30 de agosto: Día Internacional del Detenido Desaparecido. Impunidad. Responsabilidad del Estado. Ayer y hoy.

Queridos compañeros de esta lucha por Verdad y Justicia, contra el olvido y la impunidad… Lucha que es patrimonio de nuestra sociedad; nuestro doloroso aprendizaje, y también  nuestra mayor fortaleza.

Si están acá, convocados por esta fecha especial, es porque la impunidad les duele, porque siguen impulsando desde su trabajo, desde su militancia en distintos ámbitos, la reflexión, la movilización, el compromiso para denunciar este flagelo de la desaparición forzada, la punta de un iceberg de atropellos, tortura y asesinatos cometidos por el Estado.

Si están acá es porque trabajamos con un interés común: contraponer a la cultura de impunidad que va impregnando todo, un camino diferente, que sólo se construye con verdad, con justicia, con una memoria activa.

Estamos juntos en ese camino. No hay una escuela que nos enseñe cuál es el modo acertado de seguir adelante. Los cambios que hubo en estas décadas en el mundo, en Uruguay y en cada uno de nosotros nos están exigiendo mejorar la visión para mejorar la acción y en eso nos necesitamos todos, los más viejos con lo que vivimos, los más jóvenes con lo que están viviendo y proyectan vivir. Hoy, Día del Detenido Desparecido, preguntamos y exigimos una vez más ¿Dónde están?

Lo decimos con el dolor y la conciencia de lo que sigue pendiente en Uruguay.

El Estado fue, es y seguirá siendo responsable de lo sucedido hasta que se sepa dónde está cada uno de ellos, qué pasó y quiénes son los responsables.

También es responsabilidad del Estado asumir acciones que generen garantías de no repetición. Pero no nos engañemos: ningún Estado tomará la iniciativa en este terreno. Es a nosotros que nos sigue tocando empujar y exigir. ¿Y cuál es la mejor manera de exigir?

A la luz de lo que sucede hoy en países hermanos como Argentina, México o Colombia, donde a pesar de la existencia formal de un estado de derecho se continúa asesinando y desapareciendo a militantes políticos, sociales, ambientales y a periodistas, queda claro que la impunidad sigue engendrando sus mecanismos y sus agentes desaparecedores y asesinos. Para oponerse a esta realidad se requiere más gente dispuesta a exigir el destierro de estas prácticas, a exigir medidas que garanticen la no repetición. Fue la reacción inmediata y enérgica de los argentinos la que rechazó y frenó el intento de liberar represores por el mecanismo legal del 2×1. La que está impidiendo que la desaparición de Santiago Maldonado hoy pase desapercibida.

Hasta el año 2011 la impunidad de los crímenes del Terrorismo de Estado en Uruguay fue legalizada y amparada por la ley olvidando que la primer garantía de no repetición es la Justicia.

Uruguay decidió no juzgar esos crímenes. Optó por la impunidad… y sabemos que la impunidad no tiene límites que la circunscriban a un hecho puntual o un momento histórico, sino que es un flagelo del poder, que coexiste con él y si se lo avala, se extiende.

Para revertir esta situación no es suficiente haber dejado sin efecto la ley en el año 2011. Ese tiempo perdido dejó huellas muy graves. La Justicia fue lenta y complaciente para enfrentar las conocidas “chicanas” de los abogados de los acusados. También es verdad que, sin quitarle responsabilidad, no es un terreno en que pueda actuar sola. Son necesarias acciones que expresen con nitidez, sin ambigüedades, la decisión de cortarle el paso al autoritarismo, a los Golpes de Estado, al Terrorismo de Estado.

