Categoría: prensa

Ayer, 16 de abril, se cumplieron 33 años del asesinato de Vladimir Roslik Bichkov, ocurrido en el Batallón de Infantería Mecanizado Nº 9, con sede en Fray Bentos. Este médico nacido en San Javier, de padres rusos y que estudió por una beca en la Universidad Amistad de los Pueblos Patricio Lumumba, en la antigua Unión Soviética, fue detenido por militares de esa unidad castrense y falleció como consecuencia de las torturas a las que fue sometido. La autopsia “oficial” indicaba que Roslik había muerto por un paro cardíaco y que había sido detenido por “tráfico de armas”, pero testimonios posteriores, como el de Antonio Pires da Silva, que estuvo preso junto al médico, revelaron que fue torturado hasta morir y que el interrogatorio estuvo a cargo del represor Sergio Pocho Caubarrère, que permanece impune.

La viuda de Roslik, Mary Zavalkin, diputada suplente del frenteamplista Constante Mendiondo, vive en Paysandú, pero sus esfuerzos siguen vinculados con San Javier, en donde promovió la instalación del Centro de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) Galuski y el Hogar de Ancianos Valodia (diminutivo de Vladimir y apodo con el que se conocía a Roslik en San Javier). Zavalkin hizo conocer el asesinato de Roslik ante diversos organismos internacionales, y muchos intensificaron la presión contra la dictadura para acelerar su final. La viuda del médico también se dedicó a denunciar la persecución a la que los militares sometieron a los descendientes de rusos en San Javier. Además de ser detenidos e interrogados más de una decena, junto con Roslik, los militares clausuraron el Centro Cultural Máximo Gorki y quemaron los libros y las revistas en ruso. “Se ampararon en que eran cuestiones políticas, pero en realidad lo que sufrimos fue una persecución étnica. Toda la gente a la que llevaron presa en San Javier tenía apellido ruso. Portarlo era considerado un atentado contra el país. No tiene nada que ver. Ni televisión teníamos”, dijo Zavalkin en una entrevista concedida a la agencia de noticias Sputnik en enero.

Según publicó ayer InfoRío, si bien se colocó una placa en homenaje a Roslik en las afueras del cuartel donde fue asesinado y se le puso su nombre a la ruta puente-puerto en Fray Bentos, así como a la policlínica de San Javier, no se ha logrado, en el ámbito de la Junta Departamental de Río Negro, el consenso necesario para que una calle lleve el nombre del médico.

La viuda de Roslik, Mary Zavalkin, diputada suplente del frenteamplista Constante Mendiondo, vive en Paysandú, pero sus esfuerzos siguen vinculados con San Javier, en donde promovió la instalación del Centro de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) Galuski y el Hogar de Ancianos Valodia (diminutivo de Vladimir y apodo con el que se conocía a Roslik en San Javier). Zavalkin hizo conocer el asesinato de Roslik ante diversos organismos internacionales, y muchos intensificaron la presión contra la dictadura para acelerar su final. La viuda del médico también se dedicó a denunciar la persecución a la que los militares sometieron a los descendientes de rusos en San Javier. Además de ser detenidos e interrogados más de una decena, junto con Roslik, los militares clausuraron el Centro Cultural Máximo Gorki y quemaron los libros y las revistas en ruso. “Se ampararon en que eran cuestiones políticas, pero en realidad lo que sufrimos fue una persecución étnica. Toda la gente a la que llevaron presa en San Javier tenía apellido ruso. Portarlo era considerado un atentado contra el país. No tiene nada que ver. Ni televisión teníamos”, dijo Zavalkin en una entrevista concedida a la agencia de noticias Sputnik en enero.

Según publicó ayer InfoRío, si bien se colocó una placa en homenaje a Roslik en las afueras del cuartel donde fue asesinado y se le puso su nombre a la ruta puente-puerto en Fray Bentos, así como a la policlínica de San Javier, no se ha logrado, en el ámbito de la Junta Departamental de Río Negro, el consenso necesario para que una calle lleve el nombre del médico.

Fuente: La Diaria

Fue procesado con prisión ayer, por el juez letrado penal de 5º Turno, José María Gómez Ferreyra, el militar retirado Rodolfo Gregorio Álvarez Nieto, sobrino del ex dictador Gregorio Conrado Álvarez Armellino. La Justicia lo encontró culpable de “un crimen de Tortura en concurso formal con un delito de Abuso de autoridad contra los detenidos”.

La fiscal Ana María Tellechea había solicitado su procesamiento por considerar que había “elementos de convicción suficientes para imputar a Álvarez la coautoría del delito de Torturas dispuesto en el art. 22 de la Ley 18.026 de 25 de setiembre de 2006”. La sentencia detalla los padecimientos sufridos por Gerardo Riet Bustamante, dirigente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines al momento de su detención “por agentes de inteligencia policial-militar” en Avda. San Martín y Bulevar José Batlle y Ordóñez el 8 de mayo de 1980, y que fue torturado sistemáticamente en dependencias militares. Según la sentencia, el 26 de junio de 1980 el entonces capitán Rodolfo Gregorio Álvarez fungió como juez militar en el establecimiento La Tablada, donde Riet estaba detenido, y le tomó declaración “en el mismo lugar en que había sido sometido a apremios físicos y sicológicos”. Riet debió firmar las declaraciones que le presentaba Álvarez, y además soportó la simulación de la muerte de su hermana, lo que le produjo en ese momento una crisis nerviosa.

