A la opinión pública: Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad
Montevideo, 15 de setiembre de 2026.
Desde la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos queremos expresar nuestro respaldo a la labor de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad y al accionar de su titular, el Dr. Ricardo Perciballe, así como nuestra preocupación por la diversa procesión de hechos que cuestionan o debilitan su funcionamiento.
En los últimos días, la Fiscal de Corte subrogante, Dra. Mónica Ferrero, expresó ante el Parlamento la intención de agregar competencias a la Fiscalía Especializada debido a que “ya no tiene tantos juicios” y que esta posee sólo unas 20 causas. Este pronunciamiento se basa, en primer lugar, en datos falsos: la Fiscalía cuenta con 25 causas bajo el nuevo Código Penal y más de 125 bajo el viejo Código. En segundo lugar, la ampliación de competencias contempla una profunda contradicción con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia Maidanik y otros vs. Uruguay.
El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, en su Informe sobre la visita al Uruguay, expresó preocupación por los ataques contra la Fiscalía Especializada, su limitada estructura y la falta de un anclaje normativo que garantice su continuidad. En ese marco, hizo suyo lo dispuesto por la Corte Interamericana en el caso Maidanik y otros vs. Uruguay y recomendó expresamente fortalecer la Fiscalía, dotarla de estabilidad normativa y garantizar recursos humanos, técnicos y financieros suficientes. En consecuencia, cualquier medida que debilite su estructura o desvíe sus recursos contradice estas recomendaciones internacionales.
Las expresiones de la Dra. Ferrero son parte de otras acciones que perjudican el trabajo de la Fiscalía y que, en su conjunto, alientan su progresivo debilitamiento. Cabe mencionar así el traslado de las oficinas a una locación poco propicia para el equipo y mucho menos amigable para las víctimas; el traslado de una fiscal integrante del equipo en apoyo de la Fiscalía de homicidios y de otra integrante del equipo hacia una Fiscalía de flagrancia; la subrogación temporal del Fiscal titular a la Fiscalía Civil, de Aduana y Hacienda, entre otras acciones.
A estas acciones se suman también los constantes ataques hacia la Fiscalía Especializada y al accionar del Dr. Perciballe por parte de distintos actores políticos, hechos que nuestra Asociación ha denunciado en numerosas y repetidas oportunidades. Bajo la falsa acusación de que se acciona sin pruebas, apelando a la Ley de Caducidad, a faltas de garantías o atribuyendo un espíritu revanchista, se busca deslegitimar una labor que -en contraposición- se caracteriza por ser seria, cautelosa y que otorga todas las garantías del debido proceso.
Más preocupante aún es la utilización del propio Parlamento para la realización del foro “Justicia en debate”, instancia que sirvió sólo para cuestionar los avances de la Justicia en materia de persecución y juzgamiento de crímenes de lesa humanidad. En este espacio, distintos legisladores pronunciaron aquí acusaciones de “fiscalías ideologizadas”, “procesos sin garantías”, “denuncias falsas” y “culpables sin pruebas”. Preocupa aquí el silencio y la omisión del poder político en emitir una respuesta ante estos embates.
A este escenario se suma el debilitamiento de la institucionalidad del Poder Ejecutivo en materia de pasado reciente. En menos de seis meses, dos decretos modificaron la estructura y las competencias de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente: mientras en marzo se ampliaron sus competencias, en julio se degradó su estructura orgánica. Como hemos sostenido reiteradamente, las obligaciones del Estado no se modifican por decreto. Preocupa, además, que en ambas modificaciones se invisibilice el papel de la Fiscalía Especializada, mediante referencias genéricas al Ministerio Público, debilitando o desconociendo su necesaria articulación dentro de la respuesta institucional del Estado.
Por ello, reafirmamos que la investigación y el juzgamiento de los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado son obligaciones jurídicas irrenunciables del Estado uruguayo. La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad tiene que ser fortalecida, no debilitada. Cualquier decisión que reduzca capacidades, disperse recursos o desdibuje su especialización supone un retroceso en las políticas de verdad y justicia.
A más de 40 años de la transición democrática no podemos olvidarnos que esta es una demanda sostenida por las víctimas, sus familiares, las organizaciones de derechos humanos y amplios sectores de la sociedad uruguaya que desde hace décadas reclamamos verdad, justicia y garantías de no repetición. Debilitar esta Fiscalía sería también desconocer ese compromiso democrático construido colectivamente y sostenido por diversas generaciones.
Ante los intentos regresivos y de debilitamiento, les convocamos a permanecer alertas, acompañar y defender las conquistas alcanzadas.
Verdad, Memoria y Justicia.
Nunca más terrorismo de Estado