Montevideo, 24 de Marzo de 2025.
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
El 24 de Marzo de 1976 marcó el inicio de la dictadura cívico-militar en Argentina, en un contexto regional de represión y persecución política de forma coordinada bajo el Plan Cóndor. Este período dio lugar a una brutal campaña de represión, asesinatos, torturas y desapariciones forzadas. La construcción del “enemigo interno” se convirtió en una norma bajo un Estado que utilizó el terror como herramienta de disciplinamiento y coerción social, buscando aniquilar los proyectos transformadores de personas comunes: luchadores sociales arrancados del seno de sus hogares y familias.
El Plan Cóndor extendió sus alas, y bajo esta dictadura se secuestró también a nuestros familiares que habían buscado exilio en este hermano país, intentando escapar a la dictadura uruguaya. El Terrorismo de Estado es un dolor compartido por nuestros pueblos, hermanados también en la lucha contra el mismo.
Desde el retorno a la democracia en Argentina, se han alcanzado importantes avances: el Informe Nunca Más de la CONADEP, el Juicio a las Juntas Militares, la remoción de cuadros de represores en el Colegio Militar y la ESMA, y el pedido de perdón presidencial por las atrocidades cometidas. La derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida permitió reabrir los juicios contra los responsables del terrorismo de Estado. A pesar de las demoras del Poder Judicial, este proceso reveló un plan sistemático de torturas y desapariciones, resultando en más de 1.100 condenas por crímenes de lesa humanidad y más de 300 sentencias dictadas.
Estos logros fueron posibles gracias al esfuerzo incansable de sobrevivientes, familiares, compañeros y compañeras, y de un pueblo comprometido con la verdad y la justicia. Sin embargo, aún queda mucho por hacer, tanto en Argentina como en Uruguay, y en toda la región, para consolidar el Nunca Más como un auténtico proyecto político. Persistimos en que hay una deuda histórica: encontrar a nuestros familiares desaparecidos y restituir la identidad de quienes, hoy siendo personas adultas, continúan siendo buscadas por sus familias y con la lucha admirable e inagotable de Abuelas de Plaza de Mayo.
Es por ello que también debemos señalar la alerta máxima ante el presente del país vecino: Desde la asunción del gobierno de Javier Milei, ha sido sistemático el ataque a las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia.
El gobierno de Javier Milei parece tener dos objetivos: por un lado, achicar el Estado y llegar a “déficit cero”, a costa de imponer políticas de hambre y miseria, y, por otro, dar la “batalla cultural” intentando así cambiar la narrativa. Busca legitimar y otorgar impunidad a los genocidas, dando lugar a un feroz negacionismo o incluso relativizando y reivindicando la actuación de las Fuerzas Armadas en dictadura.
En línea con estas políticas, se impulsó un programa que incluye el desfinanciamiento, el cierre de líneas de trabajo, despidos, el vaciamiento institucional e incluso la puesta en venta de sitios de memoria. Se trata de una “motosierra ideológica”, dirigida a combatir el desarrollo de la memoria en Argentina.
Estas políticas atentan no sólo contra la búsqueda de los detenidos desaparecidos, sino también contra el trabajo por la restitución de la identidad de los más de 300 niños (ahora adultos) apropiados por la dictadura. El cierre de la Unidad Especial de Investigación que operaba dentro de la CoNaDI para colaborar con las causas judiciales, es ejemplo de ello, al igual que la suspensión por parte de los ministerios de Defensa y de Seguridad del acceso de la CoNaDI a documentación de las fuerzas militares y policiales. En un sentido similar, la cartera de Defensa desarticuló el Equipo de Relevamiento y Análisis de los archivos de las Fuerzas Armadas. Y en la Secretaría de Inteligencia se discontinuó el trabajo de un equipo abocado a investigar violaciones a los derechos humanos.
Ante un presente de ruptura que amenaza décadas de compromiso con políticas de Memoria, Verdad y Justicia, extendemos nuestra máxima solidaridad hacia las organizaciones sociales que resisten ante este embate regresivo, que incluso atenta contra derechos fundamentales como la libertad de expresión, reunión y manifestación, reprimiendo salvajemente contra su propio pueblo.
Por memoria, verdad y justicia, Nunca más terrorismo de Estado.
Porque la #MemoriaenMarcha, se multiplica.
