Oratoria del Prof. Oscar Destouet – 30 de Agosto de 2021

Día Internacional del Detenido Desaparecido

30 de agosto 2021 – Sala Zitarrosa

El Juicio de Roma

Oscar Destouet

El 9 de julio próximo pasado, luego de 22 años de iniciado el proceso judicial la Corte Suprema de Justicia de Italia ratificó la cadena perpetua a los responsables del Plan Cóndor, entre ellos a 13 uruguayos y encarceló al Capitán Jorge Tróccoli. Recordemos someramente la historia.

La década de los 90 fueron años donde el dolor convivió con la impunidad y la desesperanza.

En diciembre de 1986 se votó la ley de impunidad y el 16 de abril de 1989 la ciudadanía ratificó con su voto dicha ley. El miedo, entre otras razones, fue factor fundamental para que crímenes inenarrables no se investigaran y sus responsables sortearan no solo los Tribunales de Justicia sino el conocimiento público de los hechos.

Tuvimos desaparecidos, pero no desaparecedores.

Las políticas de impunidad, negación y silencio recorrieron el continente. Se le llamó Punto Final, Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, Obediencia Debida o simplemente olvido. Algunos minimizaron los hechos y negaron su magnitud.

La convocatoria a una Marcha del Silencio por 18 de julio el 20 de mayo de 1996 transformó el silencio impuesto en un silencio activo reivindicando memoria y justicia. Con una presencia multitudinaria se demostró que las voces de tantos ya no podrían ser silenciadas. El reencuentro en la calle revivió nuevas esperanzas.

Al no ser posible ejercer el derecho a la justicia en nuestras tierras se iría a donde sea para lograrlo. La consigna “como a los nazis, a donde vayan los iremos a buscar” caló hondo en muchas mentes a lo largo del mundo. “Hay que aprender a resistir. No a irse ni a quedarse, a resistir” escribió Juan Gelman.

En 1998 el juez español Baltasar Garzón solicitó la extradición del dictador de Chile Augusto Pinochet que se encontraba en visita privada en Londres. Fue detenido. Trámites legales lo salvaron y lo devolvieron a su país. No se logró el objetivo, pero quedó demostrada la legitimidad de la justicia tras-nacional frente a crímenes de Lesa Humanidad.

Ese mismo año un grupo de victimas se reunieron en la sede SERPAJ, participó Luz Recagno, María Bellizzi, Aurora Meloni, Felipe Michelini, Raúl Olivera y Guillermo Payseé en nombre de SERPAJ en coordinación con Cristina Mihua residente en Italia y Zelmar Michelini (h) residente en Francia. Deciden presentar una demanda judicial ante un Tribunal en Roma reclamando justicia por un grupo de asesinados y desaparecidos de origen italiano. Contaron con el apoyo de la Secretaría de DD. HH del PIT CNT cuyo responsable era Luís Puig.

En 1999 parten rumbo a Roma Luz Ibarburu madre de Juan Pablo Recagno y María Bellizzi madre de Humberto Bellizzi desde Uruguay, desde España Marta Casal de Gatti esposa de Gerardo Gatti y desde diferentes ciudades italianas Aurora Meloni, esposa de Daniel Banfi asesinado en Bs. As en 1974 y Cristina Mihura esposa de Bernando Arrnone secuestrado y desaparecido en 1976.

El objetivo era dialogar con el Fiscal Giancarlo Capaldo sobre la viabilidad de entablar un juicio penal en defensa de los derechos de ciudadanos italianos en el marco del Plan Cóndor.

Ese año se dieron las dos primeras denuncias a cargo de las residentes en territorio italiano. Tiempo después se integraron María Ester Gatti de Islas, madre de M° Emilia y abuela de Mariana, Marta Giordano hermana de Héctor Giordano, René Pallares madre de Julio D’Elía, Graciela Borelli hermana de Raúl Borelli y la familia de Raúl Gambaro (residente en Italia). Todos de origen italiano. Desde el inicio se tuvo el apoyo de la asociación de DD. HH 24 de marzo de Italia, organizaciones sindicales, comunas, etc.

La Justicia italiana asume la potestad de investigar homicidios de personas italianas cometidos en el exterior y admite que el juicio se lleve a cabo sin la presencia de los imputados (juicio en ausencia). Hubo antecedentes, los Tribunales italianos ya habían iniciado investigaciones por delitos cometidos durante la dictadura argentina.

En el 2007 un hecho relevante vinculó nuevamente justicia y cobardía. Sin imaginar sus consecuencias futuras, se produjo la fuga del Capitán Jorge Tróccoli hacia Italia para eludir un proceso judicial que se abría en nuestro país y lo involucraba.

Frustrada la solicitud de extradición del prófugo se produce un vuelco en la estrategia judicial. Ingresa el Estado uruguayo como parte afectada. También el Frente Amplio.

Al fugado Tróccoli se lo juzgó como un italiano acusado de delitos de Lesa Humanidad, y la condena prevista para esos delitos era la Cadena Perpetua.

Pasaron más de 16 años, con marchas y contramarchas en búsqueda de Verdad y Justicia. En el 2015 y 2016 comenzaron las audiencias públicas en Roma. Cientos de testimoniantes, académicos, periodistas, dirigentes políticos y juristas provenientes de diversos países del mundo hicieron sentir su voz y sus sentimientos. Se investigó en profundidad el Plan Cóndor, sus planes operacionales y a los responsables de delitos de Lesa Humanidad. Se celebraron 60 audiencias públicas.

