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Homenaje a la trayectoria y contribución de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos

Jueves 14 de septiembre, 17:00 en la Sala Luis «Perico» Pérez Aguirre de la INDDHH.
Bv. Artigas 1532 esquina Palmar.

La Asociación de Funcionarios y Funcionarias de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (AFINDDHH) invita al acto homenaje al colectivo de Familiares en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

Cierre musical a cargo de Mocchi.

Comisión Directiva
AFINDDHH
afindddhh@gmail.com
Bv. Artigas 1532

Oratoria de Magdalena Broquetas en el acto organizado por Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos el 30 de agosto de 2023, en conmemoración del Día Internacional del Detenido Desaparecido.

 

“En primer lugar quiero agradecer a Madres y Familiares por la invitación a compartir una fecha que le da una dimensión internacional al fenómeno de la desaparición forzada, desaparición por parte de los Estados, que configura un delito particular: permanente, que no cesa y se reitera cada día. Una fecha que nos convoca para insistir sobre el “Nunca Más”: “Nunca más dictadura”, “Nunca más terrorismo de Estado”. También nos convoca a intentar comprender.

Este año nos encontramos en una conmemoración especial porque estamos a medio siglo del inicio de la dictadura, de la anulación definitiva del Estado de Derecho y la profundización la represión que, además de las desapariciones forzadas, comprendió la cárcel y la tortura, el exilio, los asesinatos y la vigilancia extrema de la sociedad. Estamos a medio siglo del inicio del terrorismo de Estado que produjo las desapariciones (aunque recordemos que es antes del golpe, en julio y agosto de 1971 cuando se producen la primeras desapariciones por obra de los escuadrones de la muerte, la de Abel Ayala y Héctor Castagnetto, que inauguraron esa lista de casi doscientos uruguayos secuestrados en territorio nacional y también –gracias a la coordinación represiva que unía a los gobiernos de la región– en Argentina, Chile, Paraguay, entre otros sitios, vistos por última vez en unidades militares y centros clandestinos de detención). Mi propósito en esta oportunidad es compartir algunas reflexiones que nos permitan conectar con ese pasado y sus complejidades.

Cincuenta años, medio siglo … es mucho, muchísimo (pensemos que para la gran mayoría de los jóvenes y los no tan jóvenes, los 60, la dictadura, son relatos del pasado, escenarios con coordenadas muy distintas, que poco tienen que ver con su cotidianeidad, sus imaginarios y sus horizontes actuales) … Para otros es la historia vivida …

A la vez, como hemos dicho en tantas oportunidades en este año de conmemoración, en términos sociales, más allá de las vivencias y subjetividades personales o de los distintos grupos sociales, la de la dictadura y el autoritarismo no es cualquier memoria; es una memoria muy cercana: nuestro presente está cargado de ese pasado. Hablamos de cinco décadas, cuatro de la recuperación democrática y son tantos los temas abiertos, los asuntos pendientes, los legados no siempre visibilizados.

Si queremos historizar conviene siempre preguntarnos por el presente: ¿desde dónde partimos? Y no soy original si digo que estamos en una coyuntura compleja. Un momento de logros (todavía celebramos el reconocimiento del Estado en su responsabilidad por las desapariciones de Oscar Tassino y Luis Eduardo González y en las ejecuciones de Laura Raggio, Diana Maidanik y Silvia Reyes y no nos hemos quitado del cuerpo la consternación y la emoción profunda de los nuevos hallazgos gracias al trabajo sostenido y tenaz de los arqueólogos)… y un momento de retrocesos. Acaba de aprobarse una Ley de indemnización a víctimas de grupos políticos armados con una cronología inexplicable; se han cuestionado leyes reparatorias de los ex presos, se ha puesto en agenda pública la idea de la “prisión política” para crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles, cuyos responsables fueron juzgados conforme a derecho. Y hemos escuchado a varios actores políticos y sociales decir que libran una batalla cultural, que es en definitiva una batalla por el relato, por el sentido del pasado.

