Colocarán placa en homenaje a “Las pibas de abril” asesinadas en 1974 por las Fuerzas Conjuntas

El viernes 21 de abril instalarán una placa recordatoria en la casa de la calle Mariano Soler 3098, en homenaje a Laura Raggio, Diana Maidanick y Silvia Reyes, conocidas como “Las pibas de abril”, asesinadas por las fuerzas conjuntas en 1974.

En el marco de lo dispuesto por los artículos 7 y 8 de la Ley 18.596, el Ministerio de Educación y Cultura realizará la ceremonia de instalación de una placa en homenaje a Laura Raggio, Diana Maidanick y Silvia Reyes, asesinadas en su domicilio en un operativo de las Fuerzas Conjuntas, en la madrugada del 21 de abril de 1974.

El acto se realizará el viernes 21 de abril a las 18:00 horas, en Mariano Soler 3098, lugar donde las jóvenes fueron ultimadas por las fuerzas represivas.

La Ley 18.596 de Actuación ilegítima del Estado entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985 y de reconocimiento y reparación a las víctimas, establece en su artículo 7º que “el Estado promoverá acciones materiales o simbólicas de reparación moral con el fin de restablecer la dignidad de las víctimas y la responsabilidad del mismo”.

Tales acciones tenderán a “honrar la memoria histórica de las víctimas del terrorismo y del uso ilegítimo del poder del Estado, ejercido entre junio de 1968 y febrero de 1985”.

Si bien la dictadura comenzó el 27 de junio de 1973, la norma toma el inicio del período de reparación el 13 de junio de 1968 por el comienzo de la aplicación sistemática de las “Medidas Prontas de Seguridad e inspirado en el marco ideológico de la Doctrina de la Seguridad Nacional”.

Se reconoce la responsabilidad del Estado uruguayo en la realización de prácticas sistemáticas de tortura, desaparición forzada y prisión sin intervención del Poder Judicial, homicidios, aniquilación de personas en su integridad psicofísica, exilio político o destierro de la vida social.

Dicho período culmina el 28 de febrero de 1985, ya que al día siguiente asumió la Presidencia de la República, Julio María Sanguinetti, electo en forma democrática en las elecciones de noviembre de 1984.

Mientras que el artículo 8 determina que “en todos los sitios públicos donde notoriamente se identifique que se hayan producido violaciones a los derechos humanos de las referidas en la Ley, el Estado colocará en su exterior y en lugar visible para la ciudadanía, placas o expresiones materiales simbólicas recordatorias de dichos hechos. Podrá definir el destino de memorial para aquellos edificios o instalaciones que recuerden esas violaciones y podrá determinar la celebración de fechas conmemorativas de la verificación de los hechos”.

Las pibas de abril

Las jóvenes luchadoras sociales Silvia Reyes, Laura Raggio, y Diana Maidanick, fueron acribilladas en la madrugada del 21 de abril de 1974 en una casa de la calle Mariano Soler al 3098.

Las tres jóvenes fueron asesinadas en un operativo dirigido por el Batallón de Artillería Nº 1 con apoyo de Artillería Nº 2, a cargo del general  Juan Rebollo y la participación de los generales Julio César Rapela y Esteban Cristi, y los mayores A. Méndez y José “Nino” Gavazzo, el coronel Manuel Cordero y los entonces capitanes Mauro Mauriño, Julio César Gutiérrez y el teniente Jorge Silveira.

El operativo realizado por las Fuerzas Conjuntas se desarrolló en la  madrugada del 21 de abril de 1974,  en la casa de la familia Barrios-Fernández en busca de Washington Barrios, militante del MLN-T y esposo de Silvia Reyes.

Pero Washington Barrios para entonces supuestamente ya había desaparecido en Córdoba, Argentina.

“En medio de ráfagas de ametralladoras se dirigieron al apartamento contiguo de la calle Mariano Soler 3098 bis, del barrio Brazo Oriental, y luego de derribar la puerta acribillaron a tres jóvenes compañeras de estudio y de militancia que en ese momento se encontraban durmiendo”, relata el historiador Álvaro Rico en “Ovillos de la Memoria”, y en el Tomo 1 de “Investigación  Histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en Uruguay 1973 – 1985).

Ellas eran: Diana Maidanick de 21 años, Laura Raggio de 19 años, y Silvia Reyes también de 19 años, quien además se encontraba cursando su tercer mes de embarazo, y esposa de Washington Barrios.

Por su parte, Stella Reyes hermana de Silvia, relató tiempo después en el libro “Guerrilleras. La participación femenina en el MLN-T”, del periodista Mauricio Cavallo: “A mi hermana  y a sus compañeras las mataron y remataron en forma brutal dentro de su casa, fue un operativo espantoso. A mi hermana la entregaron a la familia para velarla, tenía más de 30 impactos de bala, le faltaba más de la mitad de la cabeza y tenía las dos piernas acribilladas a metralla, de cerca”.

