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2026. Que florezca la verdad.

Al cerrar este año, queremos agradecer a cada compañera y compañero por acompañar y por seguir sembrando margaritas, incluso cuando resurgen voces que intentan negar, relativizar o reescribir nuestra historia. En esos gestos cotidianos, en esa presencia sostenida, encontramos abrigo, fuerza y sentido.

Deseamos que este nuevo año nos encuentre juntas y juntos, construyendo nuevos amaneceres, con memoria viva, esperanza compartida y haciendo florecer la verdad. Seguiremos caminando, con ternura y convicción, levantando las banderas de la verdad, la justicia y el nunca más terrorismo de Estado.

Porque la memoria florece en colectivo.

Hasta encontrarles. Siempre.

Conferencia de Prensa – 17 de Diciembre de 2025

Montevideo, 17 de diciembre de 2025.

 

Queremos iniciar agradeciendo a todos y todas quienes nos acompañan una vez más. Convocamos esta conferencia de carácter urgente alertados por lo acontecido el pasado lunes: mientras la Asamblea General conmemoraba los 40 años del retorno a la democracia y reafirmaba su compromiso con la memoria y el Nunca Más, los senadores Bordaberry y Goñi presentaron, en contraparte, proyectos de ley revisionistas que erosionan los consensos construidos en materia de derechos humanos.

Lejos de honrar la democracia que dicen conmemorar, estos proyectos la debilitan, reeditando viejos discursos, reinstalando lógicas de clausura del pasado y atentando contra los avances logrados respecto a la Justicia.

El proyecto presentado por Pedro Bordaberry atenta contra todo compromiso institucional y el reconocimiento del terrorismo de Estado en Uruguay. Desconoce el camino trazado por leyes y resoluciones anteriores al ignorar la existencia de delitos de lesa humanidad con anterioridad a 1973, negando también su carácter sistemático y la responsabilidad estatal sobre estos crímenes.

En ningún pasaje de este proyecto ni en la exposición de motivos se reconoce la responsabilidad del Estado y se elige omitir el término desaparición forzada, delito reconocido por el Comité Internacional contra la Desaparición forzada de Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.

En esto debemos ser muy claros: nuestros familiares no son personas “cuyo paradero se desconoce”; son víctimas de desaparición forzada por responsabilidad y/o aquiescencia del Estado, tal como lo reconocen las leyes vigentes. Fueron secuestrados, torturados, asesinados y desaparecidos por el terrorismo de Estado. No admitimos ni admitiremos ningún intento de negar esta verdad. Fueron desaparecidos por el Estado y es éste quien debe responsabilizarse y actuar en consecuencia.

No queremos nuevas Comisiones para la Paz que reediten versiones ya comprobadas como falsas, ni Comisiones que deslinden responsabilidades judiciales. Exigimos el fortalecimiento de los equipos existentes, el cumplimiento de la ley mediante el trabajo de todo el Estado para avanzar en Memoria, Verdad y Justicia, el respeto al trabajo de los equipos de investigación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y del Grupo de Investigación en Antropología Forense. Demandamos, una vez más, que se dé la orden a las Fuerzas Armadas para que entreguen toda la información que sabemos que poseen.

Hemos explicado hasta el hartazgo la gravedad en el intento de habilitar o ampliar la prisión domiciliaria para personas condenadas por delitos de lesa humanidad, objeto compartido por el proyecto del senador Goñi. Reiteramos: los delitos de lesa humanidad no constituyen hechos aislados, son crímenes de extrema gravedad cometidos de forma sistemática desde el aparato del Estado o con su amparo. Su carácter excepcional los ubica fuera de cualquier lógica de equiparación con delitos comunes y exige, por parte del Estado, una respuesta penal firme, efectiva y proporcional.

El derecho internacional es contundente al establecer que el Estado tiene el deber de investigar, juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, evitando toda medida que, en los hechos, reduzca el efecto de la condena o derive en formas encubiertas de impunidad. La prisión domiciliaria es entonces, contraria a las obligaciones asumidas por el Estado, entre ellas la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Recordemos que ya existe un procedimiento legal para la concesión de prisión domiciliaria por motivos de salud, el cual establece que, ante una enfermedad incompatible con la permanencia en un establecimiento penitenciario, el juez de ejecución, con base en certificados médicos del Poder Judicial, puede disponer el cumplimiento de la pena bajo dicha modalidad. A la fecha, aproximadamente la mitad de los represores condenados ya se encuentran amparados por esta medida y quienes permanecen en prisión lo hacen, además, en condiciones de privilegio, por lo que las propuestas en cuestión no responden a una necesidad jurídica, sino que configuran una amnistía deliberada, orientada —con nombre y apellido— a beneficiar a un grupo muy específico de personas que integraron el aparato represivo del terrorismo de Estado y fueron condenadas por crímenes gravísimos.

