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Montevideo, 11 de abril de 2019

Buenas tardes compañeras y compañeros,

Los convocamos hoy, aquí, a manifestar juntos en apoyo a la institucionalidad democrática que los generales menospreciaron, y también para respaldar las medidas drásticas y largamente esperadas del Presidente de la República, de sancionar con una medida ejemplar que marcara con claridad la obligatoria subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, democráticamente elegido a través de las urnas.

Hoy, a más de una semana, nos encontramos aquí para defender nuestra democracia.

Porque estos hechos dejaron al descubierto lo que venimos denunciando y requiriendo de los poderes del Estado: cortar con la impunidad de los crímenes de lesa humanidad.

En estos días se demostró que es posible.

Es posible poner un freno a la impunidad y la omertá que se mantiene enquistada en las Fuerzas Armadas.

Es posible exigir a sus altos oficiales que se ajusten a nuestras normas constitucionales.

Se demostró también que se necesitaba voluntad política y compromiso de todos los gobernantes y de todas las instituciones para garantizar la no repetición de ese tramo tan triste de nuestra historia. No queremos más dictaduras. ¡Nunca más!

Se demostró también que la fuerza ciudadana, que no permitió el olvido, que rescató la memoria paso a paso por todo nuestro país, en estos más de 40 años de lucha que confluye en las marchas de cada 20 de mayo, en homenajes y movilizaciones sindicales y estudiantiles, es la fuerza principal que debe continuar, para exigir y respaldar este camino contra la impunidad.

Este es un primer gran paso. Esta es la excelente noticia que nos conmocionó a todos, saber que se puede. Nos conmocionó también que por primera vez, hubo de parte de los criminales, Gavazzo y Silveira, el reconocimiento de lo que hicieron, torturar, asesinar, desaparecer mujeres, hombres y niños.

Que quede claro, en este país no tienen lugar, no deben tener lugar nunca más, los torturadores, los violadores, los asesinos, los secuestradores, los ladrones que robaron los hijos y los bienes de sus víctimas, los que persiguieron e hicieron desaparecer opositores dentro y fuera de fronteras, los que sumergieron en el dolor a miles de mujeres, niños y hombres con cárcel, destierro, sufrimiento y miedo, de la mano del Terrorismo de Estado que aprendieron en la temible Escuela de las Américas y en los planes de estudio que construyen mentiras y justificaron oprobios, y en la Doctrina de la Seguridad Nacional donde les enseñaron a odiar y concebir a su propio pueblo como el principal enemigo.

Desde hace ya un largo tiempo se viene haciendo visible el desborde institucional de las Fuerzas Armadas. Cuestionando Ministros, cuestionando al Parlamento y por último, cuestionando al Poder Judicial. Los fallos de estos Tribunales de Honor, en palabras de quienes los integran, nos dicen claramente lo que HOY piensan las Fuerzas Armadas.

28 asesinatos especialmente agravados y la posterior desaparición de las víctimas, todos crímenes confirmados por la justicia, no eran para los generales una violación a su honor ni a su moral.

El reconocimiento expreso de la tortura, la muerte y desaparición de Roberto Gomensoro, hechas por Gavazzo y Silveira; la tortura y desaparición de Eduardo Pérez y la desaparición y posterior enterramiento de María Claudia García de Gelman no afectan, para ellos, el honor militar. Sí afecta al honor militar la no defensa de un camarada de armas. ¡Qué vergüenza para nuestra democracia!

Es imprescindible asegurar que la Justicia reciba toda la información e investigue con eficacia e independencia.

La democracia uruguaya no admite más dilaciones en investigar hasta las últimas consecuencias las responsabilidades de civiles y militares en la gestación y ejecución del terrorismo de Estado. Es imperioso terminar con la cultura de impunidad que los ha amparado hasta el momento. Así como terminar con la estrategia de dilatar los pronunciamientos judiciales como por ejemplo el pedido de inconstitucionalidad de la Fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad interpuesto por la defensa de los militares, que ha detenido todas las causas judiciales. Ganar tiempo ha sido su estrategia para pasar sus vidas en impunidad.

