A la opinión pública
Ante las propuestas presentadas respecto al cumplimiento de penas a personas condenadas por delitos de lesa humanidad, expresamos que:
- Saludamos el compromiso manifestado en la reunión celebrada en el día de ayer con el Prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, y su equipo asesor, en relación con el retiro del artículo 301 BIS del proyecto de reforma del Código del Proceso Penal por parte de la bancada oficialista.
Advertimos que dicho artículo contemplaba la posibilidad de otorgar libertad anticipada a personas condenadas por diversos delitos, sin reconocer adecuadamente que la mayoría de quienes fueron procesados por hechos vinculados al terrorismo de Estado en Uruguay no lo han sido bajo la tipificación formal de crímenes de lesa humanidad, sino por figuras como homicidio especialmente agravado, tortura o privación ilegítima de la libertad. En consecuencia, su eventual aprobación habría habilitado solicitudes de libertad anticipada sin mayores restricciones, generando un escenario de riesgo en términos de justicia y garantías.
- Resulta fundamental que cualquier modificación normativa refleje con claridad el espíritu del legislador, evitando generar regímenes diferenciales de imputación que puedan vulnerar el ejercicio pleno de derechos o habilitar interpretaciones regresivas.
- Por otra parte, estamos alerta del avance de la propuesta presentada por el senador Rodrigo Goñi, orientada a flexibilizar el cumplimiento de penas —incluyendo la libertad anticipada o la prisión domiciliaria a personas mayores de 70 años por hechos ocurridos hace más de 30 años—. Esta es una iniciativa inadmisible y profundamente lesiva para los principios democráticos, introduciendo una lógica peligrosa de relativización del delito.
No se trata de una medida general ni de una respuesta estructural al sistema penitenciario. Por el contrario, configura una propuesta dirigida a beneficiar a un grupo específico de personas que integraron el aparato represivo del terrorismo de Estado y que han sido condenadas por crímenes de extrema gravedad. Tal como ha sido señalado públicamente, 132 personas vinculadas a este aparato han sido procesadas, condenadas o formalizadas, lo que evidencia la especificidad del universo al que se dirige la iniciativa.
- Reafirmamos que conforme al derecho internacional de los derechos humanos y a los tratados ratificados por el Estado uruguayo, los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles e inamnistiables, y no pueden ser equiparados a delitos comunes ni sometidos a criterios automáticos -como la edad o el tiempo transcurrido-, ya que ello implicaría desconocer su gravedad y debilitar las obligaciones del Estado en la materia.
Por todo lo expuesto, convocamos a las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, culturales, de derechos humanos, así como al conjunto del sistema político y a todo el pueblo a pronunciarse con claridad ante estos embates regresivos.
Porque no hay democracia plena con impunidad.
Porque el Nunca Más se construye todos los días.
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos