La Corte Interamericana de DDHH admitió el caso del asesinato de las “muchachas de abril” y la desaparición de Óscar Tassino y Luis Eduardo González

Acto en recuerdo a las Muchachas de Abril, en Mariano Soler y Ramón de Santiago (archivo, abril de 2016). Foto: Javier Calvelo

La Corte Interamericana de DDHH admitió el caso del asesinato de las “muchachas de abril” y la desaparición de Óscar Tassino y Luis Eduardo González

22 de julio de 2020 · Derechos humanos

El Estado tiene 30 días para designar a sus representantes.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió tratar la causa presentada por el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), que planteó la responsabilidad del Estado y la falta de avances en la Justicia respecto de los asesinatos de Diana Maidanik, Laura Raggio y Silvia Reyes, ocurridos el 21 de abril de 1974 durante un operativo contra Washington Barrios, militante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, así como de las desapariciones de Luis Eduardo González, visto por última vez en el Regimiento de Caballería N° 6 en diciembre de 1974, y Óscar Tassino, desaparecido tras ser torturado en La Tablada, en julio de 1977, según informó TNU.

En diálogo con la diaria el abogado del Ielsur Martín Fernández señaló que la causa fue presentada hace más de diez años ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esta resolvió llevarlo a la Corte a fines de mayo. “Ahora se presenta una demanda, se contesta y la Corte Interamericana, que es el máximo organismo en materia de derechos humanos en el ámbito regional, se expresa sobre la condena o no al Estado por haber violado alguno de los artículos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos”, explicó.

Fernández recordó que los casos son patrocinados por Ielsur desde 1985 y se decidió presentarlos ante la corte internacional ante la falta de avances en la Justicia uruguaya.

En el proceso, luego de presentadas y contestadas las demandas habrá audiencias para presentar pruebas y luego la corte plantea una sentencia que es inapelable, dado que no hay una instancia superior. En esa sentencia pueden determinarse reparaciones simbólicas, materiales o garantías de no repetición. “Es un camino que recién se inicia y que hay que transitar con tranquilidad. Esperamos una resolución favorable para familias que hace 40 años que esperan justicia”, expresó el abogado.

Fernández valoró la posibilidad de que Uruguay sea revisado en su actitud en torno a estos casos y recordó que hasta 2009 la ley de caducidad fue considerada constitucional por la Suprema Corte de Justicia. Además señaló como antecedente el caso Gelman, en el que el Estado fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

Fuente: la diaria

Identificaron los restos de uno de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa

NUNCA MÁS

Identificaron los restos de uno de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa

Son los restos de Christian Alfonso Rodríguez, uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

07.07.2020 17:20

Nunca más

La Fiscalía General de la República (FGR) de México informó este martes que identificó los restos de Christian Alfonso Rodríguez, uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

El titular de la Unidad para el caso Ayotzinapa de la FGR, Omar Gómez Trejo, detalló que las universidad de Innsbruck (Viena), había identificado genéticamente a este estudiante mediante unos restos encontrados en el municipio de Cocula pero lejos del basurero donde, según la criticada versión oficial, fueron quemados los jóvenes.

Además, los restos fueron analizados también por el Equipo Argentino de Antropología Forense y los resultados coincidieron también en que pertenecían a una “extremidad inferior” del joven.

Gómez Trejo relató que tras recibir información sobre el paradero de los estudiantes y comprobar su veracidad del 21 al 29 de noviembre de 2019 llevó a cabo una búsqueda en un punto ubicado en el municipio de Cocula, sureño estado de Guerrero, conocido como Barranca de la Carnicería.

“Este lugar no es el Basurero de Cocula, ya que la Barranca se encuentra a más de 800 metros de distancia de donde se crea la narrativa de la ‘verdad histórica'”, la versión oficial del Gobierno anterior, dijo Gómez Trejo.

Con anterioridad, dijo, se conocía este paraje pero no se agotaron las líneas de investigación.

HALLAZGO DE INDICIOS

En las investigaciones actuales se recuperaron 15 indicios que fueron analizados en un primer momento por peritos de la FGR acompañados de familiares.