Al cumplirse los 40 años de los hechos, en 2014, se realizaron diversos homenajes y también se colocó una “Marca de la Memoria” en la calle Mariano Soler.

Fuente: La Red 21

33 años del asesinato de Vladimir Roslik

Ayer, 16 de abril, se cumplieron 33 años del asesinato de Vladimir Roslik Bichkov, ocurrido en el Batallón de Infantería Mecanizado Nº 9, con sede en Fray Bentos. Este médico nacido en San Javier, de padres rusos y que estudió por una beca en la Universidad Amistad de los Pueblos Patricio Lumumba, en la antigua Unión Soviética, fue detenido por militares de esa unidad castrense y falleció como consecuencia de las torturas a las que fue sometido. La autopsia “oficial” indicaba que Roslik había muerto por un paro cardíaco y que había sido detenido por “tráfico de armas”, pero testimonios posteriores, como el de Antonio Pires da Silva, que estuvo preso junto al médico, revelaron que fue torturado hasta morir y que el interrogatorio estuvo a cargo del represor Sergio Pocho Caubarrère, que permanece impune.

La viuda de Roslik, Mary Zavalkin, diputada suplente del frenteamplista Constante Mendiondo, vive en Paysandú, pero sus esfuerzos siguen vinculados con San Javier, en donde promovió la instalación del Centro de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) Galuski y el Hogar de Ancianos Valodia (diminutivo de Vladimir y apodo con el que se conocía a Roslik en San Javier). Zavalkin hizo conocer el asesinato de Roslik ante diversos organismos internacionales, y muchos intensificaron la presión contra la dictadura para acelerar su final. La viuda del médico también se dedicó a denunciar la persecución a la que los militares sometieron a los descendientes de rusos en San Javier. Además de ser detenidos e interrogados más de una decena, junto con Roslik, los militares clausuraron el Centro Cultural Máximo Gorki y quemaron los libros y las revistas en ruso. “Se ampararon en que eran cuestiones políticas, pero en realidad lo que sufrimos fue una persecución étnica. Toda la gente a la que llevaron presa en San Javier tenía apellido ruso. Portarlo era considerado un atentado contra el país. No tiene nada que ver. Ni televisión teníamos”, dijo Zavalkin en una entrevista concedida a la agencia de noticias Sputnik en enero.

Según publicó ayer InfoRío, si bien se colocó una placa en homenaje a Roslik en las afueras del cuartel donde fue asesinado y se le puso su nombre a la ruta puente-puerto en Fray Bentos, así como a la policlínica de San Javier, no se ha logrado, en el ámbito de la Junta Departamental de Río Negro, el consenso necesario para que una calle lleve el nombre del médico.

La viuda de Roslik, Mary Zavalkin, diputada suplente del frenteamplista Constante Mendiondo, vive en Paysandú, pero sus esfuerzos siguen vinculados con San Javier, en donde promovió la instalación del Centro de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) Galuski y el Hogar de Ancianos Valodia (diminutivo de Vladimir y apodo con el que se conocía a Roslik en San Javier). Zavalkin hizo conocer el asesinato de Roslik ante diversos organismos internacionales, y muchos intensificaron la presión contra la dictadura para acelerar su final. La viuda del médico también se dedicó a denunciar la persecución a la que los militares sometieron a los descendientes de rusos en San Javier. Además de ser detenidos e interrogados más de una decena, junto con Roslik, los militares clausuraron el Centro Cultural Máximo Gorki y quemaron los libros y las revistas en ruso. “Se ampararon en que eran cuestiones políticas, pero en realidad lo que sufrimos fue una persecución étnica. Toda la gente a la que llevaron presa en San Javier tenía apellido ruso. Portarlo era considerado un atentado contra el país. No tiene nada que ver. Ni televisión teníamos”, dijo Zavalkin en una entrevista concedida a la agencia de noticias Sputnik en enero.

Según publicó ayer InfoRío, si bien se colocó una placa en homenaje a Roslik en las afueras del cuartel donde fue asesinado y se le puso su nombre a la ruta puente-puerto en Fray Bentos, así como a la policlínica de San Javier, no se ha logrado, en el ámbito de la Junta Departamental de Río Negro, el consenso necesario para que una calle lleve el nombre del médico.

Fuente: La Diaria

El primer procesado por torturas durante la dictadura es el coronel (r) Rodolfo Gregorio Álvarez

Fue procesado con prisión ayer, por el juez letrado penal de 5º Turno, José María Gómez Ferreyra, el militar retirado Rodolfo Gregorio Álvarez Nieto, sobrino del ex dictador Gregorio Conrado Álvarez Armellino. La Justicia lo encontró culpable de “un crimen de Tortura en concurso formal con un delito de Abuso de autoridad contra los detenidos”.

