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Estamos una vez más en este Memorial de nuestros desaparecidos conmemorando el día internacional de los Derechos Humanos.

En una sociedad desigual, las violaciones a estos derechos son innumerables. Y los Estados deben hacer sus máximos esfuerzos para garantizar salud, vivienda, educación, equidad y tanto más.

Pero siempre es la sociedad y sus organizaciones quienes deben seguir batallando para que las leyes se cumplan, para que la letra sea una realidad. Estos esfuerzos no quedan aislados pues cada conquista fortalece también la conciencia y la exigencia de nuevos derechos.

Nuestra causa, por lo tanto, no es únicamente contra la desaparición forzada. Tampoco queda anclada en el pasado sino que reivindica la integridad de la dignidad humana y una convivencia social regida por principios éticos que denuncien toda afrenta a los derechos esenciales.

Este año nos manifestamos duramente sobre la brutalidad con que eran tratados jóvenes internados en el SIRPA. Porque cada nuevo atropello nos recuerda que hay luchas que son permanentes y que debemos hacerlas juntos. Enfrentarse al abuso de poder, a la tortura, a la impunidad, es una tarea de todos los días.

En 2015 se están cumpliendo 30 años del retorno a la institucionalidad y también 40 años de la reunión en Santiago de Chile de las dictaduras del continente para dar lugar al ya tristemente célebre Plan Cóndor, que está siendo juzgado en este momento en Argentina e Italia.

Son 40 años en los que, en Uruguay, la impunidad primó sobre la verdad y la justicia. Primó sobre la voluntad política que fue nula en los primeros tiempos de recuperación democrática y que, en los últimos 10 años con los gobiernos frenteamplistas, comienza a aparecer de una manera débil, contradictoria, lenta. Insuficiente.

Este es nuestro reclamo principal.

Ya estamos a 10 años de la aparición de los primeros restos ubicados en territorio uruguayo. Ubagesner Cháves Sosa y Fernando Miranda fueron una contundente y dolorosa prueba reafirmada años después con los hallazgos del maestro Julio Castro y Ricardo Blanco. Desde entonces no se han logrado implementar nuevas exigencias a los militares que mintieron a la COPAZ y volvieron a hacerlo en los informes al presidente Vázquez en 2005.

Hay avances. Hoy contamos con leyes sobre los delitos de lesa humanidad, con algunos jueces y fiscales que manifiestan fuerza y compromiso para llevar adelante las causas. Pero la lentitud con la que se deslizan los juicios, el hecho de que el aporte de pruebas recaiga siempre sobre los hombros de los denunciantes, las argucias legales o chicanas constantes interpuestas por la defensa de los criminales, dificultan este proceso y ha fortalecido la cultura de impunidad.

Creemos que en este período hay un avance en el acceso a la información, fruto de una interpretación acorde a los delitos de lesa humanidad, a la necesidad de verdad y justicia que las Organizaciones de Derechos Humanos, las víctimas, familiares y periodistas han reclamado hasta el cansancio. Pero la lentitud ya crónica de estos procesos institucionales termina operando en sentido contrario a sus objetivos.

Para Familiares ha sido un año más de lucha, pero también de agradecimientos. Especialmente a nuestro pueblo.

La 20ava Marcha del Silencio fue una de las mayores y emocionantes concentraciones por Verdad y Justicia. El compromiso de los jóvenes, tanto estudiantes como militantes de diversas organizaciones fue fundamental.

 Las mesas redondas, talleres en liceos y facultades, carpas con actividades, recitales, muestras de cine y fotografía, marchas en los departamentos, culminaron con un Teatro Solís repleto en conmemoración del Día Internacional del Detenido Desaparecido. Es emocionante para nosotros comprobar que no estamos solos, que son muchos los que sienten a los desaparecidos como “compañeros de la vida”, que la consigna “Todos somos Familiares” anidó en nuestro pueblo.

La lucha por el reconocimiento de lo que pasó es una batalla cuyo triunfo se va consolidando con las muchas iniciativas locales y grupales de estos últimos años; se sigue señalando sitios de represión, marcando lugares de resistencia, contando lo que sucedía en cárceles, cuarteles y comisarías diseminados por todo el país, llevando decenas de casos ante la justicia. Transmitir esto a las nuevas generaciones para mantener viva la memoria es un compromiso permanente.

Para nuestro colectivo ha sido la piedra angular y el fundamento de nuestro accionar la búsqueda de nuestros seres queridos.

La campaña del 0800 que ustedes conocen es un aporte en este sentido y sus resultados se van procesando.

Valoramos enormemente a las personas que dedican su esfuerzo, su tiempo, su capacidad para esta búsqueda, desde la sociedad civil y también desde las distintas institucionalidades que el Estado ha formado. Hoy tenemos a los integrantes del Grupo de Trabajo y a la nueva Secretaría. Y muy especialmente a los equipos universitarios.

Los valoramos, aún criticando fuertemente las carencias y lentitudes con que cargan esas estructuras y denunciando la falta de comprensión y voluntad política para imprimir un cambio rotundo que perfore en forma contundente la cultura de la impunidad.

Sin esta voluntad manifiesta en la práctica y en los resultados será imposible pensar que estamos construyendo un Nunca Más verdadero.

Ada Margaret Burgueño fue una uruguaya que tenía 24 años cuando en 1977 fue detenida-desaparecida en Buenos Aires. Como tantos jóvenes de la época, era poeta, y premonitoriamente escribió:

“Amar sin dejar rastro, morir sin dejar rastro,

vivir sin dejar rastro.

y nosotros acá

acribillados de palabras

lívidos, inertes,

furiosamente muertos.

Yo voy desparramando señales

que ni se ven

poniendo avisos en letra negrita

que dicen cosas que ni yo entiendo

pero igual espero, que por ahí

alguien sepa deletrear las claves

de mis pocos vistosos letreros

y asimismo, yo espero”.

Así lo expresaba Ada. Para todos aquellos que nos acompañan a buscar las señales, los rastros, las claves de “los pocos vistosos letreros” de nuestros desaparecidos, muchas gracias. Ellos nos siguen esperando.

Montevideo, 10 de diciembre de 2015.