Apoyamos y respaldamos, el acto institucional de destitución del Ex Comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos.

Como también respaldamos el acto el haber cesado de sus cargos al ex comandante en Jefe del Ejército Gral. José González, y el ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Gral. Alfredo Erramún. Y exhortamos a una rápida respuesta por parte del Senado al pedido de venia para el pase a retiro obligatorio de los generales Claudio Romano, Carlos Sequeira, Alejandro Salaberry y Gustavo Fajardo que integraron los Tribunales de Honor y el Tribunal de Honor de Alzada.

Respaldamos la decisión del Presidente de los cambios ministeriales ante las omisiones constatadas y la remisión a la Fiscalía General de la Nación de los testimonios vertidos en los tribunales.

Señoras y señores, el clavo no está en si el Presidente sabía o no sabía, si le dijo o no le dijo. Ahí no hay que martillar.

Pero todos sabemos – y estos episodios lo comprueban- que nombrar un nuevo comandante no alcanza. Ya lo demostraron. El mensaje que dieron esos generales a todo el país fue claro, y los gobernantes todos, de todos los partidos, desde la salida de la dictadura, deben asumir su responsabilidad por no haber modificado a las Fuerzas Armadas en los últimos 34 años, y comprometerse, de ahora en más, sin banderas partidarias, a cambiarlas. Todos los partidos políticos son responsables de que todavía rija la Ley Orgánica Militar que fue escrita y aprobada en plena dictadura. Todos deben asumir la responsabilidad inmediata de modificarla.

Hoy  es imprescindible exigirle al nuevo comandante en jefe ciertas condiciones para ocupar su cargo.  Para poder tenerle confianza a la institución como tal, se le debe exigir desde el Poder Ejecutivo:

 A- Que condenen de forma expresa el accionar de las fuerzas armadas durante el Terrorismo de Estado.

B- Se comprometa con el respeto irrestricto de los derechos humanos.

C- Se comprometa con la búsqueda de toda la verdad y la aporte a la justicia como corresponde.

No aceptamos las declaraciones del comandante en jefe Claudio Feola, ni la ambigüedad de sus aclaraciones. No necesitamos Fuerzas Armadas que amenacen a su propio pueblo, gestoras de miedo en la sociedad. No necesitamos fuerzas armadas que ostenten de manera irrespetuosa privilegios que no corresponden. Queremos Fuerzas Armadas cuya función sea defender las fronteras de un enemigo externo  y que dejen atrás la Doctrina de Seguridad Nacional y su noción de enemigo interno.

Como nos legó Artigas, “El despotismo militar será precisamente aniquilado con trabas constitucionales que aseguren inviolable la soberanía de los pueblos”. Esas trabas constitucionales deben conducir a la reformulación de los propósitos de las Fuerzas Armadas y la reducción de su oficialidad de acuerdo a sus tareas.

Es imperioso reformular los programas de estudio. Los que aspiren a ser militares deben estudiar con el conjunto de la sociedad civil y recién a nivel terciario hacer una opción vocacional por la carrera militar. Es imperioso que accedan al conocimiento, a la tecnología, la visión de la historia y las ideas con suficiente profundidad y entendimiento como para construir un juicio crítico, siempre al servicio de la democracia del pueblo y para el pueblo. Nuestros militares deben recibir una formación profundamente constitucionalista, con el artiguismo como evocación filosófica esencial, contraria a toda dictadura en cualquier tiempo y en cualquier lugar.

Consideramos inaceptable la creación de una Guardia Nacional integrada por efectivos de las Fuerzas Armadas, formadas bajo la Doctrina de la Seguridad Nacional, según la propuesta que se plebiscitará este año.

