Categoría: prensa

“Vas a tener todo tipo de represalias por sacar una cosa de la cual no tenés ninguna prueba. Y no solamente eso, justo ahora, 30 y pico de años después, cuando vas a arruinar gente que es inocente. […] Vamos a ver que tu corazón aguante ahora, hijo de puta”. Esta es parte de la amenaza vía audio de WhatsApp que recibió el periodista Juan Correa, del portal de noticias Agesor, del departamento de Soriano. ¿El motivo? El 4 de julio publicó una nota en la que informó que el ex militar Óscar Troya, “denunciado por torturas”, asumió como presidente del Club de Leones de Mercedes. La mujer que le mandó el audio a Correa dice ser Marisa de Pazos, quien, según el periodista, es integrante del Club de Leones y dirigente del Partido Colorado.

En la nota que motivó la amenaza se señala que Troya, nacido en 1954, “figura en la lista de los militares denunciados como participantes de torturas a civiles detenidos”, específicamente “el ciudadano mercedario Ángel Gallero”. Entre otras cosas, se indica que Troya “ingresaba a torturar” en el centro de detención clandestino “La tablada”, que dependía del Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA).

Correa realizó la denuncia policial por la amenaza, “para cortar de raíz que eventualmente después alguno más se subiera al carro”, dijo a la diaria, y agregó que el año pasado sufrió un infarto; por eso De Pazos, que conoce su estado de salud, termina el audio haciendo referencia a su corazón.

El periodista dijo que menos de una hora después de publicada la nota, Troya se comunicó con él, y “más allá de la molestia que tenía, lo hizo en términos respetuosos”. El ex militar le planteó la posibilidad de hacer sus descargos en el portal, y Correa aceptó. “Esa misma noche, él [Troya] tenía una primera reunión de directiva de los Leones, y me dijo que iba a tener que explicar que no era así como habíamos puesto. Al día siguiente se iba a reunir con nosotros, para aclarar la situación, pero me dijo que había hablado con su familia y un abogado y que prefería dejarlo así”, señaló Correa, y agregó que Troya le dijo que había recibido llamadas de integrantes del Club de Leones a nivel internacional (Chicago), para que explicara “cuál era la situación y lo que estaba pasando”.

En el intercambio telefónico que tuvo con Troya, Correa le preguntó sobre lo denunciado en la nota de Agesor, y el ex militar le contestó que “en ningún momento” había pertenecido a la OCOA, y que realizaba “tareas de administración”. “Le hice saber lo que me pasó con Marisa de Pazos, y me dijo que ella no es enviada de él”, agregó Correa. Remarcó que en ningún momento de las charlas con Troya “hubo falta de respeto”. “Él defendió su posición y nosotros la nuestra”.

A todo esto, ayer el Consejo Directivo Central de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) publicó un comunicado en el que manifiesta su solidaridad con el periodista amenazado y el apoyo a la denuncia policial. Además, condena la “injustificada conducta de la dirigente De Pazos” y lamenta que “un hecho de estas características se registre en nuestro país”. Por último, APU solicita “a los organismos pertinentes que actúen de modo inmediato, para que se juzgue a quienes desarrollan esos injustificados procedimientos, y que, asimismo, se garantice el libre ejercicio de la actividad periodística”.

Correa contó además que con De Pazos tenía “una perfecta relación”, y que en “innumerables ocasiones” fue a cubrir actividades tanto del Partido Colorado como del Club de Leones, “sin ningún tipo de inconveniente”. Además, dijo que recibió el audio amenazante “sin previo anuncio de nada”. El periodista ya presentó una declaración en el juzgado, y De Pazos también; por lo tanto, se espera que ambos sean convocados por la Justicia luego de la feria judicial.

la diaria se comunicó con De Pazos, quien dijo que no iba a hablar del tema porque, precisamente, está en manos de la Justicia.

Fuente: la diaria

Tabaré Vázquez y Guido Manini Ríos. Foto: Andrés Cuenca (archivo, mayo de 2017)

La organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos emitió un comunicado en el que condena las declaraciones del comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, quien dijo que a los inundados “les importa un comino lo que pasó hace 44 años”, en referencia al golpe de Estado de 1973. El comunicado dice que las declaraciones son parte de un “discurso peligroso y engañoso” y afirma que con esta prédica se “continúa avalando […] el golpe de Estado”, tal como lo han hecho “sucesivos comandantes desde el año 85, sin consecuencia alguna”.

“La falta de justicia, los años de impunidad de los crímenes cometidos por los civiles y militares golpistas, explican en parte este discurso agresivo”, dice el texto, y agrega que las Fuerzas Armadas “siguen siendo cómplices hoy, bajo la conducción de Manini Ríos”, de los delitos cometidos por la dictadura. Por último, la organización considera que es “realmente grave” que las declaraciones de Manini Ríos no hayan tenido una respuesta del sistema político, y reclama a los poderes del Estado y, en particular, al presidente Tabaré Vázquez que asuman “su responsabilidad” y no miren “para otro lado” a la hora de “tomar medidas” para que desde las filas militares “no se atente contra los valores democráticos”.

