30 de agosto 2019.
Hoy es un encuentro especial.
Conmovidos y expectantes, a tres días de un hallazgo, tener que hablar de la Desaparición Forzada, además de la emoción inocultable, de la fuerza que da recuperar un nuevo cuerpo-, porque es posible, porque ahí están, nos pone sobre la mesa las mismas preguntas: Cómo es que llegamos acá? ¿Porqué recién hoy? ¿Por qué apenas cinco? ¿Por qué tantos años de impunidad?
Todo nos habla de lo que continúa oculto, nos cuestiona sobre quiénes lo ocultan y porqué. Pero también nos dice que es posible sacarlo a la luz. Con todo lo que esa luz enriquece nuestro presente.
Nos refuerza el compromiso que asumimos de encontrarlos a todos y recuerda las dificultades de este camino. Los cientos de obstáculos que a lo largo de estos años venimos explicando, denunciando y exigiendo su remoción.
Esta fecha nos interpela aún más. Porque la Desaparición Forzada que continúa presente en Uruguay enquistada en el ocultamiento de los cuerpos de nuestros desaparecidos, cobijada por políticas permisivas hacia sus perpetradores, protegida por barreras de impunidad, se extiende por el mundo, tanto que hoy coexiste con distintos regímenes no sólo dictatoriales y abarca a todo tipo de victimas.
Su permanencia y la cultura de impunidad generada, matrizan en muchos aspectos esenciales la construcción de nuestra democracia.
La desaparición forzada, vale recordarlo, es un delito de derecho internacional, de lesa humanidad, imprescriptible y tiene un carácter permanente; articula estrategias de ocultamiento y destrucción de pruebas desde el inicio (detención secuestro u homicidio) como forma de invisibilizarse y que perdure en el tiempo como amenaza desestabilizadora y paralizante para los demás. Su mayor efecto es social (el desconcierto, el silencio, el miedo, la dificultad de demostrar que sucedió, la amenaza implícita para todo tipo de lucha) y no cesa hasta que se encuentren los restos y se desenmascare todo lo que se conjuga en él.
Para todo eso, es necesaria la complicidad del Estado; la inicial al momento de la detención o el secuestro y las sucesivas que lo mantienen oculto e impune. Incluyendo a los gobiernos posteriores a las dictaduras, si no tienen el claro propósito de cortar de raíz sus efectos.
Hacerlo, implica acciones comprometidas, firmes y profundas que tienen que ver con la justicia, con investigar, conocer , sancionar y divulgar todo lo que pasó y con la desarticulación y transformación a fondo de la institucionalidad del estado dictatorial que cometió el crimen, En particular las FFAA que fue el brazo ejecutor de ese terrorismo de estado.
En nuestro país, las desapariciones se dieron en el contexto represivo del avance hacia la dictadura y la posterior instalación del Terrorismo de Estado como resultado de la persecución masiva que se hizo a todo tipo de oposición política y social.
En dicho marco, se ejecutó o torturó hasta la muerte a más de 400 compatriotas y con un criterio selectivo que aún tenemos que desentrañar, algunos de esos cuerpos no fueron entregados: nuestros desaparecidos.
Las desapariciones se inician antes del golpe de estado, en 1971, con el secuestro y desaparición de dos militantes del MLN: Abel Ayala y Héctor Castagnetto, a manos de escuadrones de la muerte, (grupos para-policiales durante el gobierno de Pacheco Areco). Y se continúan a lo largo de toda la dictadura.
El decreto del 1971 da a las FFAA la conducción de la «lucha anti subversiva» y en ese mismo año se forma la OCOA que junto al SID, serán como organismos especializados, el brazo ejecutor de la represión durante el Terrorismo de Estado.
El quiebre institucional venía madurando.
En el 72, con la declaración del Estado de guerra interno y la ley de seguridad del estado, se legaliza la arbitrariedad y todo detenido pasa a ser “desaparecido” sin protección legal por días -semanas, en un proceso que no se detendrá hasta la disolución del Parlamento en junio del 73.
Ese camino abonado por decretos y leyes parlamentarias llega al golpe encabezado x un presidente electo. Rechazado inmediatamente por la histórica huelga general y aplaudido por las grandes cámaras empresariales y los grandes medios.
Hoy sabemos mucho de los 12 años que siguieron. De las torturas, las muertes, los planes supranacionales, del Cóndor.
De todo resaltamos una vez más el innegable carácter institucional q tuvo la represión, la tortura, la muerte, las ejecuciones y desapariciones llevadas adelante por las FFAA uruguayas.
A las denuncias de cientos de testigos, hoy sumamos los aportes de sus propios archivos. Negaron su existencia, pero aún los pocos conseguidos, recortados y tachados, claramente los incriminan.
Nada de lo realizado se hizo sin contar con la aprobación de los más altos mandos y las órdenes precisas de toda la cadena jerárquica de las tres armas. El OCOA, el SID no eran una patota ni un grupo suelto de dementes. Ninguna operación fue realizada sin una planificación previa, órdenes específicas y detallados informes posteriores (muchos de los cuales hoy se aportan a la justicia). Nadie, en este país, en un sistema cuyo sustento es la disciplina y la subordinación, mató, desapareció, ni enterró clandestinamente a nadie sin cumplir una orden y sin informar exhaustivamente a sus superiores.
De los compañeros y compañeras asesinados a lo largo de estos mas de 12 años, ellos resolvieron que cuerpos entregar y a quiénes desaparecer y ocultar sus restos (como decíamos antes, con un criterio selectivo que todavía tenemos que desentrañar) –como ejemplo público ahí está Gavazzo, acusando a Esteban Cristi de ser quien toma la decisión de desaparecer a Roberto Gomensoro una vez asesinado.
Fueron los más altos mandos los que decidieron el destino de nuestros familiares
La desaparición tiene una sistematización, que de a poco se va aclarando y con ella las responsabilidades .No parece una casualidad que 4 de nuestros desaparecidos fueron hallados en los predios de los ex Batallones 13 y 14, batallones que no dependían de una región militar, sino directamente del Comandante en jefe de turno: Chiape Posse, Vadora, Gregorio Alvarez, Queirolo, Boscan Hontou.
Ellos tuvieron la información y tomaron o accedieron a la decisión.
Fueron luego los Comandantes en Jefe desde esos años hasta hoy, quienes siguen decidiendo el ocultamiento.
También son los gobiernos, presidentes, ministros, legisladores y Supremos Tribunales de Justicia del año 85 a la fecha quienes no exigieron que entregaran la verdad.
Durante los años de Terrorismo de Estado, desde toda la institucionalidad del estado se vigiló, amenazó, persiguió; se impuso un disciplinamiento a toda la sociedad, que era su verdadero objetivo. Se intervino la educación y la cultura. Los medios de expresión y hasta el lenguaje.
Se utilizó toda la estructura del estado, hasta la diplomática para perseguir y controlar a los exiliados. Se acordaron y consolidaron planes macabros internos y externos, de intercambio de prisioneros, de secuestros, ejecuciones, apropiaciones de nuestros hijos y nietos.
Así de grave y profundo fue el Terrorismo de Estado
Por lo tanto, la tarea de construcción democrática posterior era mucha, y el único camino: verdad y justicia.
Los primeros gobiernos lo bloquearon. Negando y tergiversando los hechos, legalizando la infamia e impunidad con la ley de caducidad. No era raro, los mismos políticos que alentaron el golpe, estaban nuevamente en el ruedo.
Quedaba claro que había cambios que sólo se podían dar con un gobierno diferente, que reconociera lo sucedido, libre de complicidades y comprometido con su pasado claramente anti dictatorial.
La deuda no era exclusivamente con los muertos y desaparecidos sino con toda la sociedad que debía reconocerse, cuestionarse y liberarse de lo que se quería naturalizar, la impunidad del Terrorismo de Estado.
En el 2005, el Frente Amplio no estuvo a la altura de la demanda histórica para conducir las acciones profundas que precisábamos.
-Para liberar e impulsar una justicia independiente que cortara el paso a la impunidad.