Creo que este año perdimos una gran oportunidad de marcar en rojo el calendario el día 27 de junio. Que fuese un feriado, una fecha de reflexión nacional. Perdimos la oportunidad de intentar revisitar el golpe y la dictadura en una clave de “acontecimiento importante” (de efeméride) que, más allá de las interpretaciones sectoriales, debe ser recordado y estudiado en los programas escolares y en clave ciudadana. Hubo eventos, hubo iniciativas de diversa índole, pero nos perdimos la posibilidad de alcanzar algunos consensos básicos sobre los hechos y las responsabilidades, consensos que se desprenden de cuatro décadas de movilización social, investigación judicial e investigación histórica.

Hemos oído hablar de “guerra”, de “enfrentamiento”, de “bandos”; se habla también de fascismo (aquel fascismo y la ola actual). Creo que los conceptos son importantes porque forman ideas y convicciones, así que hay que poner atención a las palabras y hay que poner atención a la cronología. Urge, quizás más que nunca, combatir las explicaciones reduccionistas, interesadas, falsas. Explicaciones que vienen de todas las filas políticas y no resisten el análisis empírico.

Si queremos entender el golpe, tenemos que entender los largos años sesenta, el clima de época (de una época de ruptura, en la que muchos jóvenes se sintieron radicalmente diferentes a sus padres, en hábitos, en gustos, en prácticas culturales y políticas y el endiosamiento de la idea de la “militancia” en sus múltiples formas y vertientes); entender el lugar de la violencia política (la padecida, la defendida … y esto atravesó al Estado, a las derechas, a las izquierdas) … y tenemos que entender la dimensión de la reacción. Una reacción que se dio en un contexto de crisis económica temprana, de desmantelamiento de un modelo industrial, intervencionista, favorecido por una coyuntura mundial que se había desvanecido y de avance liberal que, como suele ocurrir, vino de la mano del ascenso del autoritarismo.

Para entender el proceso que llevó hacia el golpe es fundamental ubicarnos en una época de grandes utopías, de proyectos políticos drásticos y de reajuste del sistema capitalista. Más que hablar de “guerra” (que lo más cercano que hubo fue una declaración de “estado de guerra interna”, votado por la mayoría de los legisladores el 15 de abril de 1972, por la cual se terminó de dar carta libre a la acción de las Fuerzas Armadas en la represión) hay que hablar de la generalización de la tortura desde 1968, hay que hablar del terrorismo de derecha durante toda la década de 1960 y hay que hablar de violencia paraestatal desde mucho antes del golpe. Desde luego que no hay que dejar de hablar de las guerrillas y la opción por las armas (vuelvo sobre la violencia, sus justificaciones, su adopción por parte de militantes de procedencias muy diversas, partidarios, gremiales, hasta de agrupaciones cristianas), ni omitir las numerosísimas acciones de los grupos armados que actuaron entre 1968 y 1972, incluyendo en sus repertorios acciones violentas. ¿Cómo soslayar experiencias que no tenían paragón en la historia uruguaya? ¿Cómo aislar a Uruguay de un fenómeno de alcance latinoamericano y global? …. Pero ¡cuánto se ha hablado, escrito, transmitido sobre esa parte de la historia política y social de los largos sesenta! Vaya si ha habido crítica y autocrítica. Memorias y balances. Y cuánto menos hemos, no digo investigado, pero sí puesto en común sobre otros movimientos y organizaciones de las izquierdas políticas y sociales de enorme protagonismo y sobre las cuales recayó una represión desmedida e injustificable (¡por supuesto que con esto no estoy queriendo decir que la que padecieron los militantes de la izquierda armada fue acorde a derecho y justificada, nada más alejado de la verdad!). Cuánto menos hemos identificado la reacción en planos como la educación: intervenida desde inicios de 1970 por persecución ideológica a los gremios docentes, asediada por las organizaciones de “padres demócratas”, por brigadas de asalto que entraban sistemáticamente a los liceos con armas, palos y cadenas, generando el terror de alumnos, docentes y padres, tantas veces estaban presentes para “defender los locales” y defender a sus hijos e hijas de estas agresiones, siendo en numerosas ocasiones ellos mismos víctimas de atentados (pienso en Manuel Liberoff, en su actuación en la Coordinadora de Padres de Enseñanza Secundaria, en Daniel Buquet, presidente de la Gremial de Profesores y tantos otros). Y pienso en la Universidad de la República, asfixiada presupuestalmente, asaltada en más de una oportunidad, en la mira de las derechas desde la aprobación de la ley orgánica de 1958.