La defensa de la democracia es un compromiso inquebrantable del movimiento sindical, social y de Derechos Humanos demostrado con una de las gestas más heroicas de nuestro pueblo, la gloriosa Huelga General del año 1973, con la que el pueblo uruguayo respondió al golpe de Estado. Reafirmamos la vigencia de la decisión de contestar con una huelga general frente a cualquier intento de quiebre de la institucionalidad democrática

Ese compromiso con la vida, esa lucha por la libertad tuvo también muchas expresiones en nuestro pueblo, especialmente la de las madres y familiares de los desaparecidos y la de los familiares de los presos, que en esos años oscuros abrieron rendijas de luz y hasta hoy mantienen la dignidad de un pueblo que no quiere venganza sino justicia: que no quiere impunidad ni privilegios para los responsables, que quiere verdad y memoria para construir una sociedad que pueda decidir su futuro sin mentiras ni engaños.

Ha sido siempre desde filas de nuestro pueblo y de las madres y familiares que se encararon las denuncias, las investigaciones, las búsquedas abnegadas y constantes de nuestros desaparecidos.

Han sido nuestras compañeras y compañeros ex presas y ex presos que han denunciado las torturas en los centros de reclusión, las muertes por tortura en los cuarteles o en viles fusilamientos en las calles, las muertes en la sala 8 del hospital militar por negligencia o ausencia de asistencia médica. Han sido los sobrevivientes de la tragedia de Automotores Orletti que persistentemente denunciaron y demostraron los secuestros, las desapariciones, los traslados internacionales ilegales, el montaje de parodias de invasiones que nunca existieron, que tuvieron a Gavazzo y Silveira, entre muchos otros, como principalísimos artífices de la gran mentira y la monstruosa decisión en procurar de aniquilar opositores en el marco del Plan Cóndor directamente dirigido por las más altas autoridades de las Fuerzas Armadas de nuestro país en tiempo de dictadura.

Estamos acá para reafirmar en qué país queremos vivir. Un país donde prime el derecho a la verdad sobre todo lo sucedido, el derecho a la justicia, el derecho a vivir en un país democrático, el derecho a la protesta, el derecho a la paz, el derecho a la felicidad.

El honor es edificar un país donde siempre La cuestión es sólo entre la libertad y el despotismo.

Compartimos la alegría del reciente encuentro de la hija de Norma y Carlos, fruto de la lucha de nuestras abuelas argentinas. Como dijo su papá, nosotros también llevamos miles de noches soñando con encuentros similares.

Por verdad, justicia y memoria. NUNCA MÁS TERRORISMO DE ESTADO.

 

            

 

Montevideo, 1 de Abril de 2019.

 

A la opinión pública

 

En el comunicado emitido el 20 de marzo pasado, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, expresó claramente lo que hoy se confirma.

1 – Ante el Tribunal de Honor, convocado por el fallo judicial por 28 asesinatos especialmente agravados; los criminales confiesan la tortura, asesinato y desaparición de Roberto Gomensoro (marzo de 1973), Eduardo Pérez (mayo de 1974) y María Claudia García. A pesar de esto los integrantes de dicho Tribunal no encuentran que estos crímenes lesionen el honor de las Fuerzas Armadas, así como tampoco entienden pertinente remitir estas declaraciones a la Justicia, siendo esa su obligación. Esto pone de manifiesto cuál es la concepción del honor que tienen hoy los mandos militares y la doctrina que los motiva.

 2 – Respaldamos la rápida respuesta del Presidente y confiamos que el Senado actúe en consecuencia.

3 – Entendemos que para nombrar un nuevo Comandante en Jefe, se debe tener en cuenta su posición sobre el período del Terrorismo de Estado, los delitos de lesa humanidad cometidos y se le debe exigir una condena expresa a estos hechos. Asimismo debe asumir el compromiso con el respeto a todos los Derechos Humanos; la búsqueda de la verdad y aportarla a la Justicia como corresponde.

4 – El Parlamento tiene en el orden del día la discusión de la Reforma de la Ley Orgánica Militar. En esta discusión se debe tener en cuenta que las Fuerzas Armadas están formadas bajo la Doctrina de la Seguridad Nacional y actúan hoy en consecuencia. Por lo tanto entendemos que  debe reducirse la oficialidad y la tropa al mínimo necesario, deben modificarse sus planes de estudio y sus cometidos deben atenerse a lo estrictamente dictado por la Constitución.