-Para reformular las instituciones que seguían intocadas, donde sin lugar a dudas, entre todas, las FFAA era la principal, aunque no la única. Su oficialidad de aquellos años, aún activa y muy especialmente sus Comandantes, sus mandos, sus servicios de inteligencia, debieron ser cesados.
El desafío era uno y ese momento una nueva oportunidad: democratizar nuestra sociedad. Romper las barreras de inclusión y pobreza junto a una comprometida batalla contra la impunidad.
Los logros sociales debían ser sostenidos por la conciencia de lo que costaron, de las luchas por la libertad, contra la dictadura y de las luchas anteriores, por trabajo salario, educación. Todo lo que el autoritarismo arrasó, todo por lo que el autoritarismo persiguió, mató, desapareció y permanecía avalado por la impunidad.
La participación de esas Fuerzas Armadas en la dictadura debía ser cuestionada públicamente y juzgada (aunque hubieran pasado años, aún lo es) no sólo individualmente, porque no actuaron así, sino preguntarnos como sociedad algo que sigue pendiente: Qué FFAA necesita, este país. Claramente no son las que se vuelcan contra su pueblo al que deberían defender. ¿Entonces: para qué?
Y mientras tanto: ¿Con qué número de oficiales? ¿Con cuál formación? ¿Para cumplir cuáles tareas? Se debió derogar su ley orgánica del 74, en ese momento, cambiar drásticamente su vínculo con el ministerio de defensa, al que nunca se subordinó del todo y no arrastrar lo que se venía dando.
Este tiempo perdido fue mucho.
Claro q hubo avances y no los negamos, pero si cuestionamos que esos avances en tandas, de a poquito, no llegaron al corazón del problema.
Y en este tiempo, se consolidaron dos cosas muy importantes y negativas.
– Una cultura de impunidad que se extiende más allá de los crímenes que ampara. Que no es sólo judicial, aunque haya fragilizado al sistema de justicia y el valor de la misma y por tanto al propio estado de derecho. Una impunidad “descontextualizada”, totalmente inexplicable e inadmisible para una sociedad que valora el respeto y la libertad.
-Y unas FFAA cohesionadas en el orgullo de lo que hicieron en dictadura, de su pasado criminal, convencidas de su mesianismo salvador, formadas hasta ahora en los valores de aquéllos años y sintiéndose la reserva moral de la nación.
La ideología que los sostuvo hasta hoy, no ha sido derrotada, ni siquiera se ha acallado.
A pesar de todo lo que se conoce, la impunidad funcionó como un aval a lo actuado. El Estado les ha ido otorgando nuevas oportunidades: Misiones de paz, defensa de la frontera. Ha permitido sus manifestaciones sobre temas ajenos a su incumbencia, sus mentiras deliberadas sobre el paradero de restos de desaparecidos y todo lo q conocemos con su profusa presencia de opiniones y críticas en los medios.
Desde que se hicieron públicas las actas de los Tribunales de Honor este panorama, ampliamente denunciado en estos años, explotó y se hizo inocultable.
El hasta ese momento comandante del ejército, Manini Ríos lo utilizó para atacar al Poder Judicial y como ya lo venía anunciando, usó su investidura y la estructura estatal como plataforma para lanzarse al ruedo político.
También provocó una inmediata y positiva reacción del presidente (dar de baja a 7 generales) que apoyamos firmemente, aunque cuestionamos su falta de transparencia. Esa firmeza era la que estos acontecimientos ameritaban.
Fue lamentable la decisión del senado, que con un confuso mensaje de valores a la sociedad permitió, una vez más, que estos graves hechos quedaran sin sanción y dejó a esos generales al mando del ejército.
Hoy, la existencia de un partido militar, creado desde la institución, testifica tristemente esta situación.
En esta peligrosa confusión y con total irresponsabilidad de parte de sus impulsores, se plebiscitará una reforma constitucional que pretende poner a estos militares nuevamente en las calles. Nos oponemos totalmente a esta campaña. Entre los muchos motivos (que en esta mesa explicó Martín) porque además significa una marcha atrás en la conciencia sobre su papel institucional en la dictadura que aún no está aclarado y mucho menos saldado, sino todo lo contrario.