Cuanto menos hemos identificado la reacción contra los sindicatos (una reacción que es muy temprana y por eso resulta clave revisitar con más detenimiento la primera mitad de los años sesenta, cuando se consolida la criminalización de la protesta sindical y se empiezan a usar de manera sistemática y por tiempos prolongados las medidas prontas de seguridad como herramienta de contención de esa protesta).

Cuanto menos hemos conversado sobre la reacción a los cambios culturales, que por supuesto eran también cambios políticos. La obsesión anticomunista: esta idea del comunismo (y bajo esa denominación quedaban englobadas todas las izquierdas) como corruptor de la moral y destructor de la familia. ¡El terror que despertó en la derecha el activismo estudiantil y la nueva cultura juvenil, que ponía en cuestión las jerarquías generacionales, de género y de clase! Temor ante el corrimiento de barreras morales sobre todo por parte de los jóvenes y de las mujeres, y subrayo mujeres porque había allí una doble desobediencia. Eran recurrentes las lecturas esencialistas de los roles de género y las voces que se levantaban para demostrar que la “mujer revolucionaria” representaba una peligrosa desviación de un supuesto orden natural. Pérdida de atributos femeninos, negación del instinto maternal y proclividad hacia la masculinización era tópicos constantemente instrumentalizados desde los grandes medios de comunicación. Desde esta mirada, la “revolución marxista” que indefectiblemente llegaba a Uruguay procuraba también revertir los cánones establecidos de masculinidad. Prueba de ello eran las barbas y las largas cabelleras que, como sostenía la prensa de derecha de la época, traducían “una personalidad que psicológicamente no tenía nada de viril”. De veras que la cuestión de la percepción de que eran las jerarquías mismas del orden social las que se subvetían debe merecer mucha más atención para que comprendamos la hondura del proyecto … y la justificación de la represión.

Cuando hablamos del golpe nos tenemos que preguntar por sus impulsores (no es un acto abstracto), por sus causas y por la dimensión proyectual de lo que venía una vez que se lograra “poner la casa en orden”. El golpe de 1973 fue en etapas (con varios hitos o mojones que van pautando la autonomización de las Fuerzas Armadas y el cercenamiento del Estado de derecho), precedido por un largo período autoritario de aumento de la represión por parte de las fuerzas de seguridad (Policía y Fuerzas Armadas) y empleo sistemático de instrumentos legales que recortaban derechos y libertades, previstos originalmente para situaciones de excepción.

Tuvo promotores activos y otros que lo consintieron de manera más o menos pasiva. Desde febrero del 1973 –seis meses después de que se había reconocido oficialmente el desmantelamiento de las organizaciones guerrilleras– existía un cogobierno civil-militar que prolongó el período autoritario. Hacia junio de 1973 las Fuerzas Armadas habían incorporado en todos sus términos la doctrina de la seguridad nacional y tenían un proyecto que trascendía lo represivo; un proyecto social y económico, que identificaban en clave de “desarrollo”. En la coyuntura de junio de 1973 hicieron pública su molestia porque los partidos no colaboraban (se referían al rechazo a los desafueros de legisladores que exigía la Justicia Militar y a las trabas para avanzar en la “lucha anticorrupción”). Fue en ese contexto que prevaleció en Fuerzas Armadas la solución golpista, acompañada por Juan María Bordaberry, quien no dimitió y devino en presidente de facto.

Hay otros actores políticos y sociales que apoyaron el golpe de Estado o vieron allí una salida coyuntural a la crisis y funcional a sus intereses: sectores político partidarios (en su mayoría procedentes del pachequismo y del herrerismo). Tengamos presente que la idea de instaurar un Consejo de Estado, con permanencia del presidente, no era nueva (se había recurrido a ella en otras varias oportunidades en la historia del Uruguay) y se pensaba que garantizaría la realización de elecciones en 1976, que era algo que preocupaba. Otros vieron en la ruptura institucional una posibilidad de superar –¡por fin!– la crisis económica y echar a andar un proyecto neoliberal sin la oposición sindical. Fue el caso de los líderes de la lista 15 y parte de sus elencos económicos (aunque varias de sus principales figuras presentaron renuncia y no acompañaron la solución golpista), imbuidos en una mirada mucho más tecnocrática pero que no necesariamente renegaba de la política ni los partidos.

