Amenazados por comando Barneix presentaron una petición en la CIDH contra Uruguay

EL PASADO QUE ASOMA

Amenazados por comando Barneix presentaron una petición en la CIDH contra Uruguay

El grupo de abogados y militantes asegura que tomó la decisión porque no ve “ninguna voluntad real de avanzar en el esclarecimiento de los hechos” y porque nada de lo solicitado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se cumplió.
13.02.2019

 

El autodenominado “Comando Barneix” se hizo conocer en febrero de 2017, cuando se difundieron las amenazas a trece abogados y militantes por los derechos humanos. El grupo lamentaba la muerte del general Pedro Barneix, que se suicidó luego de ser procesado por la Justicia, y aseguraba que asesinaría a tres personas de la lista por cada nuevo “suicidio” de un militar juzgado por crímenes cometidos durante la dictadura.

Los amenazados fueron Juan Errandonea, Óscar López Goldaracena, Federico Álvarez Petraglia, Juan Fagúndez, Hebe Martínez Burlé y Pablo Chargoñia; el juez Frances Louis joinet; el activista brasileño Jair Kirshke; y la investigadora italiana Francesca Lessa.

Hace ya casi dos años Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las amenazas y la CIDH urgió al Estado a “adoptar medidas urgentes a fin de proteger a los operadores de justicia”, además de “tomar nota” del inicio de investigaciones judiciales sobre estas amenazas y esperar que “se establezcan las responsabilidades materiales e intelectuales que correspondan y que se sancione a esos responsables de manera efectiva”.

Al no producirse avances en la investigación, el grupo de abogados y militantes presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de la República Oriental del Uruguay (en conjunto con el Observatorio Luz Ibarburu), que quedó registrada este 12 de febrero, según dieron a conocer los peticionantes en un comunicado.

“Cuando ya se cumplieron dos años de las amenazas proferidas por el autodenominado Comando General Pedro Barneix y, debido a la falta de investigación de ese delito, los peticionarios alegamos frente a la CIDH la violación de los siguientes derechos protegidos bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos: Obligación de Respetar los Derechos; Derecho a la Integridad Personal; Derecho a la Libertad Personal; Garantías Judiciales; Igualdad ante la ley; y Derecho a la protección judicial”, explican en el comunicado.

“El 1 de marzo de 2017, la CIDH condenó contundentemente las amenazas de muerte realizadas contra autoridades, operadores de justicia y defensoras y defensores de derechos humanos de Uruguay y urgió al Estado a adoptar medidas urgentes a fin de asegurar la seguridad de los operadores de justicia. En ese entonces, el Relator para Uruguay, Comisionado Francisco Eguiguren, resaltó como las investigaciones tenían que conducirse ‘con debida diligencia hasta sancionar a los responsables’. Por otro lado, el Relator sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Comisionado José de Jesús Orozco, destacó que ‘las personas a las que se amenazó de muerte han tenido un rol muy significativo impulsando este tipo de causas y avanzando en el camino hacia la justicia. El Estado tiene la obligación de garantizar su seguridad para que puedan seguir haciendo su trabajo con independencia y sin riesgos a su vida o integridad'”, agrega el texto.

Sin embargo, señalan, “nada de lo pedido por la CIDH ha sucedido”. “Por esa razón, hemos decidido presentar la petición frente a la CIDH, ya que la investigación en curso no solo avanza con suma lentitud, sino que no detectamos ninguna voluntad real de avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Denunciamos la falta de avance ya el año pasado en nuestra carta abierta al señor presidente de la República, Tabaré Vázquez, el 29 de enero de 2018, a la que nunca hemos recibido respuesta. En la petición que entregamos a la CIDH vinculamos la amenaza y la falta de investigación en nuestro caso con un patrón mucho más amplio y preocupante, relacionando hechos de naturaleza parecida y resaltando el contexto de impunidad dominante en el país: por ejemplo, el robo y las intimidaciones al Grupo de Investigación en Arqueología Forense (GIAF) en semana santa de 2016, la reciente vandalizacion de sitios de memoria en 2018, y la continua impunidad y paralización de los juicios de lesa humanidad en el país”, señala el grupo.

