Se abre una nueva etapa de trabajo en el predio, tras la autorización de Marcela Vargas, jueza penal de 2º Turno, que lo había visitado de forma preliminar en dos oportunidades, acompañada por el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ) y el equipo técnico de antropología. En representación del Ministerio de Defensa Nacional asistió José Ignacio Korzeniak, director de asuntos políticos y derechos humanos. La primera recorrida se realizó en marzo, con la intención de que Vargas conociera las zonas cauteladas por el juez al que sustituiría: Pedro Salazar. En la segunda visita se decidieron las zonas a intervenir.
Felipe Michelini, coordinador del GTVJ, aclaró, en conversación con la diaria, que la decisión de suspender las excavaciones en 2015 fue del juez Salazar, a raíz de la aparición de un explosivo de entrenamiento. Agregó que esta resolución no fue tomada por el grupo de trabajo. Para evitar la interrupción de las actividades por sucesos de este tipo, Lusiardo explicó que el equipo recibió entrenamiento para saber cómo proceder si llega a aparecer un “elemento sospechoso”.
Respecto de las zonas en que se excavará, precisó que están cauteladas bajo presumario y que fueron delimitadas por el equipo “de forma arbitraria”; en ellas no identifican accidentes geográficos.
La antropóloga precisó que en total, desde 2005 hay 50 predios señalados, y que la experiencia en este ámbito les demostró que la coincidencia en los testimonios sobre las zonas no siempre es certera; en algunos, como el Batallón 13, se concentra la información, pero no se agregó a partir de los testimonios ningún predio nuevo.
Sobre los testimonios, comentó que llegan a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de forma indirecta, desde terceros. La información se caracteriza por ser vaga, imprecisa y heterogénea. “En general, los testimonios se refieren a un galpón; hay muchos en el Servicio de Material y Armamento”, ejemplificó.
“Si ese testimonio dice que se construyó un galpón después de enterrados los cuerpos, y nuestro equipo verifica, mediante fotografía aérea, que ese galpón está desde 1966, por lo que no se puede haber construido para tapar un enterramiento”, reflexionó, recordando la experiencia anterior en el mismo batallón. Dijo además que la recepción de la información no es un problema, pero lo es la calidad de esa información: “Es un proceso muy tedioso, porque tenemos que verificar los datos”, explicó. En esta nueva instancia reveló que manejan información vieja y nueva sobre lugares no intervenidos.
Magalí Arismendi
Fuente: la diaria