También hay que tener en cuenta otros actores a veces menos estridentes o reconocidos en el relato, entre los que figuraban sectores de extrema derecha, que manifestaba su desprecio por la democracia liberal y el sistema de partidos, preocupados en parEcular por sanear la educación y por impulsar otro tipo de sindicalismo (no clasista, despolitizado).

Son actores minoritarios pero que coinciden ideológicamente con Bordaberry (en su catolicismo integrista, en la mirada hacia la sociedad –hiper jerarquizada, conservadora– y en la necesidad de una “regeneración” en términos de valores en clave nacionalista). También tenemos que considerar los intereses del frente empresarial, donde había una preocupación por la política económica y las libertades sindicales. Y por último, pero no menos importante, deben incorporarse los intereses de actores transnacionales muy relevantes en el contexto de la Guerra Fría, entre los que sobresale la diplomacia estadounidenses que en febrero de 1973 celebró la creación del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) que finalmente tomaría “las decisiones impopulares que era necesario tomar” y, en junio, atisbó un tipo de golpismo favorable (similar al de Brasil), imprescindible si se quería evitar un triunfo electoral del Frente Amplio en las elecciones del 76.

La alianza civil-militar que promovió el golpe hablaba de un Nuevo Uruguay: se esforzó por regenerar la sociedad, por modernizar el Estado y por forjar nuevos consensos sociales. Para eso era fundamental desmantelar todo tipo de actividad opositora (¡y la dictadura uruguaya fue modélica en ese sentido, puesto que incluso en su fase transicional no mermó la propensión represiva!). Puesto en estos términos, la represión fue necesaria –fue clave– para llevar adelante el proyecto de reorganización del Estado, el proyecto económico liberal (de “apertura” sin la presión sindical), el proyecto de regeneración social (con otro tipo de juventudes, roles de género estancos, trabajadores despolitizados).

En suma, en esta apretadísima síntesis, ¿hubo guerra?, ¿hubo bandos?, ¿hubo excesos?, ¿hubo actores que no cuidaron la democracia? Creo que a cincuenta años del golpe de Estado hay cosas que merecemos no escuchar más. En varias oportunidades hemos dicho que no existen las versiones, que la historia es una: puede merecer juicios opuestos, memorias encontradas, interpretaciones distintas, pero para eso es necesario partir de un relato que se sostenga y trascender sus manipulaciones y usos políticos. Quiero pensar que vamos en buen camino.”

Presentación de Ximena Salvo – Antropóloga, integrante del GIAF

Primero queremos agradecer a Madres y Familiares por la invitación a participar de esta mesa, para el equipo es muy importante estar presente hoy.

El GIAF (Grupo de Investigación en Antropología Forense) trabaja desde el año 2005 en la búsqueda de Detenidos Desaparecidos a instancias de un convenio que inicialmente era entre Presidencia de la República y la Universidad de la República. A lo largo de estos años su pertenencia institucional y la responsabilidad de la búsqueda ha variado. Desde el año 2019 el trabajo de equipo se enmarca la ley N° 19.822 que le otorga a la Institución de Derechos Humanos, el cometido de la búsqueda.

Desde el inicio de los trabajos, la investigación se caracterizó por la falta de información precisa que señalara la ubicación de los restos. Esto ha sido el condicionante fundamental de nuestro trabajo. La información que ha llegado a nosotros es vaga, imprecisa, e indirecta, basada en rumores o en presunciones, de personas que no participaron directamente en los enterramientos. A lo largo de los años la información es cada vez menor.

Esto se suma a las características de los sitios de interés, terrenos muy extensos, como por ejemplo el Batallón de Infantería Paracaidista N°14 que tiene 406 has, de las cuales 34 has. están cauteladas al día de hoy. Si bien, en este sitio tenemos dos máquinas trabajando en simultáneo todo el año, la labor es lenta y de largo aliento.