Quienes hoy se encuentran procesados y formalizados por la justicia, conocieron todas las garantías del proceso judicial; garantías que las víctimas no tuvieron. Las víctimas, sus familiares y la sociedad toda, tenemos derecho a la justicia, a una sanción acorde a la magnitud del daño sufrido y a las garantías de no repetición. La flexibilización del cumplimiento de la pena genera revictimización y lastima la confianza en el sistema judicial.

Por todo ello, reafirmamos con absoluta claridad que esta iniciativa no busca justicia: busca impunidad. No es una ley general ni abstracta. Es una ley hecha a medida, con destinatarios concretos, y constituye un retroceso inadmisible en materia de Memoria, Verdad y Justicia.

Se afirma que el objetivo es cerrar capítulos pendientes con dignidad, equilibrio y serenidad institucional. Y a esto cabe responder: quiénes más que las madres han sabido ser dignas; cuánta dignidad hay en quienes esperamos y golpeamos puertas buscando respuestas desde hace más de 50 años. Cuánta serenidad en quienes hemos enfrentado la mentira una y mil veces.

El senador Bordaberry pretende instalar una narrativa de clausura del pasado, promoviendo la idea de “reconciliación” desligada de la verdad y la justicia. En ese marco, se reinstalan lógicas encubiertas de amnistía que relativizan la centralidad de las víctimas. Establecer una reconciliación implica aceptar la existencia de dos bandos y eso está lejos de la verdad. Aquí no hubo una guerra, sino la usurpación del Estado por una dictadura que desplegó autoritarismo, crueldad, persecución y muerte para imponer el terror.

Nuestros familiares siguen secuestrados bajo las garras del terrorismo de Estado. Sus autores continúan, día tras día, encubriendo el crimen de desaparición forzada. Por ello, sostenemos que no hay democracia plena mientras este delito se siga perpetrando. Sólo la justicia y la verdad de los hechos -que se abren paso en las denuncias judiciales y en los cuerpos encontrados en predios militares- nos marcan el camino a recorrer.

Por todo lo expuesto, convocamos al pueblo uruguayo y a todas las organizaciones sociales a mantenerse en alerta, a defender activamente la Memoria y a rechazar toda iniciativa que, bajo un lenguaje conciliador, intente clausurar el pasado, moldear el presente y escribir un futuro en impunidad.

Merecemos y necesitamos una democracia sin desaparecidos, con Memoria, Verdad y Justicia.

Solo así podremos construir un Nunca Más.

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos

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Oratoria Conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos

Montevideo, 7 de diciembre de 2025

Estimados compañeros y compañeras,

Un año más nos encontramos al pie de este memorial en el marco del día internacional de los derechos humanos; lugar que nos recibe una vez más con las fotografías de nuestros familiares detenidos desaparecidos y rodeados de quienes siempre nos acompañan y caminan junto a nosotros reclamando por Memoria, Verdad y Justicia.

En esta jornada agradecemos a los colectivos que se han sumado; a la Intersocial A, a los compañeros de APU y los que integran nuestra Coordinadora de Apoyo, aportando a una jornada especial que nos invita visualizar avances y debes en esta lucha común.

En esta fecha, a 77 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cobra especial relevancia reflexionar sobre su vigencia en el presente. Lo hacemos en un escenario global marcado por el avance de narrativas de odio, nuevas carreras armamentistas, el aumento del punitivismo y la represión, y por guerras que constituyen el cotidiano de millones de personas. A ello se suman situaciones de hambre, privación, exclusión y marginación, así como democracias acosadas o funcionando en sus márgenes. En nuestra región, estos procesos se expresan también en niveles crecientes de violencia e inseguridad.

Los crímenes cometidos contra el pueblo palestino son hoy uno de los signos más crudos e interpelantes de un presente en deterioro. Más de 20.000 niñas y niños asesinados y un pueblo entero sometido a la acción de un Estado genocida, mientras el sistema internacional mira al costado y no garantiza su protección. Recordamos entonces que los derechos humanos siguen siendo un faro ético y político, un marco desde el cual medir, denunciar y actuar, y ningún Estado debiese permanecer inerte ante la violación de los mismos.

La amenaza armamentista toca también las puertas de nuestro continente; el imperialismo norteamericano vuelve a entender América Latina como su patio trasero, escondiendo nuevamente sus intereses económicos y geopolíticos, esta vez, detrás de una supuesta lucha contra el narcotráfico. La última declaración unilateral donde se cierra el espacio aéreo venezolano, es una clara violación a su soberanía y al propio derecho internacional.

