Importante: CAMBIO DE FECHA – Velódromo Solidario con Madres y Familiares

IMPORTANTE!

Por razones ajenas a nuestra voluntad, el Velódromo Solidario con Madres y Familiares, no podrá realizarse el próximo 7 de marzo, como estaba previsto. Informaremos en breve la nueva fecha. Disculpas por las molestias.

FESTIVAL SOLIDARIO DE MURGAS EN EL VELÓDROMO

A beneficio de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos

Actuarán:
METELE QUE SON PASTELES – CAYÓ LA CABRA – LA MOJIGATA – DOÑA BASTARDA – LA CONSECUENTE – LA TRASNOCHADA

Los conjuntos se presentan colaborando con el grupo de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos que así difunde y financia su actividad en la búsqueda de Verdad, Justicia, Memoria y Nunca Más Terrorismo de Estado.

Será una gran oportunidad para encontrarnos aunados por la música murguera y esta causa solidaria, porque “Todos somos Familiares”.

Todo esto es posible gracias a la gentileza de la Administración del Velódromo Municipal y a los conjuntos que solidariamente participarán en el espectáculo.

Entradas:
Plateas $300- Tribuna $240
Promociones: Afiliados a PIT-CNT, FUCVAM, FECOVI, TARJETA JOVEN Y JUBILADOS $120.
MENORES DE 12 AÑOS Y TARJETA VERDE: Entrada Libre.
Promociones en Tribuna: Red Brou (50%), Socio Espectacular y TCC.
Más información sobre entradas: http://www.carnavalvelodromo.com.uy/

Comisión Honoraria de Sitios de Memoria – Declaración ante los numerosos atentados contra diversas marcas que señalan Sitios de Memoria

[Declaración] Comisión Honoraria de Sitios de Memoria – Declaración ante los numerosos atentados contra diversas marcas que señalan Sitios de Memoria

 

Declaración

El pasado 4 de julio se aprobó Ley Nacional de Sitios de memoria Histórica del Pasado Reciente Nº 19641, y el 31 de octubre se constituyó la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria en cumplimiento de dicha ley. Los Sitios de Memoria, por su valor testimonial, constituyen instrumentos a disposición de los Estados para cumplir sus obligaciones en materia de Justicia, Verdad, Memoria y Reparación. Una Política Pública de Sitios de Memoria tiene por cometido el reconocimiento y preservación integral de los Sitios de Memoria, por lo que el Estado tiene el deber de garantizar su preservación, su funcionamiento, gestión y sustentabilidad.

Son numerosos, no casos aislados, los atentados que se han realizado últimamente contra diversas marcas que señalan Sitios de Memoria en diferentes lugares del país. Mencionemos algunos de ellos: los Memoriales de Detenidos Desaparecidos en el Cerro de Montevideo, del Penal de Libertad, de Bella Unión; las placas por Julio Castro en Salinas, por Wilson Ferreira Aldunate en el puerto de Montevideo, por el Contralmirante Oscar Lebel. Los lugares que funcionaron como Centros Clandestinos de Detención: Batallón 13 – Servicio Material y Armamento (“300 Carlos”), Fusileros Navales (FUSNA), ex Centro General de Instrucción para Oficiales de Reserva (CGIOR), Hospital Militar.

La Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, las organizaciones sociales y organismos del Estado que la integran, repudia el atentado cometido contra el Espacio de la Memoria a los detenidos desaparecidos en Mercedes, Departamento de Soriano y el perpetrado contra la placa de memoria por Ruben Walter Canziani Fachin, en Montevideo y reafirma su fin de promover la democracia y vigencia de los derechos humanos mediante la recuperación, construcción y difusión de las memorias colectivas, a través del establecimiento de los Sitios y Espacios de Memoria. Llama a las autoridades competentes a cumplir sus obligaciones investigando cada uno de esos episodios, identificando y responsabilizando a sus autores y tomando las medidas necesarias para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir. Exhorta a la sociedad toda a participar en la construcción de la Memoria Colectiva, Plural y Democrática.

Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria (Ley 19.641)

Montevideo, 21 de febrero de 2019

MÁS INFORMACIÓN: la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria fue creada por la ley 19641 de Sitios de Memoria. Tiene la responsabilidad de recibir, instruir y resolver las solicitudes de declaración y creación de Sitios de Memoria Histórica. Está integrada por un miembro de la Institución Nacional de Derechos Humanos, quien la preside y ocho miembros: un delegado del Ministerio de Educación y Cultura, un delegado de la Universidad de la República, un delegado de la Administración Nacional de Educación Pública, dos delegados de dos organizaciones sociales destacadas en la lucha por la memoria y los derechos humanos y tres delegados de la Red Nacional de Sitios de Memoria

Detalle de integrantes: Mariana Mota (INDDHH); Nicolás Pons por el Ministerio de Educación y Cultura; Gerardo Caetano por la Udelar; Verónica Massa por la Administración Nacional de la Educación Pública; Verónica Mato, Elbio Ferrario y María Julia Izaguirre por la Red Nacional de Sitios de Memoria; Ivonne Klinger, Ángeles Michelena, Baldemar Taroco y Adriana Cabrera por Crysol y Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos; Dahiana Barrales,Corina Ferreira, Sergio Frantchez, Camila Mayo y Enzo Téliz por las comisiones por la memoria de Soriano, Tacuarembó y Treinta y Tres.

Correo de contacto: cnhsm@inddhh.gub.uy

Amenazados por comando Barneix presentaron una petición en la CIDH contra Uruguay

EL PASADO QUE ASOMA

Amenazados por comando Barneix presentaron una petición en la CIDH contra Uruguay

El grupo de abogados y militantes asegura que tomó la decisión porque no ve “ninguna voluntad real de avanzar en el esclarecimiento de los hechos” y porque nada de lo solicitado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se cumplió.
13.02.2019

 

El autodenominado “Comando Barneix” se hizo conocer en febrero de 2017, cuando se difundieron las amenazas a trece abogados y militantes por los derechos humanos. El grupo lamentaba la muerte del general Pedro Barneix, que se suicidó luego de ser procesado por la Justicia, y aseguraba que asesinaría a tres personas de la lista por cada nuevo “suicidio” de un militar juzgado por crímenes cometidos durante la dictadura.

Los amenazados fueron Juan Errandonea, Óscar López Goldaracena, Federico Álvarez Petraglia, Juan Fagúndez, Hebe Martínez Burlé y Pablo Chargoñia; el juez Frances Louis joinet; el activista brasileño Jair Kirshke; y la investigadora italiana Francesca Lessa.

Hace ya casi dos años Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las amenazas y la CIDH urgió al Estado a “adoptar medidas urgentes a fin de proteger a los operadores de justicia”, además de “tomar nota” del inicio de investigaciones judiciales sobre estas amenazas y esperar que “se establezcan las responsabilidades materiales e intelectuales que correspondan y que se sancione a esos responsables de manera efectiva”.

Al no producirse avances en la investigación, el grupo de abogados y militantes presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de la República Oriental del Uruguay (en conjunto con el Observatorio Luz Ibarburu), que quedó registrada este 12 de febrero, según dieron a conocer los peticionantes en un comunicado.

“Cuando ya se cumplieron dos años de las amenazas proferidas por el autodenominado Comando General Pedro Barneix y, debido a la falta de investigación de ese delito, los peticionarios alegamos frente a la CIDH la violación de los siguientes derechos protegidos bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos: Obligación de Respetar los Derechos; Derecho a la Integridad Personal; Derecho a la Libertad Personal; Garantías Judiciales; Igualdad ante la ley; y Derecho a la protección judicial”, explican en el comunicado.

“El 1 de marzo de 2017, la CIDH condenó contundentemente las amenazas de muerte realizadas contra autoridades, operadores de justicia y defensoras y defensores de derechos humanos de Uruguay y urgió al Estado a adoptar medidas urgentes a fin de asegurar la seguridad de los operadores de justicia. En ese entonces, el Relator para Uruguay, Comisionado Francisco Eguiguren, resaltó como las investigaciones tenían que conducirse ‘con debida diligencia hasta sancionar a los responsables’. Por otro lado, el Relator sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Comisionado José de Jesús Orozco, destacó que ‘las personas a las que se amenazó de muerte han tenido un rol muy significativo impulsando este tipo de causas y avanzando en el camino hacia la justicia. El Estado tiene la obligación de garantizar su seguridad para que puedan seguir haciendo su trabajo con independencia y sin riesgos a su vida o integridad'”, agrega el texto.