Asimismo, algunos de estos sitios, como el Ex Batallón N°13 y el Batallón N° 14, han sido excavados en varios periodos, con diferentes tipos de abordaje y metodologías. Volver a estos lugares ha significado un desafío para el equipo, que ha requerido una revisión crítica de la información testimonial ya disponible, sumando nuevas fotos aéreas e imágenes satelitales de la época de interés, además de una revisión de los abordajes arqueológicos previos y de la metodología empleada. En este sentido se han georreferenciado todas las intervenciones del equipo por medio de un Sistema de Información Geográfica (SIG) que centraliza y sistematiza toda la información geográfica. Esto ha permitido diseñar estrategias de excavación que permitan un abordaje sistemático de las áreas de interés. El objetivo de la nueva metodología es la exhaustividad, a través de excavaciones sistemáticas. Es decir, sin dejar espacios entre trincheras, ni espacios sin excavar dentro de las áreas a intervenir, que las nuevas excavaciones tomen contacto con las intervenciones pasadas.

Los dos últimos hallazgos han demostrado que en sitios como el Batallón Nº13 y el Batallón Nº14 es necesario un abordaje exhaustivo que nos permita establecer, sin sombras de duda, que allí no hay restos humanos ni remoción de tierra asociada. Fue esta sistemática, y no nueva información la que permitió ubicar los restos.

Presentación de Natalia Azziz – Antropóloga, integrante del GIAF

En el marco del último hallazgo de restos óseos del 6 de junio de 2023 en el Batallòn de Infantería Paracaidista Nº14, Toledo (Canelones), tenemos certeza que este cuerpo es una mujer, tanto por método antropológico, como genético. Una mujer que fue tirada boca abajo, desnuda, encapsulada en cal con una losa de cemento por encima, en una fosa cavada en la roca, es decir, que se rompió la roca para arrojar el cuerpo. Pero, hasta el momento no se ha logrado una identificación positiva. Sabemos que la identificación es un proceso, es un proceso de múltiples comparaciones, de las cuales una de ellas es la comparación genética.

¿En qué momento estamos ahora dentro de este proceso? En que la base, el banco genético no está completo, porque el ADN es una herramienta que se comenzó a utilizar para estos casos alrededor del año 2000; por tanto, no hay muestras anteriores a esa fecha. Con esto queremos decir que la técnica es muy reciente, el banco genético es muy reciente.

Asimismo, no todas las familias han hecho denuncias, o han denunciado en el mismo momento a un familiar desaparecido. A su vez, hubo una fragmentación en la donación de muestras en Uruguay, es decir en diferentes instituciones, y esto generó complicaciones para unificar este banco genético con muestras de uruguayos desaparecidos. Este banco actualmente se encuentra en proceso de unificación en Argentina, en el laboratorio Genético de Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Por otro lado, para lograr una identificación genética se precisa una buena representación familiar, a veces no es suficiente con un solo familiar, a veces no alcanza con varios familiares. Cuanto más directo sea el vínculo (sea madre, padre, hijos) hay mayor probabilidad de identificar. Pero, como todos sabemos, no todos los desaparecidos tienen la misma constitución familiar, es decir, en algunos casos, no hay madre, no hay padre y no hay hijos, pero si sobrinos, hermanos, abuelos, etc, y se precisa la sangre de todos.

Actualmente se está trabajando para completar la representatividad de cada desaparecido y desaparecida, mejorar esa composición familiar para que durante el proceso de identificación se pueda excluir o incluir a las personas.

Al día de hoy, de los 197 detenidos-desaparecidos uruguayos en la región, fueron identificadas 35 personas; de los 7 hallados en Uruguay, 6 fueron identificados. Restan por encontrar e identificar 162 personas.

Para concluir, es importante recordar que la dificultad en la identificación es muy común en casos de desapariciones forzadas, como por ejemplo en Argentina donde hay más de 600 esqueletos recuperados aún sin identificar. Por primera vez en Uruguay tenemos esta problemática y por ello es muy importante que las personas que tienen un familiar desaparecido y aún no han donado, lo hagan. Desde el Equipo y la Institución Nacional de Derechos Humanos se continúan las tareas para lograr la identificación.