El procedimiento se basó en la propia legislación italiana para la cual los asesinatos aberrantes cometidos por organizaciones mafiosas no prescriben. Se demostró que el Plan acordado en la Conferencia de Ejércitos Americanos reunida en Santiago de Chile en 1975 fue una red secreta de Inteligencia y contrainsurgencia entre las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para el intercambio de información y personas incluyendo secuestros y asesinatos. Tuvo su origen en la cooperación bilateral entre las fuerzas militares y policiales en el marco de la Guerra Fría y la política de Estados Unidos en la región.

Carlos Osorio, Director del Proyecto Cono Sur de la Universidad George Washington presentó ante el Tribunal un documento fechado el 26 de julio de 1976 que confirma la coordinación con la CIA y el Departamento de Estado de EE.UU. El documento proporciona nombres de detenidos en Bs. As entre ellos Gerardo Gatti y León Duarte. Es el primer documento oficial que confirma el accionar y los contactos entre las fuerzas represivas de la región. También refiere al Senador Zelmar Michelini.

Isabel Allende y Zelmar Michelini (h) presentaron su testimonio que ilustró el clima político en el que estuvieron inmersos sus padres en los últimos momentos de su vida.

“Soy Isabel Allende, hija de Salvador”. Así empezó el testimonio quien fuera la Presidenta del Senado Chileno. Contó su llegada a La Moneda en la mañana del 11 de setiembre de 1973: “Él nos reunió en un salón y agradeció la presencia de la gente, pero pedía que salieran, decía que no era necesario sacrificar vidas. Pero nadie quiso salir”.

Zelmar (h) relató ante el tribunal “yo tenía 18 años y vivía con mi padre en el Hotel Liberty en una pieza chiquita con dos camas. La primera cosa que mi padre me dijo cuando llegué a Bs. As fue la de tener cuidado porque había policía por todos lados. A veces hasta se instalaban policías dentro del Hotel. En otras ocasiones salíamos y veíamos que nos seguían. Yo estaba con él el día que llegaron los militares al hotel y se lo llevaron”.

Como lo remarcó Sara Méndez “los testigos son sobrevivientes y victimas. Tenemos todavía que romper el temor que tenemos, para contar el temor. Y no queremos ser víctimas, sino rescatar nuestra función, que es la razón por la cual sobrevivimos. Para hablar”.

Al momento de la sentencia en Roma, el Plan Cóndor ya había sido reconocido judicialmente en Uruguay (2009), Argentina (2016) y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en dos oportunidades (Goiburú Vs. Paraguay, 2006 y Gelman Vs. Uruguay, 2011). La diferencia fue que en esos casos la Operativa Cóndor fue el contexto, en el Juicio de Roma la Operativa se investigó en su conjunto y fue centro del pronunciamiento, ejemplarizado con casos que tuvieron como víctimas directas a ciudadanos italianos, y el accionar de un victimario el ciudadano italiano Jorge Tróccoli.

Con el respaldo de documentación de archivos del Estado el testigo Martín Ponce de León probó que “al día siguiente a la llegada de Tróccoli a Argentina, y por dos días, hasta que él regresa a Uruguay, se desata la ola de secuestros que incluye compañeros de los GAU [Grupos de Acción Unificadora] y de otros sectores políticos vinculados en Buenos Aires a los GAU en la Unión Artiguista de Liberación”.

Para finalizar, algunas ideas sobre el legado del Juicio de Roma:

– Se ratifica el valor universal de la Justicia. Delitos aberrantes como los ocurridos durante las dictaduras dañan la conciencia y la dignidad humana universal. La verdad es un derecho universal.

– Se reafirma la imprescriptibilidad de los delitos de Lesa Humanidad.

– La voz de las víctimas fueron fuente de verdad y su testimonio abrió puertas a otras búsquedas, reconociendo lugares y responsables.

– Se confirmó un viejo secreto a voces. El Estado registra, guarda y reproduce las constancias de su actuación por más ocultas que hayan sido. La presentación de documentos probó lo dicho por los testigos y también abrió nuevas miradas que contribuyeron a la localización de los responsables.

– Se legitimó el relato y la magnitud de los horrores de los daños sufridos.

– Contribuyó a recuperar la capacidad de asombro e indignación.

– Las condenas a Cadena Perpetua de los responsables ideológicos y materiales contribuyeron a revalorizar la democracia y la cultura de derechos. La Justicia es un derecho y una garantía.

Hoy es momento, necesidad lo fue siempre, que se haga público un índice descriptivo de la documentación atesorada en las Agencias de Inteligencia del Estado. Es un derecho que atañe a la verdad y a la cristalinidad de la función pública.

Es tiempo de la creación de un Archivo Nacional de la Memoria como entidad pública que reúna diferentes fondos documentales sin perder el contexto y lugar donde fueron generados, que al ser liberados del secretismo militar se transformen en fuente de información, verdad y derecho a saber.

Es momento que el Estado declare Ciudadanas Ilustres a María Bellizzi, Aurora Meloni, Cristina Mihura, Martha Casal, Marta Giordano y Graciela Borrelli. Montevideo las vio nacer, crecer y luchar, las valora por su dignidad, por trasmitir paz y esperanza, por luchar por los derechos de todos. El Estado debería reconocerlas y en ellas a todos los familiares y las víctimas.

Reafirmamos la exigencia del cumplimiento de los mecanismos de prevención establecidos por la legislación nacional y los acuerdos internacionales (Convención Interamericana para la Protección de todas las personas contra la Desaparición Forzada así como la aplicación de los principios Rectores para la búsqueda de Personas Desaparecidas del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada y las recomendaciones del Grupo de Trabajo, para Nunca Más desapariciones forzadas ni en Uruguay ni en el mundo.

Parafraseando a José Martí “La mejor manera de decir es hacer”.

Muchas gracias

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