La fiscal Ana María Tellechea había solicitado su procesamiento por considerar que había “elementos de convicción suficientes para imputar a Álvarez la coautoría del delito de Torturas dispuesto en el art. 22 de la Ley 18.026 de 25 de setiembre de 2006”. La sentencia detalla los padecimientos sufridos por Gerardo Riet Bustamante, dirigente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines al momento de su detención “por agentes de inteligencia policial-militar” en Avda. San Martín y Bulevar José Batlle y Ordóñez el 8 de mayo de 1980, y que fue torturado sistemáticamente en dependencias militares. Según la sentencia, el 26 de junio de 1980 el entonces capitán Rodolfo Gregorio Álvarez fungió como juez militar en el establecimiento La Tablada, donde Riet estaba detenido, y le tomó declaración “en el mismo lugar en que había sido sometido a apremios físicos y sicológicos”. Riet debió firmar las declaraciones que le presentaba Álvarez, y además soportó la simulación de la muerte de su hermana, lo que le produjo en ese momento una crisis nerviosa.

Fuente: La Diaria

Se busca

La jueza Penal de 10º Turno, Dolores Sánchez, libró el lunes una orden de captura nacional e internacional para el coronel Eduardo Ferro, después de que este indagado en la causa que investiga el secuestro y la desaparición de Óscar Tassino Astiazu no fuera ubicado por la Policía para ser conducido a declarar ante la magistrada. Según fuentes de la diaria, la Policía intentó ubicarlo en su último domicilio conocido, en la zona de Pinares, en Maldonado, pero el militar retirado no estaba o “se escondió”. El juicio se inició en 1985, pero quedó comprendido dentro de la ley de caducidad; fue reiniciado el 27 de noviembre de 2011. Según los testimonios aportados a la causa, Tassino fue secuestrado el 19 de julio de 1977 en una casa ubicada en Máximo Tajes 6632 y luego llevado al centro clandestino de detención y tortura La Tablada o “300 Carlos”.

El abogado del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) Martín Fernández explicó a la diaria que Sánchez pidió la conducción de Ferro debido a que “no se había presentado a una audiencia anterior”. “En ese momento Ielsur pidió las medidas cautelares de cierre de fronteras y de conducción, la fiscalía estuvo de acuerdo y la jueza también. Eso se tenía que efectivizar el lunes, pero Ferro no se presentó y no fue ubicado en los lugares habituales, y por consiguiente la doctora Sánchez decretó una orden de captura nacional e internacional”, agregó el representante legal de los denunciantes. Fernández contó que Ferro había comparecido anteriormente sólo por escrito, “presentando recursos de inconstitucionalidad y prescripción, que son los que presentan las defensas de los militares en este tipo de expedientes, y por ese motivo este expediente se había retrasado en su diligenciamiento cerca de dos años”. Pero Ferro nunca se presentó personalmente a declarar. El otro indagado en la causa, Jorge Pajarito Silveira, sí acudió cuando le tocó declarar, también conducido, pero porque está cumpliendo condena en la cárcel de Domingo Arena.

El mismo lunes, Ielsur emitió un comunicado en el que informa que, además de la causa citada, Ferro es investigado también “en el secuestro y torturas” de Lilián Celiberti y Universindo Rodriguez, “entre otras”. Ielsur “exige a las autoridades policiales correspondientes la máxima diligencia y esfuerzo para la ubicación, detención y conducción del Coronel (r) Eduardo Ferro ante los estrados judiciales para que sea juzgado de acuerdo con las garantías del estado de derecho” y recuerda “a las autoridades” la condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado uruguayo en el caso Gelman, “teniendo presente además, que han pasado más de 40 años sin que se le brinde a las familias de las víctimas de terrorismo de Estado respuesta a sus casos trágicos”.

Según pudo saber la diaria, Ferro se afincó en la zona de Pinares en la década de los 90, comenzó a trabajar en la seguridad del lujoso hotel Las Dunas y terminó como gerente del establecimiento. Durante unos años había “desaparecido”, pero “hace un par de años volvió” al departamento, confió una fuente local. En mayo de 2011, la Coordinadora Verdad y Justicia de Maldonado y la Plenaria Memoria y Justicia realizaron un escrache en su casa de Pinares. Ahora el militar retirado es buscado por Interpol para ser conducido ante la jueza Sánchez.

El espía de la democracia

Ferro fue el responsable del espionaje militar a partidos políticos, sindicales y organizaciones sociales entre 1988 y 1991, según publicó Brecha (24/02/16) de acuerdo a la documentación de la Dirección General de Información de Defensa (DGID) a la que accedió el semanario, y que actualmente es analizada en una comisión investigadora de la Cámara de Diputados. El archivo de inteligencia militar fue encontrado en un allanamiento a la casa del coronel Elmar Castiglioni. Según Brecha, Ferro fue designado jefe del Departamento III de la DGID, lo que está consignado en su legajo personal, un documento oficial de la Comisión Calificadora del Personal Superior de las Armas del Ejército. La nota del semanario también asocia a Ferro con un oficial denominado “Guillermo” que, según la documentación sobre los informes de los espías de la DGID, ordenaba y observaba las tareas de los “manipuladores” que atendían a los “agentes”, dos figuras de la compleja red de espionaje que habían montado los militares en plena democracia.

Fuente: La Diaria

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