Montevideo, 30 de agosto de 2023

Estimadas y estimados compañeros de lucha,

Gracias por acompañarnos una vez más en este evento que conmemora el Día Internacional del Detenido Desaparecido; a todas las personas que se encuentran aquí en la Sala Zitarrosa y a aquellas que nos están siguiendo desde la transmisión en vivo que estamos realizando gracias al apoyo de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU).

La existencia de esta fecha conmemorativa a nivel internacional, es fruto de la lucha inquebrantable de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos; ya hace 13 años que este día nos invita a reflexionar y concientizar sobre el entendimiento de que la práctica de la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad, imprescriptible, una violación continua y permanente de los Derechos Humanos cometidas por los Estados por acción u omisión.

La desaparición forzada, lamentablemente, sigue representando una realidad que se renueva y que asume nuevas lógicas; interpela a las sociedades y exige cambios en los sistemas constitucionales para sentar garantías reales de no repetición desde los Estados.

Cada año tiene su particularidad y éste no se encuentra exento de la misma; desde mayo, signado por una inmensa Marcha del Silencio, la sensibilidad nos atraviesa. Hemos podido avanzar en la verdad sobre 3 de nuestros familiares, reencontrándonos con sus historias: Héctor Giordano, oriundo de Durazno, abogado y padre de una hija pequeña al momento de su secuestro; Jorge Pedreira Brum, nacido en Pan de Azúcar, camionero y pescador, padre de dos hijos; y, finalmente, el encuentro con una compañera, de la que aún no sabemos su nombre, pero cuya presencia nos duele cada día y nos invita a continuar. Sus historias, nos demuestran que este camino recorrido no ha sido en vano, que están en algún sitio y que, más tarde o más temprano, podremos reencontrarnos con todos ellos y ellas.

Este espacio que nos congrega nos invita nuevamente a reflexionar sobre el Nunca Más que anhelamos, volviendo a denunciar que el secuestro, muerte y posterior desaparición de nuestros familiares están indisolublemente unidos al corazón de la represión de aquella época tan oscura y la complicidad subsiguiente mantenida por los tres poderes del Estado una vez fue recuperada la democracia, habiendo construido así un manto de impunidad que aún hoy sigue constituyendo una amenaza latente.

En este presente amenazado, diversos actores buscan reescribir la historia sobre la base de la “teoría de los dos demonios”, perpetuando narrativas negacionistas y revisionismos tendenciosos, y convalidando así el accionar del Terrorismo de Estado. Buscan materializar una especie de poder paralelo sostenido por los promotores de la impunidad, sentando suelo fértil para hacer trastabillar a las instituciones democráticas.

El mantenimiento de esta impunidad, que causa profundo dolor y angustia, ha encontrado así su lugar en nuestra sociedad. Es el resultado de un sistema en el que los responsables de estos crímenes atroces han eludido cualquier tipo de responsabilidad y donde las víctimas y sus familias nos vemos, aún tantos años más tarde, atrapadas en un laberinto de injusticias y silencio.

A quienes mantienen la verdad secuestrada, a quienes saben qué ocurrió y dónde están nuestros familiares, y se esconden bajo un silencio cobarde y hostil, se les quiere premiar con el beneficio de la prisión domiciliaria, alegando falsas razones humanitarias. Quienes poco interés mostraron por lo humano cuando nuestros familiares y miles de compatriotas eran recluidos en las cárceles y cuarteles, sufriendo torturas, tratos inhumanos y degradantes, fueron sometidos a la justicia con todas sus garantías y conforme al debido proceso: no son presos políticos, sino Terroristas de Estado.

Como telón de fondo, el partido militar de la coalición de gobierno, convalida la experiencia golpista, chantajeando a sus socios y procurando todas las ventajas posibles para mantener su pacto de omertá e intereses corporativos.

Porque la cultura de la impunidad también garantiza que los privilegios se mantengan, seguimos exigiendo el cese inmediato de las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones a personas militares, policías y civiles que perciben por cargos usurpados durante el Terrorismo de Estado y más aún para aquellas personas que cometieron crímenes de lesa humanidad.