“Los estados tienen que investigar con debida seriedad cualquier tipo de amenaza. Pero, en los casos de amenazas y amedrentamientos en contra de operadores de justicia y defensores y defensoras de derechos humanos, los estados tienen una obligación reforzada. Dichas amenazas tienen un impacto evidente hacia la función que ellos y ellas ejercen y el objetivo es afectar sus actuaciones en la protección y defensa de los derechos humanos”, concluyen.

Fuente: Montevideo Portal

Falleció Altamar “Lulo” Bentancour, padre de Walner Ademir desaparecido en dictadura

“LULO”

Falleció Altamar “Lulo” Bentancour, padre de Walner Ademir desaparecido en dictadura

El pasado 14 de enero en Estocolmo, Suecia, falleció a los 89 años Altamar Francisco “Lulo” Bentancour, padre de Walner Ademir Bentancour Garín, desaparecido en Buenos Aires en 1976.

Altamar Francisco “Lulo” Bentancour.

Altamar Francisco Bentancour nació el 6 de octubre de 1929 en una granja en las afueras de Tarariras, Colonia. Desde pequeño fue conocido por su apodo “Lulo”.

Desde muy joven, Altamar comenzó a trabajar en la fábrica textil Campomar y Soulas S.A, de Juan Lacaze, donde fue miembro fundador del gremio.

Años más tarde trabajó también en el club social CYSSA de dicha fábrica.

En 1973, luego de la huelga general contra el golpe de Estado del 27 de junio del mismo año, fue despedido de su empleo como cientos de lacazinos y uruguayos en general, y emigró con su familia a Argentina.

También ayudó a dicha decisión el hecho de que su hijo Edison, menor de edad, había sido detenido por fuerzas policiales y militares, posteriormente puesto en libertad, y que una gran parte de los sobrinos de su esposa Corina René Garin Costabel, con quien estuvo casado 65 años, también estaban encarcelados.

En Buenos Aires trabajó durante varios años en la industria textil, junto a sus hijos mayores incluido Walner Ademir, quien también estudiaba guitarra clásica en una academia de música, según así lo recordó su hijo Pedro Bentancour en una carta.

La detención de Walner Ademir

En setiembre de 1976 fue secuestrado su hijo Walner Ademir, por un contingente de militares en su domicilio familiar en Buenos Aires, tenía 24 años.

Durante el secuestro, toda la familia fue mantenida durante varias horas como rehén, por militares armados.

De inmediato, Altamar y su esposa comenzaron la interminable tarea de averiguar el paradero de su hijo presentándose ante la comisaría local, acudiendo al cuartel militar de Campo de Mayo e, incluso en la Casa Rosada.

La situación con constantes amenazas directas contra los demás hijos del matrimonio condujo a que representantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Argentina le sugirieran que se exiliaran en Suecia y que continuaran la búsqueda de Walner Ademir desde allí.

En julio de 1977 la familia aterrizó en Suecia, donde Altamar, su esposa e hijos aprendieron un nuevo idioma y se integraron al mercado laboral o continuaron sus estudios, según sus edades, recuerda Pedro Bentancour.

Familiares de Uruguayos Desaparecidos

Altamar, “Lulo”, no descansó en la búsqueda de su hijo ni en su trabajo por la democratización de Uruguay y Argentina. En tal sentido fundó la Agrupación de Familiares de Uruguayos Desaparecidos (AFUDE) en París en 1978, junto con su esposa Corina y un puñado de madres y familiares como “Tota” Quinteros y Luisa Cuesta.

Durante años envió dinero junto a su familia para que los prisioneros políticos en el penal de Libertad tuvieran mantas, yerba, jabones y otras necesidades básicas que las autoridades no les cubrían.