5 – Visto lo anterior confirmamos una vez más que es completamente improcedente e inaceptable la creación de una “Guardia Nacional” integrada por efectivos de estas mismas Fuerzas, que han expresado claramente cuál es su moral y su concepción del deber que tienen con la ciudadanía; según la propuesta que se plebiscitará este año.

Verdad – Justicia – Memoria.

Nunca más Terrorismo de Estado.

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos

Montevideo, Marzo de 2019

 

A la opinión pública

 

Como es de público conocimiento, el Presidente de la República, cesó en su cargo de Comandante en Jefe del Ejército, al Gral. Guido Manini Ríos.

Hace mucho que venimos reclamando un coto a sus amenazas y mentiras, a sus desbordes constitucionales opinando como un operador político. Y cuando en esa omnipotencia que le permitieron, mintió deliberadamente al Ministro y a través suyo a todos nosotros, sobre el lugar de enterramiento de un desaparecido, pedimos su destitución.

A pesar de lo peligroso de la demora en tomarla, apoyamos esta decisión, no sólo por lo legítimo de la misma sino como un necesario acto de defensa del sistema democrático de nuestro país.

Es más que pertinente ante su deliberada manifestación de no respetar el orden institucional al que se debe.

Si bien Manini Ríos fue el más notorio vocero, ésta ha sido la actitud de todos los Comandantes en Jefe desde el retorno democrático: extralimitar sus funciones constitucionales, defender el golpe de Estado, avalar su conducta criminal de los 12 años de dictadura y ocultar la información de todo lo que hicieron.

Por la vía de los hechos y avalados por la tolerancia de los distintos gobiernos, se negaron a volver a los cuarteles sin más, reclamando y manteniendo su injerencia en decisiones políticas, negándose a comparecer ante los juzgados continúan, aún hoy, defendiendo el rol que cumplieron y están dispuestos a reiterarlo.

Las Fuerzas Armadas continuaron practicando el espionaje a los partidos políticos, organizaciones sociales y la ciudadanía toda, por lo menos hasta el año 2005 (como demostró la Comisión Parlamentaria sobre espionaje en democracia, enviando sus gravísimas conclusiones a la justicia a fines del 2018).

Desde siempre, se han negado a reconocer su actuación criminal durante el período del Terrorismo de Estado y cuando embretadas por la imposición de Tribunales de Honor a los criminales condenados por la Justicia, es que dejan constancia por escrito sobre lo que realmente piensan. El fallo del Tribunal de Honor a Maurente, Silvera y Gavazzo, constituyen la más cruda foto del Ejército que tenemos hoy.

Por unanimidad estos Tribunales, consideran que la actuación de estos relevantes criminales (la tortura, los asesinatos, las violaciones, el robo, la apropiación de niños, la desaparición forzada, etc.) no afecta la moral de la Institución. Este es el honor del Ejército actual.

Son estos incalificables resultados, los que Manini Ríos y sus generales defienden a ultranza y para hacerlo atacan sin tapujos al Poder Judicial en su conjunto.

Antes en la cerrada defensa de sus incuestionables privilegios, cuestionó a un Ministro y al Parlamento. Así en poco tiempo el ex comandante menoscabó a los tres Poderes del Estado democrático de nuestro país.

Este peligroso camino que erosiona día a día nuestra institucionalidad democrática viene siendo lamentablemente aceptado y el sistema político en su conjunto fue omiso en ponerle un freno a su desarrollo.

Ante esa falta de firmeza, Manini Ríos continuó actuando y su ejemplo fue seguido por otros altos mandos, como el Gral. Alfredo Erramún, que en un nuevo acto de vil chantaje pretende cambiar remotas posibilidades de información por más impunidad, como si ya no hubieran gozado de años de ella sin ofrecer jamás un ápice de verdad.

Nos hemos expresado en un sinfín de oportunidades sobre las condiciones indispensables para quien comande la Institución militar: debería sostener una firme postura que condene el pasado golpista y asumir el compromiso de proporcionar toda la información que poseen a la Justicia, para que ésta pueda actuar tanto en la búsqueda de los detenidos desaparecidos como en el juzgamiento a los responsables de estas graves violaciones.