Esas acciones, necesariamente globales, tienen que ver con una reformulación de las Fuerzas Armadas, cortando sus privilegios –muchos de ellos auto conferidos en dictadura–, tienen que ver con investigar y buscar alternativas para todos esos nichos del Estado donde las prácticas abusivas y degradantes continúan (cárceles y otras instituciones de encierro que abarcan a jóvenes, ancianos y enfermos mentales), con alentar una justicia que jerarquice los delitos del Terrorismo de Estado y todos los delitos de corrupción y abuso de poder. Tienen que ver con darle un trato especial a la educación, a la participación, al involucramiento que es nuestra mayor protección como sociedad.

La investigación sobre el pasado y la búsqueda de nuestros compañeros es una piedra angular para estas garantías.

El Observatorio Luz Ibarburu registra al día de hoy 308 causas judiciales que denuncian torturas, asesinato y/o desaparición forzada, sustracción de menores, abuso sexual, secuestro. Algunas se iniciaron en 1985. Muchas son causas colectivas que denuncian las torturas en lugares de detención desde 1972 a 1984 en cuarteles-comisarías, etc. de todo el país. En 2016 había solo 30 procesados con prisión de los cuales alguno ya ha muerto.

Esas persistentes causas judiciales hablan de la participación de las instituciones represivas a lo largo de todos los años de dictadura, instituciones que están marcadas a fuego por una concepción de la doctrina de la seguridad nacional, por una práctica de Terrorismo de Estado que nunca se cuestionó, aunque esté momentáneamente controlada.

Estas instituciones no debieron pasar intocadas desde el autoritarismo a la democracia. Debieron ser modificadas de raíz. No lo fueron y entonces no puede sorprendernos que la vigilancia sobre activistas y gobernantes haya continuado una vez terminada la dictadura, como muestra el archivo Castiglioni, algo que se ha constituido en una vergüenza nacional.

Hoy, el Estado destina un millón de dólares para la construcción de un liceo militar en Tacuarembó. ¿Por qué, cuando nos faltan tantos liceos se construye uno militar? ¿Con qué orientación educará el liceo militar a los jóvenes? Nos debemos aún la discusión sobre el papel de las instituciones represivas en este pequeño país, sobre cuál debe ser su formación. Y en este debate tenemos que estar todos.

Las Fuerzas Armadas mantienen, como institución, una conducta hermética frente al pasado. Sus sucesivos comandantes en jefe ni reconocieron su responsabilidad, ni colaboraron aportando información para encontrar a las personas que ellos secuestraron e hicieron desaparecer.

Pero tienen el descaro de aparecer en televisión opinando sobre las necesidades y las soluciones del país como si fueran interlocutores políticos. Y lo hacen porque se les permite desbordar su función.

Hace muy poco el jefe del Estado Mayor del ejército en Francia criticó públicamente la decisión del presidente Macron de reducir el presupuesto militar. Y el presidente fue categórico: “Si algo opone al jefe de Estado Mayor del Ejército con el Presidente de la República, el jefe de Estado Mayor cambia”. No hay dos mandos soberanos en la nación ¿o sí?

La reforma de la Caja Militar, de la que tanto se habló, parece quedar en la nada y nos seguirá costando los 400 millones de dólares extra, mientras los procesados y sentenciados por los delitos de lesa humanidad cobran puntualmente sus pensiones, incluidos los prófugos de la justicia como es el caso de Tróccoli. ¿Y cómo hace un prófugo para cobrar su jubilación sin ser detenido en ese acto? Pone un apoderado pero a la vez tiene que dar “fe de vida”, probar que está vivo. Esa prueba de vida de criminales prófugos como Manuel Cordero o Pedro Mato (acusado por la muerte de Michelini) fue avalada por el Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay democrático, año tras año. Se puede presumir que Eduardo Ferro, el último prófugo, seguirá cobrando su jubilación y el gobierno democrático de Uruguay seguirá admitiendo su prueba de vida sin mover un dedo para atraparlo.

Sin embargo, cuando un policía es procesado, automáticamente se le suspende la jubilación. Cosas de la impunidad.

En 2007 la ministra de Defensa Azucena Berrutti incautó un importante archivo de inteligencia demostrando que estos archivos, negados hasta el cansancio, sí existían. Pero encontrarlos requiere compromiso e incautarlos requiere valentía.

