha encontrado así su lugar en nuestra sociedad. Es el resultado de un sistema en el que los responsables de estos crímenes atroces han eludido cualquier tipo de responsabilidad y donde las víctimas y sus familias nos vemos, aún tantos años más tarde, atrapadas en un laberinto de injusticias y silencio.
A quienes mantienen la verdad secuestrada, a quienes saben qué ocurrió y dónde están nuestros familiares, y se esconden bajo un silencio cobarde y hostil, se les quiere premiar con el beneficio de la prisión domiciliaria, alegando falsas razones humanitarias. Quienes poco interés mostraron por lo humano cuando nuestros familiares y miles de compatriotas eran recluidos en las cárceles y cuarteles, sufriendo torturas, tratos inhumanos y degradantes, fueron sometidos a la justicia con todas sus garantías y conforme al debido proceso: no son presos políticos, sino Terroristas de Estado.
Como telón de fondo, el partido militar de la coalición de gobierno, convalida la experiencia golpista, chantajeando a sus socios y procurando todas las ventajas posibles para mantener su pacto de omertá e intereses corporativos.
Porque la cultura de la impunidad también garantiza que los privilegios se mantengan, seguimos exigiendo el cese inmediato de las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones a personas militares, policías y civiles que perciben por cargos usurpados durante el Terrorismo de Estado y más aún para aquellas personas que cometieron crímenes de lesa humanidad.
Por otra parte, la ley aprobada que repara a las víctimas de los grupos armados entre 1962 y 1976, no solo intenta homologar delitos que por su naturaleza son incomparables, sino que resalta la desigual valoración de vidas. Las personas desaparecidas, asesinadas o gravemente heridas durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco y la dictadura cívico-militar quedan en una posición inferior. La ley también discrimina a aquellos detenidos sin proceso formal, sometidos a torturas en centros clandestinos, exigiendo seis meses de cautiverio para reconocerles como víctimas del Terrorismo de Estado según la Ley 18.596. No nos oponemos a las reparaciones, pero sí a las que desde sus entrañas se encuentran mal formuladas e injustificadas, siendo contrarias al derecho internacional de los derechos humanos.
La hipocresía ya no se tolera más. Es responsabilidad de los gobernantes realizar todas las acciones necesarias para sentar las garantías de no repetición. No basta con dotar de presupuesto a equipos especializados, sino que es necesario que se tomen acciones reales, que se obligue a las Fuerzas Armadas a hablar, a todos los actores involucrados, para que nos digan qué pasó y dónde están nuestros familiares detenidos desaparecidos.
La búsqueda y la investigación es una obligación irrenunciable de los Estados por parte de todas las dependencias e instituciones asumida colectivamente con seriedad, proactividad y urgencia, desarrollando una verdadera Política Pública permanente, cooperativa, comprensiva y coherente.
Seguimos reclamando por la información que falta, porque el acceso a la información sigue siendo lento y no hay una respuesta activa del sistema político. Al Ministro García, cabe recordar que en este tema no importa quién hizo más o menos: la causa de Verdad y Justicia no puede ser fuente de la que se saque rédito político. Lo que importa es la acción y exigencia de información que permita quebrar con la cultura de impunidad para así poder avanzar en la búsqueda de nuestros familiares detenidos desaparecidos.
Los temas del pasado no resuelto, indefectiblemente, siempre vuelven. A nuestro país le sigue faltando verdad, memoria y justicia.
No podemos normalizar lo que sucedió, el quiebre de las reglas constitucionales, las actitudes ominosas, las desapariciones, la prisión masiva y prolongada, las torturas, el exilio que por años afectaron a todo el pueblo uruguayo.
A 50 años del Golpe de Estado, hemos comprendido que el Terrorismo de Estado fue implantado puesto que era funcional a intereses de múltiples actores políticos, sociales y económicos, a nivel nacional e internacional con miras al quiebre de los pactos sociales y la imposición de un modelo económico devastador, que profundizó la desigualdad y sentó nuevos niveles de lógicas individualistas. El terror fue la herramienta para garantizar el disciplinamiento.
Y contra ese disciplinamiento fue que nuestros familiares, como parte indivisible de nuestro pueblo, lucharon; ellos, como tantos otros que sufrieron el terrorismo en su piel, buscaron la construcción de una sociedad contraria a ese modelo; una sociedad que fuese más justa e igualitaria, donde el otro importaba.
Por ello, el Nunca Más sigue siendo un proyecto político y cultural para confrontar el miedo que ha permeado hondamente en las estructuras democráticas; un proyecto basado en el derecho a la libre expresión de opiniones, el derecho a no temer ser perseguido por ideas, donde el colectivo sea una prioridad y donde se reivindique mayor justicia social.