Por otra parte, la ley aprobada que repara a las víctimas de los grupos armados entre 1962 y 1976, no solo intenta homologar delitos que por su naturaleza son incomparables, sino que resalta la desigual valoración de vidas. Las personas desaparecidas, asesinadas o gravemente heridas durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco y la dictadura cívico-militar quedan en una posición inferior. La ley también discrimina a aquellos detenidos sin proceso formal, sometidos a torturas en centros clandestinos, exigiendo seis meses de cautiverio para reconocerles como víctimas del Terrorismo de Estado según la Ley 18.596. No nos oponemos a las reparaciones, pero sí a las que desde sus entrañas se encuentran mal formuladas e injustificadas, siendo contrarias al derecho internacional de los derechos humanos.

La hipocresía ya no se tolera más.  Es responsabilidad de los gobernantes realizar todas las acciones necesarias para sentar las garantías de no repetición. No basta con dotar de presupuesto a equipos especializados, sino que es necesario que se tomen acciones reales, que se obligue a las Fuerzas Armadas a hablar, a todos los actores involucrados, para que nos digan qué pasó y dónde están nuestros familiares detenidos desaparecidos.

La búsqueda y la investigación es una obligación irrenunciable de los Estados por parte de todas las dependencias e instituciones asumida colectivamente con seriedad, proactividad y urgencia, desarrollando una verdadera Política Pública permanente, cooperativa, comprensiva y coherente.

Seguimos reclamando por la información que falta, porque el acceso a la información sigue siendo lento y no hay una respuesta activa del sistema político. Al Ministro García, cabe recordar que en este tema no importa quién hizo más o menos: la causa de Verdad y Justicia no puede ser fuente de la que se saque rédito político. Lo que importa es la acción y exigencia de información que permita quebrar con la cultura de impunidad para así poder avanzar en la búsqueda de nuestros familiares detenidos desaparecidos.

Los temas del pasado no resuelto, indefectiblemente, siempre vuelven. A nuestro país le sigue faltando verdad, memoria y justicia.

No podemos normalizar lo que sucedió, el quiebre de las reglas constitucionales, las actitudes ominosas, las desapariciones, la prisión masiva y prolongada, las torturas, el exilio que por años afectaron a todo el pueblo uruguayo.

A 50 años del Golpe de Estado, hemos comprendido que el Terrorismo de Estado fue implantado puesto que era funcional a intereses de múltiples actores políticos, sociales y económicos, a nivel nacional e internacional con miras al quiebre de los pactos sociales y la imposición de un modelo económico devastador, que profundizó la desigualdad y sentó nuevos niveles de lógicas individualistas. El terror fue la herramienta para garantizar el disciplinamiento.

Y contra ese disciplinamiento fue que nuestros familiares, como parte indivisible de nuestro pueblo, lucharon; ellos, como tantos otros que sufrieron el terrorismo en su piel, buscaron la construcción de una sociedad contraria a ese modelo; una sociedad que fuese más justa e igualitaria, donde el otro importaba.

Por ello, el Nunca Más sigue siendo un proyecto político y cultural para confrontar el miedo que ha permeado hondamente en las estructuras democráticas; un proyecto basado en el derecho a la libre expresión de opiniones, el derecho a no temer ser perseguido por ideas, donde el colectivo sea una prioridad y donde se reivindique mayor justicia social.

Lamentablemente este proyecto aún no se ha enraizado en todos los espacios; habitamos un país que sigue utilizando prácticas autoritarias de gobierno con leyes ómnibus y decretos unilaterales, aumentando las libertades discrecionales de las fuerzas del orden, el gatillo fácil, la violencia institucional punitiva como primera medida. Se recortan las libertades sindicales, se persigue a compañeras y compañeros en su actividad gremial, se censura a estudiantes mientras se instala una reforma educativa inconsulta, se naturaliza la instauración de un Estado descuidado que desprotege al pueblo, se instala una reforma jubilatoria que hace recaer toda su carga sobre los hombros de la persona trabajadora, se recortan las acciones de bienestar social, entre otros aspectos. Hoy, prima la injusticia social en todos los niveles.