Fuente: La Diaria

La jueza Penal de 10º Turno, Dolores Sánchez, libró el lunes una orden de captura nacional e internacional para el coronel Eduardo Ferro, después de que este indagado en la causa que investiga el secuestro y la desaparición de Óscar Tassino Astiazu no fuera ubicado por la Policía para ser conducido a declarar ante la magistrada. Según fuentes de la diaria, la Policía intentó ubicarlo en su último domicilio conocido, en la zona de Pinares, en Maldonado, pero el militar retirado no estaba o “se escondió”. El juicio se inició en 1985, pero quedó comprendido dentro de la ley de caducidad; fue reiniciado el 27 de noviembre de 2011. Según los testimonios aportados a la causa, Tassino fue secuestrado el 19 de julio de 1977 en una casa ubicada en Máximo Tajes 6632 y luego llevado al centro clandestino de detención y tortura La Tablada o “300 Carlos”.

El abogado del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) Martín Fernández explicó a la diaria que Sánchez pidió la conducción de Ferro debido a que “no se había presentado a una audiencia anterior”. “En ese momento Ielsur pidió las medidas cautelares de cierre de fronteras y de conducción, la fiscalía estuvo de acuerdo y la jueza también. Eso se tenía que efectivizar el lunes, pero Ferro no se presentó y no fue ubicado en los lugares habituales, y por consiguiente la doctora Sánchez decretó una orden de captura nacional e internacional”, agregó el representante legal de los denunciantes. Fernández contó que Ferro había comparecido anteriormente sólo por escrito, “presentando recursos de inconstitucionalidad y prescripción, que son los que presentan las defensas de los militares en este tipo de expedientes, y por ese motivo este expediente se había retrasado en su diligenciamiento cerca de dos años”. Pero Ferro nunca se presentó personalmente a declarar. El otro indagado en la causa, Jorge Pajarito Silveira, sí acudió cuando le tocó declarar, también conducido, pero porque está cumpliendo condena en la cárcel de Domingo Arena.

El mismo lunes, Ielsur emitió un comunicado en el que informa que, además de la causa citada, Ferro es investigado también “en el secuestro y torturas” de Lilián Celiberti y Universindo Rodriguez, “entre otras”. Ielsur “exige a las autoridades policiales correspondientes la máxima diligencia y esfuerzo para la ubicación, detención y conducción del Coronel (r) Eduardo Ferro ante los estrados judiciales para que sea juzgado de acuerdo con las garantías del estado de derecho” y recuerda “a las autoridades” la condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado uruguayo en el caso Gelman, “teniendo presente además, que han pasado más de 40 años sin que se le brinde a las familias de las víctimas de terrorismo de Estado respuesta a sus casos trágicos”.

Según pudo saber la diaria, Ferro se afincó en la zona de Pinares en la década de los 90, comenzó a trabajar en la seguridad del lujoso hotel Las Dunas y terminó como gerente del establecimiento. Durante unos años había “desaparecido”, pero “hace un par de años volvió” al departamento, confió una fuente local. En mayo de 2011, la Coordinadora Verdad y Justicia de Maldonado y la Plenaria Memoria y Justicia realizaron un escrache en su casa de Pinares. Ahora el militar retirado es buscado por Interpol para ser conducido ante la jueza Sánchez.

El espía de la democracia

Ferro fue el responsable del espionaje militar a partidos políticos, sindicales y organizaciones sociales entre 1988 y 1991, según publicó Brecha (24/02/16) de acuerdo a la documentación de la Dirección General de Información de Defensa (DGID) a la que accedió el semanario, y que actualmente es analizada en una comisión investigadora de la Cámara de Diputados. El archivo de inteligencia militar fue encontrado en un allanamiento a la casa del coronel Elmar Castiglioni. Según Brecha, Ferro fue designado jefe del Departamento III de la DGID, lo que está consignado en su legajo personal, un documento oficial de la Comisión Calificadora del Personal Superior de las Armas del Ejército. La nota del semanario también asocia a Ferro con un oficial denominado “Guillermo” que, según la documentación sobre los informes de los espías de la DGID, ordenaba y observaba las tareas de los “manipuladores” que atendían a los “agentes”, dos figuras de la compleja red de espionaje que habían montado los militares en plena democracia.

Fuente: La Diaria

Sociedad

El fotógrafo Agustín Fernández y la organización de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos intervinieron un barco abandonado en la bahía de Montevideo, colocándole fotos de desaparecidos, para denunciar el poco avance que han tenido las investigaciones sobre el tema desde que terminó la dictadura militar.

Actualizado: 22 de Diciembre de 2016 | Por: Redacción 180

El barco intervenido se encuentra en la Rambla Edison, a la altura de la Central Batlle, y se puede observar desde la calle.

El fotógrafo encargado de realizarla, Agustín Fernández, dijo que para él “la imagen del barco encallado y oxidado es representativa de la situación que estamos viviendo”, en referencia a que 31 años después del regreso a la democracia, en el territorio uruguayo sólo se han encontrado los restos de cuatro desaparecidos, de los  194 registrados.

Los retratos que fueron adheridos al barco son de 3 metros por 4 y fueron elegidos por el fotógrafo para que fueran representativos de las distintas edades y profesiones.

Fuente: Portal 180