Otra vez Estados Unidos repite una historia de agresiones contra los países y pueblos de América Latina y el Caribe; historia que toma especial recuerdo en el marco de los 50 años del Plan Cóndor y que nos hace testigos de la reedición de este modelo.

En América Latina, especialmente en el Cono Sur, la lucha por Memoria, Verdad y Justicia ha sido central para la reconstrucción democrática, disputando sentidos frente a los crímenes de los Estados terroristas. Sin embargo, en nuestro presente, esta tríada ha adquirido nuevos desafíos.

La Memoria, la Verdad y la Justicia siguen hoy siendo un encuadre ético y político indispensable para reimaginar los derechos humanos en tiempos de incertidumbre. Son herramientas para interpretar el presente, contener los retrocesos democráticos y proyectar horizontes de igualdad y dignidad. Su vigencia es una forma de resistencia frente a la barbarie y un camino permanente a seguir construyendo.

A pesar de esto, nuestra región vuelve a ser testigo del avance de una derecha que intenta superponer sus intereses económicos y políticos por sobre los del pueblo. Una vez más alertamos sobre la situación en Argentina, donde el gobierno de Javier Milei continúa su rumbo represivo. Así, el Comité contra la Tortura de la ONU alerta sobre la violaciones a los derechos humanos, cuestionando el uso excesivo de la fuerza en marchas y movilizaciones, los abusos policiales y el aumento de las denuncias de tortura y malos tratos a los detenidos; también la preocupación por el desmantelamiento de los equipos encargados de investigar y analizar los archivos existentes respecto del accionar de las Fuerzas Armadas durante la dictadura militar, junto al recorte presupuestal a varias instituciones que trabajan en cuestiones de Memoria, Verdad y Justicia.

A esto se suman las voces de varios actores políticos que cuestionan abiertamente la cifra de 30.000 desaparecidos, bajo la intención de manipular y falsear la historia. Reafirmamos, por ello, nuestro compromiso inclaudicable con el pueblo argentino y la verdad absoluta que grita y afirma: ¡son 30.000!

Nuestro país no es ajeno a este mundo convulsionado. El pasado año afirmamos que nos encontrábamos en un contexto crucial bajo el que se desarrollaba un modelo social, político y económico que profundizaba las desigualdades y las violencias estructurales.

Hoy, a pesar del cambio de gobierno, estas políticas continúan vigentes y son numerosos los derechos que sigue siendo vulnerados: la pobreza, las personas en situación de calle, la vivienda que falta, un sistema carcelario que colapsa, las infancias y adolescencias desprotegidas, entre muchos otros elementos hablan de un Estado que sigue siendo omiso o lento en su accionar.

Continuamos por ello trabajando y apostando por una sociedad más justa e igualitaria, como la que soñaban nuestros familiares a quienes hoy seguimos buscando. Hace más de 40 años que sostenemos las banderas de Memoria, Verdad y Justicia; por eso no podemos menos que condenar y luchar contra las violaciones del hoy, pues este presente sí puede y debe modificarse.

Iniciamos este año reiterando el reclamo histórico de que las Fuerzas Armadas entreguen toda la información que sabemos tienen sobre nuestros familiares. Es urgente para ello que el Presidente, jefe máximo de las mismas, de la orden y asegure su cumplimiento. Y aunque lo hemos reclamado en diversas ocasiones hoy, meses más tarde de asumido el gobierno, continuamos esperando que esto suceda.

Al asumir el mando presidencial, Yamandú Orsi expresaba el compromiso con la búsqueda de las y los detenidos desaparecidos. A 40 años del retorno democrático, este mensaje significaba un impulso para quienes continuamos esperando respuestas. Sin embargo, hoy la espera continúa y dicho compromiso no sólo no se ha materializado en políticas concretas, sino que tropieza en discursos y acciones imprudentes.

Necesitamos avanzar en la investigación y en el cumplimiento de una política activa y comprometida de todo el Estado por igual, algo que a la fecha sigue siendo un gran debe. Las demoras y las trabas continúan, por ejemplo, cuando no son cumplidos los plazos establecidos por ley para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información o cuando se dan evasivas ante las mismas.

Una orden que no llega; archivos que no se buscan y la información permanece oculta mientras los y las antropólogas continúan trabajando a ciegas, como lo hacen ya desde hace veinte años, en una labor llena de sacrificio, pero de profundo compromiso y amor.