Gómez Trejo dijo que varias de los restos humanos fueron llevados al Instituto de Genética de la Universidad de Innsbruck, quienes les dieron resultados el pasado 19 de junio.

“Después de realizar los análisis respectivos a las piezas óseas enviadas, una de ellas corresponde al estudiante Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los jóvenes normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014”, dijo el encargado.

Explicó que, para mayor certeza, los resultados también fueron analizados también por el Equipo Argentino de Antropología Forense, que terminó su revisión el 4 de julio, “concluyendo de forma coincidente”.

Christian Alfonso Rodríguez es el tercer estudiante identificado por la Universidad de Innsbruck, pues durante la investigación del Gobierno anterior se hallaron restos de Alexander Mora y de Jhosivani Guerrero, dos de los estudiantes desaparecidos.

CONTRA LA “VERDAD HISTÓRICA”

Hace apenas una semana, la FGR ordenó la detención de 46 funcionarios del sureño estado de Guerrero por su presunta relación con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en una nueva “etapa” de la investigación que pretende tumbar la versión oficial del gobierno pasado.

Según la versión oficial del Gobierno del entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, la noche del 26 de septiembre de 2014, 43 jóvenes fueron detenidos por policías municipales y entregados a integrantes de Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura.

EFE

Fuente: Montevideo Portal

Comienza acción hacia la conmemoración de los 25 años de la Marcha del Silencio

IMÁGENES DEL SILENCIO

Comienza acción hacia la conmemoración de los 25 años de la Marcha del Silencio

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos comenzó una acción hacia la conmemoración de los 25 años de la Marcha del Silencio, que se celebrará el 20 de mayo de 2020. A través de la iniciativa “Imágenes del Silencio” distintos referentes de las diversas áreas del acontecer nacional se tomarán una fotografía abrazando cada uno de los retratos de los desaparecidos durante la última dictadura cívico militar, en un gesto que construye “memoria y reclama verdad y justicia”.

06 de noviembre de 2019, 02:01hs

Para ello, los organizadores invitaron a personalidades de todos los ámbitos, a ser retratados abrazando la foto de uno de los desaparecidos.

Desde este mes de noviembre y hasta mayo de 2020 se realizará una cuenta regresiva, día por día con una personalidad y un desaparecido.

Video

Se encuentran activas las redes sociales del proyecto fotográfico denominado: “Imágenes del Silencio”:  Instagram: @imagenes.del.silencio. Facebook: Imágenes del Silencio y Twitter: Imágenes del Silencio (@img_delsilencio).

Este miércoles 6 de noviembre se publica el primer retrato de la cuenta regresiva hacia la 25º Marcha del Silencio.

Es memoria

La fotografía es memoria. Es un vínculo con el pasado pero sobre todo un posicionamiento ante el futuro. Hace parte de la memoria colectiva que refiere a los recuerdos que una sociedad guarda, comparte y transmite a las nuevas generaciones, como clave para comprender el rumbo de todo grupo humano, expresan los impulsores del proyecto.

En 2014, un equipo integrado por Annabella Balduvino, Ricardo Gómez, Pablo Porciúncula y Cecilia Vidal abordó la tarea de recopilar fotografías de las Marchas del Silencio realizadas, en la exposición “Imágenes del Silencio: 20 años de marchas”.

En el marco de la conmemoración de la 25º marcha se ha incorporado al equipo a Elena Boffetta y Federico Panizza.

Cada 20 de mayo, el pueblo marcha en silencio. Miles de personas interpelan año a año a las autoridades, en busca de respuestas. Desde ese silencio atronador, surge este proyecto fotográfico.

 

Fuente: LR21

Amenazados por comando Barneix presentaron una petición en la CIDH contra Uruguay

EL PASADO QUE ASOMA

Amenazados por comando Barneix presentaron una petición en la CIDH contra Uruguay

El grupo de abogados y militantes asegura que tomó la decisión porque no ve “ninguna voluntad real de avanzar en el esclarecimiento de los hechos” y porque nada de lo solicitado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se cumplió.
13.02.2019

 

El autodenominado “Comando Barneix” se hizo conocer en febrero de 2017, cuando se difundieron las amenazas a trece abogados y militantes por los derechos humanos. El grupo lamentaba la muerte del general Pedro Barneix, que se suicidó luego de ser procesado por la Justicia, y aseguraba que asesinaría a tres personas de la lista por cada nuevo “suicidio” de un militar juzgado por crímenes cometidos durante la dictadura.