Lamentablemente este proyecto aún no se ha enraizado en todos los espacios; habitamos un país que sigue utilizando prácticas autoritarias de gobierno con leyes ómnibus y decretos unilaterales, aumentando las libertades discrecionales de las fuerzas del orden, el gatillo fácil, la violencia institucional punitiva como primera medida. Se recortan las libertades sindicales, se persigue a compañeras y compañeros en su actividad gremial, se censura a estudiantes mientras se instala una reforma educativa inconsulta, se naturaliza la instauración de un Estado descuidado que desprotege al pueblo, se instala una reforma jubilatoria que hace recaer toda su carga sobre los hombros de la persona trabajadora, se recortan las acciones de bienestar social, entre otros aspectos. Hoy, prima la injusticia social en todos los niveles.
Hoy vemos nuevas violencias que emergen desde el Estado. Un gobierno que avasalla el recorte de los derechos conquistados por la movilización popular, cerrando los espacios de diálogo y haciendo caso omiso a los reclamos.
Vivenciamos nuevas luchas contra un modelo neoliberal, capitalista extractivo, al cual nuestros familiares, luchadores sociales, una vez se opusieron. Claro está que existen resistencias que se mantienen y otras que son novedosas, pero comparten una trama común, la construcción de un mundo más justo e igualitario.
Pero a pesar de las grandes resistencias y de las barreras, este año nos pudimos acercar un poco más a la verdad y a la justicia, para poder continuar erosionando la cultura de la impunidad.
La justicia avanzó y mucho, cristalizando los reclamos y las denuncias que venimos realizando durante todos estos años. Se realizaron los dos primeros procesamientos bajo la categoría de delito de lesa humanidad, condenando a 12 años y 6 meses de penitenciaría a los militares retirados Rubens Francia y Francisco Macalusso por torturas en San José.
Los militares en situación de reforma Jorge Pajarito Silveira y Ernesto Ramas fueron condenados a 25 años de penitenciaría, y a pesar de los intentos de revocar la sentencia, por primera vez en la historia fue ratificada por el Tribunal de Apelaciones en lo penal de segundo turno, que confirmó la sentencia de primera instancia en el caso que investiga la desaparición forzada de Óscar Tassino.
La Sentencia de la Corte Interamericana para el caso de las Muchachas de Abril, Oscar Tassino y Luis Eduardo González refiere y reconoce la responsabilidad incumplida de acuerdos del Estado, en investigar y perseguir a los responsables de los delitos de lesa humanidad. Nos dice que teníamos razón, que el Estado uruguayo violó todos nuestros derechos: el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad, a las garantías judiciales y a la protección judicial, el derecho de los familiares a conocer la verdad. En el acto reparatorio, mandatado por la Corte, la ausencia del presidente fue un mensaje más que elocuente.
Destacamos el trabajo inclaudicable de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, que sigue juzgando a los criminales, ingresando nuevos pedidos de procesamiento, pericias y avances que aportan a la construcción de memoria histórica, verdad y sobre todo justicia. Además, se encuentra liderando con gran compromiso y dedicación la identificación de la compañera encontrada en el Batallón de Infantería Paracaidista Nº 14, en un enterramiento cruel, cobarde y clandestino. Cabe decir, que estas dificultades para su identificación, nos duelen hasta lo más hondo, ¿es posible que cueste tanto? ¿Cómo puede ser así, cuando aún están entre nosotros quienes la torturaron, mataron y escondieron? Exigimos la información que sabemos que aún tienen secuestrada.
Con escasos recursos, ausencia de nueva información y a pesar de los ataques constantes por parte de actores de gobierno, el Equipo de Investigación y Búsqueda de la Institución Nacional de Derechos Humanos continúa trabajando. Respaldamos y confiamos plenamente en su trabajo técnico y vocación para poder seguir construyendo memoria y verdad.
Recordemos, por último, que la batalla contra la impunidad no deja de ser un terreno de disputa cultural, donde todas las personas cotidianamente aportamos desde nuestros lugares, en cada margarita pintada en los muros, sembrada en las placitas, sostenida en un balcón o una ventana. Porque la batalla contra el olvido la damos en las canchas, en las tribunas, en versos de poesías, en canciones que surgieron de un tirón, en centros de estudiantes, asambleas, en termos llenos de pegotines que abren conversaciones, en cada pin, camiseta y pañuelo que recorren kilómetros.
Porque mantener vivos a nuestros familiares implica ser constructores de un mundo nuevo, no ser indiferentes a cualquier forma de opresión, trabajar por un mundo donde los modelos sociales sean más justos y equitativos y no reproduzcan la miseria, que no habiliten ningún tipo de autoritarismo.
No podemos cambiar el pasado, pero podemos construir una sociedad más justa y humana, generando cambios reales y duraderos. Mantengamos viva la memoria, sigamos luchando para que se haga justicia y se avance en la verdad, sentando las garantías de no repetición y Nunca Más Terrorismo de Estado.
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