Fuente: la diaria

El viernes 21 de abril instalarán una placa recordatoria en la casa de la calle Mariano Soler 3098, en homenaje a Laura Raggio, Diana Maidanick y Silvia Reyes, conocidas como «Las pibas de abril», asesinadas por las fuerzas conjuntas en 1974.

En el marco de lo dispuesto por los artículos 7 y 8 de la Ley 18.596, el Ministerio de Educación y Cultura realizará la ceremonia de instalación de una placa en homenaje a Laura Raggio, Diana Maidanick y Silvia Reyes, asesinadas en su domicilio en un operativo de las Fuerzas Conjuntas, en la madrugada del 21 de abril de 1974.

El acto se realizará el viernes 21 de abril a las 18:00 horas, en Mariano Soler 3098, lugar donde las jóvenes fueron ultimadas por las fuerzas represivas.

La Ley 18.596 de Actuación ilegítima del Estado entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985 y de reconocimiento y reparación a las víctimas, establece en su artículo 7º que “el Estado promoverá acciones materiales o simbólicas de reparación moral con el fin de restablecer la dignidad de las víctimas y la responsabilidad del mismo”.

Tales acciones tenderán a “honrar la memoria histórica de las víctimas del terrorismo y del uso ilegítimo del poder del Estado, ejercido entre junio de 1968 y febrero de 1985”.

Si bien la dictadura comenzó el 27 de junio de 1973, la norma toma el inicio del período de reparación el 13 de junio de 1968 por el comienzo de la aplicación sistemática de las “Medidas Prontas de Seguridad e inspirado en el marco ideológico de la Doctrina de la Seguridad Nacional”.

Se reconoce la responsabilidad del Estado uruguayo en la realización de prácticas sistemáticas de tortura, desaparición forzada y prisión sin intervención del Poder Judicial, homicidios, aniquilación de personas en su integridad psicofísica, exilio político o destierro de la vida social.

Dicho período culmina el 28 de febrero de 1985, ya que al día siguiente asumió la Presidencia de la República, Julio María Sanguinetti, electo en forma democrática en las elecciones de noviembre de 1984.

Mientras que el artículo 8 determina que “en todos los sitios públicos donde notoriamente se identifique que se hayan producido violaciones a los derechos humanos de las referidas en la Ley, el Estado colocará en su exterior y en lugar visible para la ciudadanía, placas o expresiones materiales simbólicas recordatorias de dichos hechos. Podrá definir el destino de memorial para aquellos edificios o instalaciones que recuerden esas violaciones y podrá determinar la celebración de fechas conmemorativas de la verificación de los hechos”.

Las pibas de abril

Las jóvenes luchadoras sociales Silvia Reyes, Laura Raggio, y Diana Maidanick, fueron acribilladas en la madrugada del 21 de abril de 1974 en una casa de la calle Mariano Soler al 3098.

Las tres jóvenes fueron asesinadas en un operativo dirigido por el Batallón de Artillería Nº 1 con apoyo de Artillería Nº 2, a cargo del general  Juan Rebollo y la participación de los generales Julio César Rapela y Esteban Cristi, y los mayores A. Méndez y José “Nino” Gavazzo, el coronel Manuel Cordero y los entonces capitanes Mauro Mauriño, Julio César Gutiérrez y el teniente Jorge Silveira.

El operativo realizado por las Fuerzas Conjuntas se desarrolló en la  madrugada del 21 de abril de 1974,  en la casa de la familia Barrios-Fernández en busca de Washington Barrios, militante del MLN-T y esposo de Silvia Reyes.

Pero Washington Barrios para entonces supuestamente ya había desaparecido en Córdoba, Argentina.

“En medio de ráfagas de ametralladoras se dirigieron al apartamento contiguo de la calle Mariano Soler 3098 bis, del barrio Brazo Oriental, y luego de derribar la puerta acribillaron a tres jóvenes compañeras de estudio y de militancia que en ese momento se encontraban durmiendo”, relata el historiador Álvaro Rico en “Ovillos de la Memoria”, y en el Tomo 1 de “Investigación  Histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en Uruguay 1973 – 1985).

Ellas eran: Diana Maidanick de 21 años, Laura Raggio de 19 años, y Silvia Reyes también de 19 años, quien además se encontraba cursando su tercer mes de embarazo, y esposa de Washington Barrios.

Por su parte, Stella Reyes hermana de Silvia, relató tiempo después en el libro “Guerrilleras. La participación femenina en el MLN-T”, del periodista Mauricio Cavallo: “A mi hermana  y a sus compañeras las mataron y remataron en forma brutal dentro de su casa, fue un operativo espantoso. A mi hermana la entregaron a la familia para velarla, tenía más de 30 impactos de bala, le faltaba más de la mitad de la cabeza y tenía las dos piernas acribilladas a metralla, de cerca”.

Al cumplirse los 40 años de los hechos, en 2014, se realizaron diversos homenajes y también se colocó una “Marca de la Memoria” en la calle Mariano Soler.

Fuente: La Red 21