Montevideo, Marzo de 2019
A la opinión pública
Como es de público conocimiento, el Presidente de la República, cesó en su cargo de Comandante en Jefe del Ejército, al Gral. Guido Manini Ríos.
Hace mucho que venimos reclamando un coto a sus amenazas y mentiras, a sus desbordes constitucionales opinando como un operador político. Y cuando en esa omnipotencia que le permitieron, mintió deliberadamente al Ministro y a través suyo a todos nosotros, sobre el lugar de enterramiento de un desaparecido, pedimos su destitución.
A pesar de lo peligroso de la demora en tomarla, apoyamos esta decisión, no sólo por lo legítimo de la misma sino como un necesario acto de defensa del sistema democrático de nuestro país.
Es más que pertinente ante su deliberada manifestación de no respetar el orden institucional al que se debe.
Si bien Manini Ríos fue el más notorio vocero, ésta ha sido la actitud de todos los Comandantes en Jefe desde el retorno democrático: extralimitar sus funciones constitucionales, defender el golpe de Estado, avalar su conducta criminal de los 12 años de dictadura y ocultar la información de todo lo que hicieron.
Por la vía de los hechos y avalados por la tolerancia de los distintos gobiernos, se negaron a volver a los cuarteles sin más, reclamando y manteniendo su injerencia en decisiones políticas, negándose a comparecer ante los juzgados continúan, aún hoy, defendiendo el rol que cumplieron y están dispuestos a reiterarlo.
Las Fuerzas Armadas continuaron practicando el espionaje a los partidos políticos, organizaciones sociales y la ciudadanía toda, por lo menos hasta el año 2005 (como demostró la Comisión Parlamentaria sobre espionaje en democracia, enviando sus gravísimas conclusiones a la justicia a fines del 2018).
Desde siempre, se han negado a reconocer su actuación criminal durante el período del Terrorismo de Estado y cuando embretadas por la imposición de Tribunales de Honor a los criminales condenados por la Justicia, es que dejan constancia por escrito sobre lo que realmente piensan. El fallo del Tribunal de Honor a Maurente, Silvera y Gavazzo, constituyen la más cruda foto del Ejército que tenemos hoy.
Por unanimidad estos Tribunales, consideran que la actuación de estos relevantes criminales (la tortura, los asesinatos, las violaciones, el robo, la apropiación de niños, la desaparición forzada, etc.) no afecta la moral de la Institución. Este es el honor del Ejército actual.
Son estos incalificables resultados, los que Manini Ríos y sus generales defienden a ultranza y para hacerlo atacan sin tapujos al Poder Judicial en su conjunto.
Antes en la cerrada defensa de sus incuestionables privilegios, cuestionó a un Ministro y al Parlamento. Así en poco tiempo el ex comandante menoscabó a los tres Poderes del Estado democrático de nuestro país.
Este peligroso camino que erosiona día a día nuestra institucionalidad democrática viene siendo lamentablemente aceptado y el sistema político en su conjunto fue omiso en ponerle un freno a su desarrollo.
Ante esa falta de firmeza, Manini Ríos continuó actuando y su ejemplo fue seguido por otros altos mandos, como el Gral. Alfredo Erramún, que en un nuevo acto de vil chantaje pretende cambiar remotas posibilidades de información por más impunidad, como si ya no hubieran gozado de años de ella sin ofrecer jamás un ápice de verdad.
Nos hemos expresado en un sinfín de oportunidades sobre las condiciones indispensables para quien comande la Institución militar: debería sostener una firme postura que condene el pasado golpista y asumir el compromiso de proporcionar toda la información que poseen a la Justicia, para que ésta pueda actuar tanto en la búsqueda de los detenidos desaparecidos como en el juzgamiento a los responsables de estas graves violaciones.
Pero el comandante en jefe recién nombrado, integró y votó las sentencias de los Tribunales de Honor, haciéndose eco del cuestionamiento al Poder Judicial y al concepto de que las cuantiosas pruebas de tortura, violaciones etc. que se presentaron no infieren delito alguno que toque el honor de la Institución. Empezamos mal, muy mal.
Hacemos un llamado a la responsabilidad de todo el espectro político.
Ha permanecido entre nosotros un poder paralelo; nada se arregla cambiando de nombre si no vamos al fondo de la cuestión. Lo que nos queda es terminar de comprender que si no se efectúan los cambios imprescindibles dentro de las Fuerzas Armadas, continuaremos en esta eterna y endeble transición, que se ve más débil aún en el concierto autoritario que está creciendo en América Latina.
La totalidad de los partidos políticos y los representantes de los tres Poderes deberían haber cerrado filas apoyando al Ejecutivo en un momento tan crucial. Sólo la ceguera electoral o la complicidad pueden justificar las críticas y aún los apoyos otorgados al ex comandante.
Este año, en que se discute la Reforma de la Ley Orgánica Militar, el Parlamento que tiene un deber muy grande con la ciudadanía, debiera hacer cambios profundos al definir las funciones de las Fuerzas Armadas. Esencialmente acotando sus cometidos en este pequeño país, que no precisa guerras sino soluciones sociales. No precisa tropas sino obreros que levanten viviendas; bomberos que prevengan incendios forestales, educadores, médicos, técnicos, redimensionándolas a lo estrictamente necesario.
Debemos reformular las Fuerzas Armadas, hacerlo a fondo y en serio, afianzando su sentido democrático, marcando sus límites, sus objetivos y su formación, para que abandone de una vez por todas la Doctrina de la Seguridad Nacional, que permanece como la guía de su accionar, terminando así con los privilegios y todas las rémoras del período dictatorial.
Su desmesurado número de integrantes, especialmente su abultada oficialidad generada, ocupando cargos durante los años de dictadura se hace insostenible además, por su enorme costo y su innecesario despliegue a tareas que no debieran ser de su competencia. No son agentes sociales. Se deben a una verticalidad que hoy peligrosamente está cuestionando su mando superior que es el Presidente de la República.
Es a esa excesiva tolerancia y prebendas a sus oficiales que les otorga su Ley Orgánica vigente, creada por ellos en plena dictadura, lo que el sistema político debe cuestionar y reformular. Pero reformular en serio.
Es una Institución especialmente subordinada al poder civil. Y todos los partidos que se presentan a la contienda electoral deberían jerarquizar este aspecto y comprometerse a que ningún Ministro de Defensa provenga de sus filas.
Y, por sobre todas las cosas no entreguemos nuestra seguridad como un cheque en blanco a quienes ven como honorable la tortura, los asesinatos, las desapariciones, las violaciones, el robo de niños. Recordemos que en un pasado no muy lejano supimos el día en que salieron a las calles pero no cuándo regresarían a los cuarteles. Y sobre todo, lo que vivimos mientras estuvieron en ellas.
Por lo tanto una vez más, como lo hicimos en el comunicado del 30 de noviembre de 2017: Nos dirigimos al Estado todo, responsable ayer y hoy de la impunidad, a comprometerse con estos cambios. Al gobierno y a la oposición, ya que ésta lucha no tiene bandera partidaria. La necesitamos todos, es de todos. Y aún estamos a tiempo.
Todos han expresado en estos días que la búsqueda de los desaparecidos debe continuar. Ese derecho requiere de compromisos y medidas que seguimos esperando: las Fuerzas Armadas de este país los secuestraron, los torturaron en sus predios, lo hicieron con su personal y registraron en actas que todos absolutamente todos los Comandantes en Jefe custodiaron y seguirán custodiando mientras nos amenazan, hasta cuándo?
Verdad – Justicia – Memoria
Nunca más Terrorismo de Estado.
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