Los amenazados fueron Juan Errandonea, Óscar López Goldaracena, Federico Álvarez Petraglia, Juan Fagúndez, Hebe Martínez Burlé y Pablo Chargoñia; el juez Frances Louis joinet; el activista brasileño Jair Kirshke; y la investigadora italiana Francesca Lessa.

Hace ya casi dos años Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las amenazas y la CIDH urgió al Estado a “adoptar medidas urgentes a fin de proteger a los operadores de justicia”, además de “tomar nota” del inicio de investigaciones judiciales sobre estas amenazas y esperar que “se establezcan las responsabilidades materiales e intelectuales que correspondan y que se sancione a esos responsables de manera efectiva”.

Al no producirse avances en la investigación, el grupo de abogados y militantes presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de la República Oriental del Uruguay (en conjunto con el Observatorio Luz Ibarburu), que quedó registrada este 12 de febrero, según dieron a conocer los peticionantes en un comunicado.

“Cuando ya se cumplieron dos años de las amenazas proferidas por el autodenominado Comando General Pedro Barneix y, debido a la falta de investigación de ese delito, los peticionarios alegamos frente a la CIDH la violación de los siguientes derechos protegidos bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos: Obligación de Respetar los Derechos; Derecho a la Integridad Personal; Derecho a la Libertad Personal; Garantías Judiciales; Igualdad ante la ley; y Derecho a la protección judicial”, explican en el comunicado.

“El 1 de marzo de 2017, la CIDH condenó contundentemente las amenazas de muerte realizadas contra autoridades, operadores de justicia y defensoras y defensores de derechos humanos de Uruguay y urgió al Estado a adoptar medidas urgentes a fin de asegurar la seguridad de los operadores de justicia. En ese entonces, el Relator para Uruguay, Comisionado Francisco Eguiguren, resaltó como las investigaciones tenían que conducirse ‘con debida diligencia hasta sancionar a los responsables’. Por otro lado, el Relator sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Comisionado José de Jesús Orozco, destacó que ‘las personas a las que se amenazó de muerte han tenido un rol muy significativo impulsando este tipo de causas y avanzando en el camino hacia la justicia. El Estado tiene la obligación de garantizar su seguridad para que puedan seguir haciendo su trabajo con independencia y sin riesgos a su vida o integridad'”, agrega el texto.

Sin embargo, señalan, “nada de lo pedido por la CIDH ha sucedido”. “Por esa razón, hemos decidido presentar la petición frente a la CIDH, ya que la investigación en curso no solo avanza con suma lentitud, sino que no detectamos ninguna voluntad real de avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Denunciamos la falta de avance ya el año pasado en nuestra carta abierta al señor presidente de la República, Tabaré Vázquez, el 29 de enero de 2018, a la que nunca hemos recibido respuesta. En la petición que entregamos a la CIDH vinculamos la amenaza y la falta de investigación en nuestro caso con un patrón mucho más amplio y preocupante, relacionando hechos de naturaleza parecida y resaltando el contexto de impunidad dominante en el país: por ejemplo, el robo y las intimidaciones al Grupo de Investigación en Arqueología Forense (GIAF) en semana santa de 2016, la reciente vandalizacion de sitios de memoria en 2018, y la continua impunidad y paralización de los juicios de lesa humanidad en el país”, señala el grupo.

“Los estados tienen que investigar con debida seriedad cualquier tipo de amenaza. Pero, en los casos de amenazas y amedrentamientos en contra de operadores de justicia y defensores y defensoras de derechos humanos, los estados tienen una obligación reforzada. Dichas amenazas tienen un impacto evidente hacia la función que ellos y ellas ejercen y el objetivo es afectar sus actuaciones en la protección y defensa de los derechos humanos”, concluyen.

Fuente: Montevideo Portal

1 2 3 17