Sus contactos entre las autoridades migratorias en Suecia eran conocidos durante aquellos años y más de 140 orientales le escribieron a Altamar, su esposa e hijos para solicitar asilo en Suecia, algo que recibían automáticamente junto a un pasaje de avión.

De esa manera Altamar y su familia salvaron vidas, incluso de presos políticos que eran puestos en libertad con la condición de que se marchasen al exilio, asegura su hijo Pedro.

Indica, asimismo, que su trabajo por los presos y desaparecidos y contra las dictaduras, a veces en conjunto con organizaciones como “Secrétariat International des Juristes Pour L’amnistie en Uruguay (SIJAU)”, llegó a influir en la postura de ONU y la OEA ante las dictaduras del Cono Sur, e incluso al cambio de posición de Estados Unidos contra estas mismas durante el mandato de Jimmy Carter.

También tuvo contactos con Abbé Pierre, fundador del movimiento Emaús (traperos de Emaús) que trabajó intensamente para liberar presos y desaparecidos del Cono Sur, e incluso con el Papa Pablo VI, quien le concedió una audiencia a Altamar y su familia en 1978.

Altamar fue también conocido y apreciado en la comunidad de uruguayos exiliados en Suecia.

Al volver la democracia Altamar y su esposa continuaron su búsqueda y también comenzaron a trabajar para que se hiciera justicia. Declararon en varios juicios, entre ellos los de Uruguay donde fueron condenados ex dictadores opresores.

En Argentina declaró en varios juicios, como por ejemplo contra el Plan Cóndor, donde fueron condenados dictadores y opresores de varios países latinoamericanos.

“Disfrutó su vejez viviendo en Suecia y España, rodeado de familiares y buenos amigos. A pesar de las cosas malas que vivió, nunca se quebró ni tuvo rencor y logró pasar su legado de igualdad, justicia y solidaridad no solo a hijos y nietos, sino a todos aquellos que lo conocieron evocó Pedro.

Su hijo Walner Ademir continúa aún sin aparecer, y su familia “proseguirá” con su búsqueda.

Fuente: LR 21

Chile: un centro de tortura fue declarado espacio de la memoria

Chile: un centro de tortura fue declarado espacio de la memoria

24 de diciembre de 2018 | Internacional

La iniciativa fue impulsada hace dos años por las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la región de Maule.

El centro de detención y tortura que funcionó en la Colonia Dignidad durante la dictadura de Augusto Pinochet fue declarado “monumento nacional” de Chile, en la categoría de “monumento histórico”. La iniciativa fue impulsada hace dos años por las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de las ciudades de Talca, Parral y Linares, ubicadas en la región de Maule.

La coordinadora del colectivo, Myrna Troncoso, dijo que la idea es que la casa se convierta “en un espacio de memoria y educación al servicio de los valores democráticos y el ‘nunca más’”. Agregó: “Que sea un recordatorio permanente frente a la obligación del Estado de esclarecer qué pasó con nuestros amados familiares, que se sepa toda la verdad y que se haga justicia”.

Fuente: la diaria

Plan Cóndor: corte admitió nuevos documentos aportados por el abogado del Estado uruguayo

Plan Cóndor: corte admitió nuevos documentos aportados por el abogado del Estado uruguayo

24 de diciembre de 2018 | Escribe: Nadia Angelucci en Política

La jueza Giuffrida rechazó pedidos de las defensas de los imputados.

Un silencio intenso y atento acompañó la lectura de las disposiciones de la jueza Agatella Giuffrida sobre el pedido de renovación parcial de la prueba que los abogados de las partes civiles y de la fiscalía hicieron en las pasadas audiencias. Eran ya las 17.30, cuando la Corte de Asís ingresó otra vez a la sala luego de más de dos horas y medio de sala de consejo: todos los pedidos de las defensas de los imputados fueron rechazados. De igual manera, se rechazaron también las peticiones relativas al testimonio de nuevos testigos y la renovación de aquellos que ya habían sido oídos en el juicio de primera instancia, a pedido de la Fiscalía y las partes civiles. En cambio, se admitieron todos los nuevos documentos aportados por la Fiscalía y por el Estado uruguayo, a excepción de un documento manuscrito por Jorge Néstor Tróccoli sobre el militar argentino Alfredo Astiz, entregado por el abogado Andrea Speranzoni. En la próxima audiencia la Corte decidirá sobre los documentos entregados por el abogado Fabio Galiani, quien había sido el representante del Estado uruguayo en primera instancia, y por las representaciones de las familias Dossetti y Gambaro (familiares de Raúl Gambaro y Eduardo Dossetti, víctimas del Plan Cóndor de nacionalidad italiana), que necesitaban traducción.