La discusión sobre los archivos es parte del procesamiento social del pasado reciente. Es una discusión inevitable y puede ser de mucha riqueza si se sabe conducir. El cuidado de los “datos sensibles”, la protección de las víctimas son problemas a solucionar pero no deberían funcionar como restricción. Ya bastante tenemos con la magra voluntad de los gobernantes. Todo fue silencio, todo se convirtió en secreto. Y eso no lo compartimos.

Entendemos la responsabilidad y cuidado con que debemos manejar los archivos pero defendemos la accesibilidad y la difusión más amplia de lo que se va conociendo sobre elementos del aparato represivo y su organigrama, sobre quiénes dieron las órdenes, sobre cómo planificaron. Porque son pistas que nos ayudarán a contextualizar la búsqueda de los desaparecidos. Necesitamos otras miradas sobre esos materiales.

El Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia hizo un cambio positivo en este enfoque al interpretar el mayor acceso de los archivos en su poder y en tramitar el acceso a nuevos archivos ordenado por Tabaré Vázquez.

Si se quiere ir a fondo en la búsqueda de los desaparecidos, si se entiende el significado de estos delitos y el compromiso que tiene hoy el Estado uruguayo, se debe dotar a este trabajo de mucha más celeridad. Más gente, más equipos. Este ritmo, no depende de los integrantes del Grupo de Trabajo, sino en esencia de la voluntad política del gobierno.

Y esa voluntad un poco sorda del gobierno depende de la fuerza con que nuestra movilización se haga oír. De nuestra capacidad de sumar lo que vemos unos y otros, de articular esos saberes para aumentar la potencia de los reclamos.

Los logros, que son muchos y que en parte muestran las placas de memoria por todo el país así como las marchas del 20 de Mayo que cada año convocan más jóvenes, tienen detrás el trabajo permanente de todos nosotros y de tantas y tantos más.

En el corazón de este movimiento están las madres que lo iniciaron y nunca nos cansaremos de agradecer su ejemplo, su perseverancia su compromiso, su amor por los que no están y por los que vienen. Tienen eco en esa muchachada que debe mostrarnos camino, porque el hoy y el mañana les pertenece.

Es por ellos el Nunca más Terrorismo de Estado.

Por verdad, justicia y memoria ¿Dónde están nuestros desaparecidos?

En el día del Detenido Desaparecido nos sumamos a la campaña internacional preguntando al Estado Argentino ¿Dónde está Santiago Maldonado?

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos

30 de agosto de 2017

Hoy se conmemora el Día del Detenido Desaparecido

EN TODAS LAS HORAS

La directora entrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Mariana Mota dijo a Montevideo Portal que se trata de un día de “reflexión” y aseguró que los casos que quedan sin resolver afectan la credibilidad del Estado.

Mariana Mota, quien asumirá un cargo en el consejo directivo de la INDDHH el próximo 31 de agosto, dijo a Montevideo Portal que el Día del Detenido Desaparecido es “un día de reflexión respecto de lo que ocurrió en nuestro país y lo que todavía está sin resolverse”.

Consultada sobre la pertinencia de la dicotomía entre los derechos humanos del presente y los del pasado respondió: “eso es parte de un discurso que no puede acompañarse, las graves violaciones a los derechos humanos del pasado impregnan el presente y se proyectan al futuro, así que no son divisibles ni están en una época”.

“En tanto los restos no aparecen el delito se sigue cometiendo. Eso afecta a la sociedad, la credibilidad del Estado que debe cumplir con sus obligaciones y garantizar los derechos, por lo tanto es presente y también afecta la credibilidad cómo funciona el Estado en el día de hoy”, remarcó.

Este miércoles a las 19 horas se realiza un acto en la Biblioteca Nacional en el que hablarán Mota y su par de la INDDHH, Wilder Tayler.

Fuente: Montevideo Portal

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