Este es el corazón de nuestra lucha, porque es la impunidad quien acarrea estos peligros, la que condiciona nuestra convivencia, nuestro presente y las luchas del futuro.
Apoyamos desde el primer momento la campaña “NO a LA REFORMA” y convocamos junto a ellos a los distintos sectores de la sociedad, como ya lo están haciendo, a sumarse a esta iniciativa.
Nos ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí, pero acá estamos.
Cuando parecía todo liquidado por el resultado negativo del voto verde, se volvió a empezar. Desde el sótano de Serpaj, con su indeclinable voluntad, algunas madres resistieron el aislamiento, nos dieron la esperanza y la fuerza para continuar esta lucha. Y lo hicimos.
Ante el bloqueo de la justicia local, hace casi 20 años, unos pocos familiares iniciaron la causa frente al tribunal de Roma. Hoy festejamos su resultado con una sentencia trascendente.
La perseverancia, la permanencia, ha sido transmitida por nuestras madres en esta lucha tanto como la justeza de sus objetivos.
Hoy los jóvenes compañeros del GIAF nos dan una clara muestra de ello. Su fuerte compromiso y gran convicción son lo que posibilitaron este logro. Como dijimos antes, es a ellos y a otros persistentes compañeras y compañeros que rodean la tarea que se los debemos.
Cada hallazgo nos devuelve mucho más que a la querida o querido compañero que tanto buscamos. Trae la esperanza que esta lucha los rescatará a todos y con ellos abrirá un camino de mayor libertad.
Por lo tanto, no hablamos del pasado. Esta lucha la estamos gestando hoy cada día, cuando queremos justicia, cuando no queremos aceptar lo inaceptable, cuando queremos cuidar nuestras fuentes de trabajo, el medio ambiente, la diversidad de derechos. La lucha por todos los derechos confluye y se potencia. Y sale a las calles de todo el país los 20de mayo. Hace mucho que no estamos solos.
Hay que buscarlos y encontrarlos. Con más fuerza, más investigación y exigencia a quienes deben aportar datos y no obstruirlos.
Recibimos con gran expectativa el proyecto de ley para la búsqueda de nuestros desaparecidos que presidencia presentó hace unas semanas a la Comisión de legislación y códigos.
Es auspicioso que quede en manos de un organismo independiente como la Institución Nacional de Derechos Humanos. El proyecto es claro y explicita las potestades y presupuesto imprescindible para llevarlas adelante.
Todos los presidenciables se han expresado a favor de esta búsqueda. Tienen la oportunidad de que no sean sólo palabras de campaña electoral sino votos concretos y unánimes para este proyecto con estas potestades. Sin ellas, no tiene sentido ni credibilidad, ni asegura resultados concretos.
Y la justicia. ¡¡La queremos toda!! Aunque ya tan tardía, sea poco o nada reparadora, no podemos dejar a otra generación esta batalla. No renunciaremos a que el Poder Judicial incorpore los delitos de lesa humanidad. Y se conforme una nueva Suprema Corte de Justicia que lo sostenga, en sintonía con el trabajo serio y activo que está desarrollando la Fiscalía Especializada.
Decimos siempre: No existe Estado que vaya a asumir estos compromisos sin un impulso popular decidido. Lo demuestra la tardanza de todos estos años. Por eso es imprescindible una sociedad informada, consciente, atenta, involucrada; que no tolere las debilidades, los ocultamientos y las demoras en este tema. No más.
Que no tengan cabida en esta sociedad ni los crímenes ni sus perpetradores. Ni los ideólogos de estas barbaries, que se maquillan y reciclan una y otra vez. Todos somos Familiares.
“Hoy hay un cuerpo más entre nosotros. Un cuerpo como marca, como grito, como recuerdo. Un pedazo de nuestra identidad que se vuelve visible y que nos vuelve dignos, nos pide justicia. Un cuerpo que aparece. Uno de nosotros. Un nudo se desata. La memoria está encontrando las palabras”.
Nunca más Terrorismo de Estado
¡¡Que nos digan dónde están!!
Verdad y Justicia.
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