Pero el comandante en jefe recién nombrado, integró y votó las sentencias de los Tribunales de Honor, haciéndose eco del cuestionamiento al Poder Judicial y al concepto de que las cuantiosas pruebas de tortura, violaciones etc. que se presentaron no infieren delito alguno que toque el honor de la Institución. Empezamos mal, muy mal.

Hacemos un llamado a la responsabilidad de todo el espectro político.

Ha permanecido entre nosotros un poder paralelo; nada se arregla cambiando de nombre si no vamos al fondo de la cuestión. Lo que nos queda es terminar de comprender que si no se efectúan los cambios imprescindibles dentro de las Fuerzas Armadas, continuaremos en esta eterna y endeble transición, que se ve más débil aún en el concierto autoritario que está creciendo en América Latina.

La totalidad de los partidos políticos y los representantes de los tres Poderes deberían haber cerrado filas apoyando al Ejecutivo en un momento tan crucial. Sólo la ceguera electoral o la complicidad pueden justificar las críticas y aún los apoyos otorgados al ex comandante.

Este año, en que se discute la Reforma de la Ley Orgánica Militar, el Parlamento que tiene un deber muy grande con la ciudadanía, debiera hacer cambios profundos al definir las funciones de las Fuerzas Armadas. Esencialmente acotando sus cometidos en este pequeño país, que no precisa guerras sino soluciones sociales. No precisa tropas  sino obreros que levanten viviendas; bomberos que prevengan incendios forestales, educadores, médicos, técnicos, redimensionándolas a lo estrictamente necesario.

Debemos reformular las Fuerzas Armadas, hacerlo a fondo y en serio, afianzando su sentido democrático, marcando sus límites, sus objetivos y su formación, para que abandone de una vez por todas la Doctrina de la Seguridad Nacional, que permanece como la guía de su accionar, terminando así con los privilegios y todas las rémoras del período dictatorial.

Su desmesurado número de integrantes, especialmente su abultada oficialidad generada, ocupando cargos durante los años de dictadura se hace insostenible además, por su enorme costo y su innecesario despliegue a tareas que no debieran ser de su competencia. No son agentes sociales. Se deben a una verticalidad que hoy peligrosamente está cuestionando su mando superior que es el Presidente de la República.

Es a esa excesiva tolerancia y prebendas a sus oficiales que les otorga su Ley Orgánica vigente, creada por ellos en plena dictadura, lo que el sistema político debe cuestionar y reformular. Pero reformular en serio.

Es una Institución especialmente subordinada al poder civil. Y todos los partidos que se presentan a la contienda electoral deberían jerarquizar este aspecto y comprometerse a que ningún Ministro de Defensa provenga de sus filas.

Y, por sobre todas las cosas no entreguemos nuestra seguridad como un cheque en blanco a quienes ven como honorable la tortura, los asesinatos, las desapariciones, las violaciones, el robo de niños. Recordemos que en un pasado no muy lejano supimos el día en que salieron a las calles pero no cuándo regresarían a los cuarteles. Y sobre todo, lo que vivimos mientras estuvieron en ellas.

Por lo tanto una vez más, como lo hicimos en el comunicado del 30 de noviembre de 2017: Nos dirigimos al Estado todo, responsable ayer y hoy de la impunidad, a comprometerse con estos cambios. Al gobierno y a la oposición, ya que ésta lucha no tiene bandera partidaria. La necesitamos todos, es de todos. Y aún estamos a tiempo.

Todos han expresado en estos días que la búsqueda de los desaparecidos debe continuar. Ese derecho requiere de compromisos y medidas que seguimos esperando: las Fuerzas Armadas de este país los secuestraron, los torturaron en sus predios, lo hicieron con su personal y registraron en actas que todos absolutamente todos los Comandantes en Jefe custodiaron y seguirán custodiando mientras nos amenazan, hasta cuándo?

Verdad – Justicia – Memoria

Nunca más Terrorismo de Estado.

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos