Ante el cambio de estructura de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente

Montevideo, 13 de julio de 2026.

Ante el decreto tramitado en el expediente N.º 2026-2-1-0001011, por el cual se dispone que la actual Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente pase a integrarse a la estructura orgánica y funcional de la Secretaría de Derechos Humanos, la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos manifiesta:

1. Volvemos a afirmar que lo que falta es la decisión política necesaria para avanzar efectivamente en materia de verdad y Continúa pendiente una orden clara y expresa del Presidente de la República a las Fuerzas Armadas para que entreguen toda la información que poseen y permitan conocer dónde están nuestros familiares detenidos desaparecidos.
2. Los pendientes históricos del Estado uruguayo no se resuelven mediante cambios de organigrama ni pueden eliminarse por decreto. No son las nuevas estructuras administrativas las que, por sí solas, habilitan transformaciones sustantivas, sino la voluntad política —tantas veces ausente— capaz de materializar los compromisos nacionales e internacionales asumidos por el Estado. Esa es la voluntad que continuamos reclamando.
3. Sin perjuicio de las facultades del Poder Ejecutivo para establecer la estructura orgánica y funcional que considere adecuada para su gestión, nos alarma habernos enterado a través de los medios de prensa de una modificación de esta relevancia en la institucionalidad vinculada al pasado Una decisión que afecta la forma en que el Estado aborda sus obligaciones en materia de verdad, justicia, memoria y reparación no debería adoptarse sin un proceso previo de diálogo con las víctimas, sus familiares y las organizaciones que desde hace décadas trabajan en esta materia.
4. No pretendemos pronunciarnos sobre aspectos meramente administrativos. Sin embargo, nos preocupa profundamente la señal política que transmite esta reorganización. La integración de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente dentro de una estructura de carácter general puede implicar la pérdida de su especificidad, autonomía operativa, jerarquía y capacidad para impulsar políticas públicas sostenidas frente a obligaciones estatales que permanecen Además, advertimos que se suprimen algunos cometidos y se modifica la formulación y el alcance de otros, lo que podría traducirse en una fragmentación, dilución o pérdida de competencias institucionales.
5. Por estas razones, solicitamos al Poder Ejecutivo que informe públicamente cuál será la estructura orgánica y funcional resultante; qué recursos presupuestales, técnicos y humanos serán asignados; cuál será la situación del funcionariado y de los equipos especializados; cómo se garantizará la continuidad de todas las líneas de trabajo; y qué mecanismos de participación y diálogo se establecerán con las víctimas, los familiares y las organizaciones de derechos humanos.

La institucionalidad dedicada al pasado reciente no puede debilitarse, diluirse ni quedar sujeta a formulaciones ambiguas. El Estado uruguayo debe fortalecerla y asegurar que cuente con la jerarquía, la autonomía, las capacidades y los recursos necesarios para avanzar efectivamente en verdad, justicia, memoria, reparación y garantías de no repetición.