Sin embargo, señalan, “nada de lo pedido por la CIDH ha sucedido”. “Por esa razón, hemos decidido presentar la petición frente a la CIDH, ya que la investigación en curso no solo avanza con suma lentitud, sino que no detectamos ninguna voluntad real de avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Denunciamos la falta de avance ya el año pasado en nuestra carta abierta al señor presidente de la República, Tabaré Vázquez, el 29 de enero de 2018, a la que nunca hemos recibido respuesta. En la petición que entregamos a la CIDH vinculamos la amenaza y la falta de investigación en nuestro caso con un patrón mucho más amplio y preocupante, relacionando hechos de naturaleza parecida y resaltando el contexto de impunidad dominante en el país: por ejemplo, el robo y las intimidaciones al Grupo de Investigación en Arqueología Forense (GIAF) en semana santa de 2016, la reciente vandalizacion de sitios de memoria en 2018, y la continua impunidad y paralización de los juicios de lesa humanidad en el país”, señala el grupo.

“Los estados tienen que investigar con debida seriedad cualquier tipo de amenaza. Pero, en los casos de amenazas y amedrentamientos en contra de operadores de justicia y defensores y defensoras de derechos humanos, los estados tienen una obligación reforzada. Dichas amenazas tienen un impacto evidente hacia la función que ellos y ellas ejercen y el objetivo es afectar sus actuaciones en la protección y defensa de los derechos humanos”, concluyen.

Fuente: Montevideo Portal

A la opinión pública: Sobre las declaraciones del Gral. Alfredo Erramún

Montevideo, 5 de febrero de 2019.

A la opinión pública

Sobre las declaraciones del Gral. Alfredo Erramún

 

El día 1 de febrero asumió el nuevo Jefe del Esmade, Gral. Alfredo Erramún.

Nuevamente, como se ha hecho costumbre, en ese acto protocolar un alto oficial en funciones hace declaraciones sobre varios temas, a pesar de estar inhibido constitucionalmente para realizarlas.

Entre ellas, reitera el chantaje de brindar información sobre nuestros desaparecidos, que parece saber que existe, a cambio de más impunidad.

Ante estas declaraciones, hechas con total liviandad e hipocresía, que son una falta de respeto a la conciencia democrática de nuestra sociedad, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos expresa:

  • Exigimos que el Gral. Erramún, visto que está en conocimiento de que las Fuerzas Armadas tienen información, actúe en función del cargo que ocupa y se la entregue al Presidente de la República. Con todas las garantías de un estado de derecho que parece ignorar.

Aclaramos:

  • Hace más de 30 años que los distintos jerarcas militares reclaman y ponen condiciones con la promesa falsa de dar información sobre el destino de nuestros desaparecidos. Los distintos gobiernos concedieron todas esas condiciones y nunca hablaron: más de 25 años de absoluta impunidad que otorgó la Ley de Caducidad con los nefastos resultados de maniatar a la justicia e impregnar a la ciudadanía en esa cultura de impunidad.
  • Las Fuerzas Armadas parecen insaciables. Quieren inmunidad para sus crímenes mientras protestan por las reformas a su caja y las jubilaciones de los oficiales; se ubican fuera de la Constitución y la Ley cuando continúan opinando sobre soluciones para el país y avalando en discursos el golpe de estado y sus métodos de tortura, así lo han hecho los sucesivos mandos desde el retorno a la democracia sin consecuencia alguna. Nunca demostraron arrepentimiento por los crímenes cometidos, y menos aún asumieron la responsabilidad que les cabe por haber usurpado el gobierno por la vía de las armas.
  • Corresponde a los tres Poderes del Estado generar las garantías necesarias para que nunca más haya dictadura en nuestro país. Tomar las medidas que correspondan para no permitir los desbordes inconstitucionales de los altos mandos, redimensionar las Fuerzas Armadas, reformular su formación desterrando la infame Doctrina de la Seguridad Nacional que sostuvo la ideología desplegada en los años de dictadura. Y exigir a sus mandos información y respeto.

Una vez más decimos Basta. Impunidad responsabilidad del estado ayer y hoy.

Verdad, Memoria y Justicia.

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos

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