Comunicado de Prensa
CIDH saluda identificación de restos de víctimas de desaparición forzada en Paraguay
16 de septiembre de 2016
Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera un avance fundamental el anuncio realizado en Paraguay sobre la identificación de los restos de tres personas que fueron víctimas de desaparición forzada en la década de 1970. La CIDH saluda el trabajo realizado en Argentina y Paraguay, gracias al cual se logró identificar por primera vez a víctimas del crimen de desaparición forzada en territorio paraguayo.
La identificación de los restos de Miguel Angel Soler, Rafaella Filipazzi y José Agustín Potenza constituye un paso fundamental hacia la verdad y la justicia para las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1989) en Paraguay, y en el marco del Plan Cóndor bajo el cual los gobiernos autoritarios del Cono Sur coordinaban sus operativos ilegales de secuestro, torturas, encarcelamiento ilegal y desaparición forzada de disidentes políticos.
El 30 de agosto de 2016, el director de Memoria Histórica y Reparación del Ministerio de Justicia de Paraguay, Rogelio Goiburú, anunció en rueda de prensa la identificación de Miguel Angel Soler y Rafaella Filipazzi. El 8 de septiembre, la misma dependencia reveló que se identificó adicionalmente a José Agustín Potenza. La identificación de las tres personas se realizó a partir de restos óseos exhumados de una fosa común ubicada en la sede de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, que funcionó como centro de torturas durante la dictadura stronista, y donde se realizaron excavaciones entre 2006 y 2013. Tras la exhumación, fragmentos de restos óseos que pertenecerían a más de 20 cuerpos fueron entregados a la Embajada de Argentina en Asunción, que los trasladó por valija diplomática y fueron estudiados por el Equipo Argentino de Antropología Forense. La identificación se realizó utilizando el Banco Nacional de Datos Genéticos.
“Es de la mayor relevancia y reconocemos como un paso fundamental la identificación de los restos de Miguel Angel Soler, Rafaella Filipazzi y José Agustín Potenza para el establecimiento de la verdad histórica de los graves crímenes ocurridos en la dictadura paraguaya y en el marco del Plan Cóndor, bajo el cual se realizaron secuestros, asesinatos, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en forma coordinada entre las dictaduras de varios países”, dijo el Presidente de la CIDH, James Cavallaro.
Rafaela Filipazzi nació en Italia, se radicó en Argentina, y se casó con José Agustín Potenza, un músico y militante peronista. Ambos huyeron a Uruguay tras el golpe de Estado de 1976. Fueron secuestrados en junio de 1977 en un hotel de Montevideo por un grupo de agentes paraguayos, en coordinación con las fuerzas de seguridad uruguayas en el marco del Plan Cóndor, de acuerdo a una investigación del Gobierno uruguayo, y luego fueron trasladados a Asunción. Personas que estuvieron detenidas junto a Rafaela Filipazzi prestaron testimonio a la Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay y también ante el juzgado argentino que lleva esta causa, indicando que la vieron detenida en el Centro de Investigaciones de la Policía Nacional junto a José Agustín Potenza, y luego en la cárcel “El Buen Pastor”, con señales de haber sido torturada. La denuncia por su desaparición fue radicada en 1984 en la provincia argentina de Corrientes. “Hace 40 años que buscamos a nuestros familiares”, dijo la hija de Rafaela Filipazzi a la prensa. “Hablo de un poco de paz porque esto para mí no termina hasta por lo menos saber qué pasó, por qué la secuestraron, por qué la maltrataron y la asesinaron, dejándome huérfana con sólo 12 años”, agregó. Los esqueletos de Rafaela Filipazzi y José Potenza fueron exhumados de la misma fosa común, el 19 de marzo de 2013, de acuerdo a información oficial.
Miguel Angel Soler fue miembro del Partido Revolucionario Febrerista y más tarde secretario general del Partido Comunista Paraguayo. Había sido detenido y torturado en 1954, año del golpe de Estado, tras lo cual se exilió en Argentina. Fue secuestrado durante una visita a Asunción, en noviembre de 1975. La CIDH recibió una petición en febrero de 1976 que indicaba que Miguel Angel Soler había estado incomunicado en una celda subterránea, que había sido brutalmente torturado y que desde diciembre se desconocía su paradero. La Comisión decidió que el caso configuraba una gravísima violación al derecho a la libertad, seguridad e integridad de Miguel Angel Soler y pidió su inmediata liberación. El Estado paraguayo negó en aquel momento tener conocimiento de su paradero. La viuda de Miguel Angel Soler presentó a la CIDH otra denuncia en 1995 por la falta de investigación judicial de los hechos y la falta de justicia, caso que fue objeto de un procedimiento de solución amistosa en la Comisión. Posteriormente, fueron procesados y condenados a 16 años de prisión el ex jefe del Departamento de Investigaciones, Pastor Coronel, y otros tres ex jerarcas de la Policía paraguaya, por la captura ilegal, las torturas y la desaparición de Miguel Angel Soler. La viuda de Miguel Angel Soler murió sin conocer el paradero de su esposo. Su hijo, Jorge Soler, quien trabaja en el Espacio de Memoria de Argentina que funciona en el ex centro de torturas ESMA, dijo a la prensa que la identificación de los restos de su padre le ayuda a cerrar una etapa y que ahora desea participar en las excavaciones de fosas comunes en Paraguay para recuperar los restos de otras personas desaparecidas.
Las excavaciones en Paraguay están actualmente paralizadas por falta de financiamiento adecuado, según informó el titular de la Dirección de Memoria Histórica y Reparación, Rogelio Goiburú, cuyo padre fue también víctima de desaparición forzada durante la dictadura paraguaya. “Tenemos al menos doce puntos más donde sabemos que hay tumbas de desaparecidos, en Itapúa, Caazapá, Caaguazú, San Pedro, Paraguarí. Pero no podemos excavar porque no tenemos los recursos”, indicó.
“La viuda de Miguel Angel Soler murió sin haber podido enterrar los restos de su esposo, y la madre de Rafaella Filipazzi murió sin haber podido enterrar los restos de su hija. Fueron cuarenta años de búsqueda”, dijo por su parte el Relator de la CIDH para Paraguay, Paulo Vannuchi. “Muchos otros familiares siguen buscando. La Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay identificó 348 casos de desapariciones forzadas, y otras fuentes indican que serían más de 500. Llamamos a los Estados de la región a destinar los recursos financieros y humanos apropiados para avanzar en el trabajo de identificación de los restos de personas desaparecidas forzadamente, y a continuar progresando hacia la verdad, la justicia y la reparación”, agregó el Comisionado Vannuchi.
La CIDH urge asimismo a todos los países de la región que todavía no lo hayan hecho a ratificar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994 y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas aprobada por las Naciones Unidas en 2006.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.
No. 133/16
