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1º de mayo de 2017.

Agradecemos a los compañeros del PIT poder estar acá junto a ustedes, en representación de nuestros desaparecidos.

Ellos son parte indisoluble de las conquistas populares.

Su memoria ilumina este camino de lucha permanente de los trabajadores.

Hoy volvemos a convocarlos.

A mantener juntos las banderas de verdad, justicia y memoria que los trabajadores han honrado.

A continuar generando conciencia sobre la impunidad en la que aún se mantienen estos crímenes y la incidencia que esta tiene en nuestro presente.

Debemos exigir acciones que nos den garantías para que esta terrible historia pasada no se repita.

Reconocemos que en estos últimos 12 años mucho se ha hecho: en memoria, son muchas las placas colocadas por todo el país; en reparación; en conocimiento histórico y lo más importante, gracias a la movilización de todos no se ha cerrado el tema.

Sabemos más; pero seguimos sabiendo poco.

Con inmenso esfuerzo de testigos, víctimas, familiares, de nuestra lista de 210 Detenidos Desaparecidos:

– se encontraron y restituyeron a 15 niños.

– los adultos identificados fueron 29 (la mayoría en Argentina); 5 de ellos en Uruguay, aunque no en todos los casos se recuperaron los restos completos, y en la mayoría no se pudo aclarar quienes fueron todos los responsables del cómo, dónde, cuándo, quién y por qué de su desaparición y asesinato.

– se mantienen desaparecidos 3 adolescentes.

– y no sabemos qué sucedió en los casos de compañeras desaparecidas que estaban embarazadas.

El Estado sigue siendo hoy responsable de cada uno de estos delitos y seguirá siéndolo hasta que se aclaren.

Es el Presidente quien tiene la potestad y el deber de exigir a las distintas dependencias del Estado esta investigación, así como los medios para hacerlo.

Nos deben explicar cómo, porqué y quienes organizaron y ejecutaron la persecución de los ciudadanos, desde la categorización y las consiguientes listas negras, hasta los asesinatos y desapariciones para así poder develar y desmantelar toda la operativa terrorista que utilizó el Estado dictatorial.

Operativa que de acuerdo a los archivos descubiertos se mantuvo varias décadas después del retorno de la democracia para vergüenza de nuestras instituciones. En ella actuaron las fuerzas represivas, pero también las instituciones como el Consejo de estado, la diplomacia y civiles que desde su seno apoyaron esta persecución a nuestro pueblo.

Pero construir garantías de no repetición exige mucho más.

Implica erradicar prácticas autoritarias y privilegios que se mantienen en el presente para transformar y democratizar cada rincón oscuro de nuestra institucionalidad. Entre ellos, los dos más evidentes: las Fuerzas Armadas y la Justicia.

El Poder Judicial y el Ministerio Público mantienen un gran debe con los delitos de lesa humanidad A pesar de acciones comprometidas de algunos jueces y fiscales, las causas se empantanan y sólo hay 30 presos de una dictadura de 12 años, con asesinados, desaparecidos y miles de torturados.

Es en este 2017 que ocurre la primer sentencia de tortura como delito de lesa humanidad dictada por el juez José María Gómez al ex militar Rodolfo Álvarez.

La experiencia de la dictadura generó una conciencia de condena sobre las prácticas de tortura y las condiciones de encierro, pero no genera el mismo rechazo la situación actual de cárceles y comisarías. Son prácticas sistémicas, inadmisibles, que condenamos en todas las situaciones.

No puede existir una justicia para ricos y otra para pobres; una vara para juzgar los crímenes de los militares y otra para el resto.

En estos años, varios de los militares denunciados por los peores crímenes fueron ascendidos, fueron asesores de gobierno, profesores en la Escuela Militar o UTU, directivos de clubes, ejercieron como médicos y psiquiatras.

Todos siguieron en sus cargos recibiendo ascensos y cobrando sueldos, incluidos los que fugaron al ser emplazados y fueron requeridos, como Jorge Tróccoli, Hermes Tarigo, Pedro Mato y últimamente Eduardo Ferro. Ninguno enfrentó un tribunal de honor.

Por otra parte, se dan el lujo de hacer declaraciones públicas amenazando los fallos judiciales, reivindicando los crímenes que cometieron en dictadura, haciendo apología de la tortura como recientemente lo hizo el ex comandante en jefe Raúl Mermot.

Tampoco genera garantías que la Dirección General de Inteligencia Policial ponga más empeño en vigilar a ciudadanos libres, mencionados por la prensa como “150 ultras”, que en aclarar quienes atentaron contra el GIAF o quienes están detrás del Comando Barneix. Y así seguiríamos, por ejemplo con el “archivo Castiglioni”, con los titubeos para reformar la caja militar.

Las Fuerzas Armadas no han pedido perdón por el nefasto rol que cumplieron en dictadura, ni han cambiado la enseñanza que dan a las nuevas promociones.

Los gobernantes deberían animarse y generar un debate nacional sobre para qué queremos unas Fuerzas Armadas, porcentualmente las más numerosas del continente sur.

Creemos conceptualmente muy grave el último Decreto presidencial sobre las medidas callejeras. Este tipo de medidas autoritarias sólo genera pérdida de libertades y es un camino conocido que nos hizo mucho daño en el pasado.

A 2 años de creado el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, por iniciativa del Presidente, al cual fuimos invitados a participar y en el que vimos una oportunidad de avanzar y quebrar la dinámica de años anteriores, se impone que demos un estado de cuenta a modo de balance.

Como siempre, hemos trabajado y colaborado de mil formas diferentes.

No rehuimos el compromiso ni el trabajo militante, sino que lo asumimos con determinación.

Sin embargo los avances logrados se ven permanentemente comprometidos por la falta de decisión y respaldo a las políticas que han permitido ciertos logros, traicionando así el espíritu del propio decreto.

En cuanto a los archivos de la represión, por una acertada decisión política hoy es posible acceder a ellos. Así se pudo entrar en los archivos de la armada, en los que se está trabajando.

Pero hay muchos más.

Entendemos que, de continuar a este ritmo, si no se dota rápidamente de los medios materiales y de personal, la batalla para acceder a nuevos archivos está perdida y este esfuerzo será nuevamente una mera declaración de buenas intenciones. En cuanto a la búsqueda de los desaparecidos, es imprescindible conformar un equipo profesional de investigación, donde se aplique un riguroso trabajo y cruzamiento con otras fuentes de verificación.

El Grupo de Trabajo debe centrar sus esfuerzos en la búsqueda e investigación.

Reiteramos: Nuestro compromiso es con nuestra causa y con nuestra gente y no bajaremos los brazos ni claudicaremos en nuestras reivindicaciones.

Por todo esto, queremos invitarlos a participar en esta próxima marcha del 20 de mayo con la consigna:

Impunidad: Responsabilidad del Estado. Ayer y hoy.

Los convocamos a marchar junto a nuestros desaparecidos.

En ellos representamos a todos quienes fueron asesinados, torturados, perseguidos, víctimas de la represión y del Terrorismo de Estado.

Junto a nuestras queridas viejas que no bajan sus brazos y su ejemplo de lucha paso a paso ha sido integrado y multiplicado por las nuevas generaciones.

Para nosotros es un orgullo y una esperanza que sean los jóvenes quienes hoy llevan las fotos.

VERDAD, MEMORIA, JUSTICIA Y NUNCA MÁS TERRORISMO DE ESTADO.

Recibimos y difundimos