Si todo se desarrolla como lo indicó Giuffrida, en febrero, en Roma, comenzará el juicio de apelación por el Plan Cóndor, cuya sentencia en primera instancia se dio a conocer el 17 de enero de 2017 y absolvió a todos los imputados uruguayos, a excepción de Juan Carlos Blanco. “La decisión tomada ayer por el Tribunal de Apelaciones es extremadamente positiva, ya que ha reconocido la relevancia y la novedad de las pruebas que presenté como legales para las familias de las víctimas y la República Oriental del Uruguay”, declaró a la diaria Speranzoni, el abogado del Estado uruguayo. “Son documentos inéditos que demuestran las actividades de los imputados acusados de secuestros y asesinatos ante la Justicia italiana, y los vínculos operativos entre la Escuela de la Mecánica Armada de la Argentina [Esma] y Fusileros Navales del Uruguay [Fusna] en 1978. Por lo tanto, es un paso importante, que se logró gracias a un trabajo colectivo y paciente realizado en equipo, por mí y por los otros abogados civiles, y nacido de la amplia colaboración de instituciones uruguayas, investigadores y archivistas”. Speranzoni agradeció especialmente a Héctor Díaz, Jorge Tiscornia, Fabián Hernández Muniz y Fabiana Larrobla, todos de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, “por el apoyo constante”, y también a Presidencia. “Es importante estar unidos y unir fuerzas, y tener claro cuál es el objetivo del proceso. La búsqueda de la verdad y la justicia ha dado hoy un paso importante: desde las próximas audiencias entraremos en los méritos de cada documento, como los que provienen del ‘archivo de computadora’ del Fusna”, declaró el abogado.

la diaria tuvo acceso a algunos de esos nuevos documentos presentados a la Corte, que se van a adjuntar a un expediente que a esta altura es amplísimo. El núcleo central de la nueva documentación se focaliza en la figura del imputado Tróccoli y en las actividades del Fusna entre 1977 y 1979. Entre la documentación se destaca una carta, fechada el 6 de julio de 1979, del agregado naval Francisco Moliterni al embajador de Uruguay en Buenos Aires, con el pedido de “remitir adjunto el Pasaporte Militar, nº 0003460, perteneciente al Sr. Teniente de Navío (CG) Jorge Tróccoli solicitando [que] […] se tramite una nueva prórroga del período de permanencia en el país en razón de que la visa […] ha caducado con fecha 31 de diciembre [de] 1978. Se adjunta certificado de permanencia emitido por la escuela de la Mecánica Armada, donde presta servicio el Sr. Oficial”.

Otro documento incluido entre las nuevas pruebas es una carta manuscrita enviada a Ernesto (léase Tróccoli) a Buenos Aires el 18 de mayo de 1981, de El Vasco, encontrada en el legajo personal de Tróccoli. En ella se le pide información sobre los grupos políticos del Partido por la Victoria del Pueblo y la Juventud Comunista Revolucionaria, “actualizada o por lo menos clara de acuerdo a lo que nos sintetizaste el otro día, decime sin compromisos si vos estarías en condiciones de aunque sea una vez por mes pasarnos la info, escrita o grabada en un cassette, o si quieres te voy a ver yo allá, como mejor te parezca”.

La próxima audiencia ha sido convocada para el 21 de enero a las 9.30.

 

Fuente: la diaria

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