Saludamos los avances de la justicia tanto a nivel internacional (como el Juicio del Plan Cóndor en Roma, en un mega-proceso judicial que logró diversas condenas ejemplares) como a nivel nacional que a partir de la labor de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad ha logrado numerosas condenas y procesamientos de civiles y militares, a pesar de las mezquinas trabas puestas por los abogados defensores que buscan dilatar procesos. Sin embargo, señalamos con preocupación los cambios producidos en la composición del Tribunal de Apelaciones de Segundo Turno, que no han dado lugar a los pedidos de condena solicitados en contra de los militares procesados, desvalorizando el relato de testigos y víctimas y desconociendo el accionar clandestino y la cadena de responsabilidades que permitió la comisión sistemática de secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos durante el terrorismo de Estado.

Una vez más nos encontramos con diversos actores que desde la arena pública atacan con saña la labor de la Fiscalía, esgrimiendo que los procesos carecen de garantías, que hay denuncias falsas y procesados sin pruebas. Nos alarma especialmente que estas narrativas sean amplificadas desde el propio Parlamento, en eventos destinados a desacreditar a la justicia, reimpulsando la impunidad y legitimando otra vez la falsa teoría de los dos demonios. Más grave e inadmisible aún, es la injerencia del Presidente sobre el Poder Judicial respecto de personas procesadas y condenadas por delitos gravísimos cometidos durante el Terrorismo de Estado.

Señalamos nuevamente la necesidad de que el Estado asuma su responsabilidad ante los crímenes cometidos, que garantice y consolide una política pública que combata en todas sus formas la consolidación de una cultura de impunidad que obstaculiza llegar a la verdad y a la justicia. A la fecha, las respuestas estatales son insuficientes.

A 40 años de la recuperación democrática, debemos afirmar que no hay democracia plena mientras el crimen de la desaparición forzada continúe perpetrándose, mientras nuestros familiares continúen secuestrados. Cualquier proyecto verdaderamente democrático debe dar respuesta a los crímenes del pasado, afirmando la Memoria, la Verdad y la Justicia para así sentar las bases para la construcción del Nunca Más.

Reclamamos por ello mensajes claros y políticas concretas. Que la única preocupación deben ser las víctimas, aquellas que sufrieron la tortura, la cárcel, la clandestinidad o el exilio; las infancias y adolescencias criadas bajo el terror; las familias destrozadas por el asesinato o la espera interminable de quienes nunca más volvieron. La preocupación, no debe caber dudas, no pueden ser los victimarios, aquellos que no dudaron en torturar y asesinar a maestros, padres, mujeres embarazadas… Aquellos que gozaron de años de impunidad y tuvieron y tienen todas las garantías de los procesos que establece la ley y el lujo de una prisión con máximos privilegios, incluso el de prisión domiciliaria para muchos.

No podemos equivocar el rumbo cuando habemos tantas familias que continuamos esperando; cuando toda una sociedad continúa esperando respuestas. Por ello, hoy nos encontramos para continuar reclamando y exigiendo, junto a todos y todas quienes nos acompañan, quienes inundan las calles cada 20 de mayo reclamando ¿dónde están? Porque nuestra causa es una que atraviesa a todo el pueblo y que camina junto a los reclamos y reivindicaciones del mismo. Por eso, hay que estar a la altura y saber cumplir.

Frente a sus fotos y el memorial que los nombra, recordamos a nuestros detenidos desaparecidos no como una imagen detenida en el tiempo, sino en sus ideas, sus historias, enseñanzas y anhelos. Como aquellos hombres y mujeres comunes que fueron; obreros, estudiantes, padres y madres, hijos e hijas, compañeros y compañeras cuyo único delito fue creer y luchar por una sociedad más justa e igualitaria.

Hace muchos años que los buscamos y esperamos. A muchos y muchas hemos tenido que despedir con el peso injusto de no haber tenido respuestas, sin saber el destino de sus familiares. Hoy volvemos la mirada hacia ese camino que Madres y Familiares empezaron a recorrer cuando la sociedad aún estaba atravesada por el miedo y el silencio. Fue un andar paciente y tenaz, guiado por la certeza de que ninguna democracia se sostiene sin asumir las heridas del pasado. Ese terreno caminado durante décadas, ampliado por miles de voces que hoy nos sostienen cuando exigimos memoria, verdad y justicia frente los crímenes de ayer y las violaciones del presente.

Por esas Madres y Familiares que trazaron el camino, por quienes hoy aún esperamos, por la que merece nuestro pueblo todo, es que hoy seguimos y seguiremos luchando por Memoria, Verdad y Justicia.

Nunca Más Terrorismo de Estado.