Hoy vemos nuevas violencias que emergen desde el Estado. Un gobierno que avasalla el recorte de los derechos conquistados por la movilización popular, cerrando los espacios de diálogo y haciendo caso omiso a los reclamos.

Vivenciamos nuevas luchas contra un modelo neoliberal, capitalista extractivo, al cual nuestros familiares, luchadores sociales, una vez se opusieron. Claro está que existen resistencias que se mantienen y otras que son novedosas, pero comparten una trama común, la construcción de un mundo más justo e igualitario.

Pero a pesar de las grandes resistencias y de las barreras, este año nos pudimos acercar un poco más a la verdad y a la justicia, para poder continuar erosionando la cultura de la impunidad.

La justicia avanzó y mucho, cristalizando los reclamos y las denuncias que venimos realizando durante todos estos años. Se realizaron los dos primeros procesamientos bajo la categoría de delito de lesa humanidad, condenando a 12 años y 6 meses de penitenciaría a los militares retirados Rubens Francia y Francisco Macalusso por torturas en San José.

Los militares en situación de reforma Jorge Pajarito Silveira y Ernesto Ramas fueron condenados a 25 años de penitenciaría, y a pesar de los intentos de revocar la sentencia, por primera vez en la historia fue ratificada por el Tribunal de Apelaciones en lo penal de segundo turno, que confirmó la sentencia de primera instancia en el caso que investiga la desaparición forzada de Óscar Tassino.

La Sentencia de la Corte Interamericana para el caso de las Muchachas de Abril, Oscar Tassino y Luis Eduardo González refiere y reconoce la responsabilidad incumplida de acuerdos del Estado, en investigar y perseguir a los responsables de los delitos de lesa humanidad. Nos dice que teníamos razón, que el Estado uruguayo violó todos nuestros derechos: el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad, a las garantías judiciales y a la protección judicial, el derecho de los familiares a conocer la verdad. En el acto reparatorio, mandatado por la Corte, la ausencia del presidente fue un mensaje más que elocuente.

Destacamos el trabajo inclaudicable de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, que sigue juzgando a los criminales, ingresando nuevos pedidos de procesamiento, pericias y avances que aportan a la construcción de memoria histórica, verdad y sobre todo justicia. Además, se encuentra liderando con gran compromiso y dedicación la identificación de la compañera encontrada en el Batallón de Infantería Paracaidista Nº 14, en un enterramiento cruel, cobarde y clandestino.  Cabe decir, que estas dificultades para su identificación, nos duelen hasta lo más hondo, ¿es posible que cueste tanto? ¿Cómo puede ser así, cuando aún están entre nosotros quienes la torturaron, mataron y escondieron? Exigimos la información que sabemos que aún tienen secuestrada.

Con escasos recursos, ausencia de nueva información y a pesar de los ataques constantes por parte de actores de gobierno, el Equipo de Investigación y Búsqueda de la Institución Nacional de Derechos Humanos continúa trabajando. Respaldamos y confiamos plenamente en su trabajo técnico y vocación para poder seguir construyendo memoria y verdad.

Recordemos, por último, que la batalla contra la impunidad no deja de ser un terreno de disputa cultural, donde todas las personas cotidianamente aportamos desde nuestros lugares, en cada margarita pintada en los muros, sembrada en las placitas, sostenida en un balcón o una ventana. Porque la batalla contra el olvido la damos en las canchas, en las tribunas, en versos de poesías, en canciones que surgieron de un tirón, en centros de estudiantes, asambleas, en termos llenos de pegotines que abren conversaciones, en cada pin, camiseta y pañuelo que recorren kilómetros.

Porque mantener vivos a nuestros familiares implica ser constructores de un mundo nuevo, no ser indiferentes a cualquier forma de opresión, trabajar por un mundo donde los modelos sociales sean más justos y equitativos y no reproduzcan la miseria, que no habiliten ningún tipo de autoritarismo.

No podemos cambiar el pasado, pero podemos construir una sociedad más justa y humana, generando cambios reales y duraderos. Mantengamos viva la memoria, sigamos luchando para que se haga justicia y se avance en la verdad, sentando las garantías de no repetición y Nunca Más Terrorismo de Estado.

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos