Trabajador rural denuncia que fue “brutalmente agredido” por capataz de estancia en Salto

Hugo Antonio Leites, trabajador rural, luego de ser agredido. Foto: s/d autor

Mediante un comunicado público, la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA) denunció que un peón rural fue agredido por el capataz de un establecimiento en Salto.

Según el comunicado, en la tarde de ayer, en la Estancia “Flor del Ceibo” de la localidad Estación Itapebí, en Salto, “el trabajador rural Hugo Antonio Leites Iglesia, tras reclamar por jornadas de trabajo de 14 horas diarias, fue brutalmente agredido por el capataz del establecimiento y amenazado por el dueño de mencionado lugar, como consta en la denuncia hecha ante la justicia”.

El trabajador denunció ante el Plenario Departamental del PIT-CNT y ante la Policía haber sido azotado con un rebenque por parte del capataz, lo que le produjo la fractura de una costilla. Los castigos fueron definidos por el trabajador como “propios de la esclavitud”.

En el comunicado, la UNATRA expresó su repudio ante “estas prácticas medievales de sobreexplotación” y llamó “a todas las ramas de actividad organizadas nucleadas en el PIT-CNT a coordinar medidas de rechazo absoluto a estos hechos”, que “vienen sucediéndose periódicamente y pisotean, no sólo derechos conquistados por los trabajadores, pero peor aún, la dignidad de los más humildes”.

Fuente: la diaria

En 1989 un informante de Inteligencia reveló que había “enterrado gente”

El documento es del 2 de junio de 1989 y forma parte de los cientos de miles que integran el “archivo Berrutti”. Allí se encuentra la transcripción de una “entrevista” con un informante. Al principio son dimes y diretes. Se sospecha que un informante sería un “doble agente”. Se tiran nombres para aquí y para allá, apellidos, seudónimos. Se habla de dinero, de recibos y de un hombre “muy duro” que está “acostumbrado a comprar a todo el mundo” y es “responsable desde el punto de vista administrativo de lo que hace la Agencia en el país”. El informante entrevistado explica en qué consiste el trabajo “administrativo” que hacía ese señor: “Compramos este vehículo, lo cambiamos, compramos una moto, vamos a reflotar esto, la gente, necesitamos cinco personas porque se va a llevar tal cosa, cuál es el costo, qué mantenimiento, qué dinero hay, qué premios se pueden dar, se puede dar aguinaldo, se pueden dar premios estímulo”.

Según cuenta el informante, tuvo problemas con ese “responsable de la Agencia”, pero no quería “discutir”, ni “pelear”, ni “volver a eso”. También dice que ser “portero” fue “una prueba” que le estuvieron haciendo y le cuenta al “entrevistador” un diálogo que tuvo con el hombre “muy duro”. Dice que primero le dijo: “¿Qué me tienen que probar? No me sirve. Yo no maté gente por satisfacción propia, y a vos te consta. Porque salimos juntos, estuvimos juntos enterrando gente, ¿o no?”. El “responsable de la Agencia” le contesta: “Sí, pero eso fue una cagada”. Y el “portero” agrega: “Y bueno, está, si vos te olvidaste de eso, yo no me olvido, porque no lo hice con satisfacción, y vos tampoco. Hubo una diferencia, yo no me mamaba después de hacerlo, yo pensaba que teníamos que trabajar de otra manera para evitar llegar a eso. Y te insistí y te rompí las bolas durante años, de que formáramos un equipo de gente para que mañana, de diez tipos, tuviéramos que matar a tres para obtener información, porque es al cohete”.

Más adelante, queda claro a qué se refieren con “agencia”, porque el “entrevistador” le pregunta si “el Director y Sub-Director también entran en la bolsa esa de la CIA”. El “entrevistado” dice que sí y luego señala que en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en el del Interior “están los superiores y los responsables permanentes”, a los que llaman “residentes”. Agrega que “ellos” pagaban “por el grado que vos tenés y el lugar donde estás, pero también la responsabilidad directa que vos tenés de trabajo de campo”. “Si tu trabajo de campo es meramente ser el responsable del lugar, donde está la gente, a ellos no les importa nada, entonces, lo que hacen es pagarte de otra manera. Te pagan con viajes, estadía y vacaciones para tu familia”, finaliza el informante entrevistado.

Desde adentro

Las entrevistas con los informantes parecían ser bastante frecuentes. Entre los documentos a los que tuvo acceso la diaria se encuentra, por ejemplo, uno del 22 de febrero de 1991 en el que se transcribe la conversación entre un agente de Inteligencia y un informante que trabajaba en OSE, al que le pedían el listado de los funcionarios “que serían los más peligrosos” dentro del Centro de Cómputos de la empresa pública. El informante se refiere a más de una veintena de personas. Dice que cuando “mandó chequear” a una señora que siempre tuvo “una actitud hostil” hacia él, le llevaron la “novedad” de que era “izquierdista”, entonces se le “aclaró el panorama”. “Ella se manifiesta ante todo el mundo de que es colorada, pero a mí me sorprende mucho de que sea colorada, habría que declararla en OBSERVACIÓN [mayúsculas en el original]”.

Con respecto a otro funcionario, señaló que un día, “de casualidad”, le revisó el escritorio y encontró “revistas soviéticas” y “una invitación oficial del Partido Comunista a nombre de él”. “A todo esto, yo consulté con otra persona por la identidad de este individuo, y se me dijo que eso era una broma que me habían hecho a mí. Pero esta broma la tengo que descifrar, si es cierto que se me hizo una broma, o si realmente la invitación que tenía, una tarjeta de color rosado, era una tarjeta del Partido Comunista”.

Además de las descripciones de sus compañeros de sección, el informante traza las relaciones y afinidades entre los funcionarios. En una parte de la “entrevista” señala que tuvo “la oportunidad de salir” con una “joven mujer” del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN). Entonces, el entrevistador de Inteligencia le pregunta: “¿Saliste con ella y no sabías que era MLN?”. “No, estuve intimando, le dije que era anarquista. Estuve en la casa y ahí vi símbolos del MLN pintados por toda la casa, en las paredes”.

Después, el informante de OSE se refiere a una señora que es “esposa de un frenteamplista”, y luego de dar el nombre dice que es una persona en la que también “hay que reparar, porque es tan frenteamplista como el marido y es bastante extremista”. Al marido lo describe así: “Es una persona extremista, fanática del sistema de Cuba, lo ha manifestado abiertamente en muchas oportunidades; defensor del sistema marxista-leninista, enemigo del sistema democrático, y una persona de cuidado”.

De otra funcionaria dice: “Extremista, MLN, persona peligrosa, persona que con toda seguridad, en un conflicto hipotético, va a agarrar las armas para pelear. Enemiga de todo, de los partidos tradicionales, del sistema democrático, pero enemiga también de los propios frenteamplistas. La única persona que parece que tuviera razón es ella, está en una posición demasiado radicalizada, es la persona más radicalizada del Centro de Informática”. Luego indica que una mujer, “además de ser frenteamplista, en épocas pasadas estaba con una escarapela del CHE [mayúsculas en el original] que la usaba permanentemente como distintivo, y que se dedicaba a escuchar música sandinista adentro del Centro de Cómputos, donde está el Computador Central”.

Momento Kodak

Pero Inteligencia no sólo se valía de informantes: también sacaba fotos. El “memorándum” 1.287, del 25 de octubre de 1990, versa sobre una reunión de padres y docentes de una escuela que fueron “citados a través de un volante”. Se describe lo que dijeron una maestra y la directora de la escuela. Luego se consigna que una señora de la que “no se pudo determinar nombre, ni si era madre de un alumno o integrante de Comisión Fomento, pero aparentemente podría tratarse de una docente de la tarde”, manifestó “que también habría que luchar por los 4.000 docentes que fueron sancionados por no concurrir a los actos del 25 de agosto”.

El texto concluía: “Antes de finalizar la reunión se acordó realizar una carta donde se expondrán las carencias de la escuela, para ser firmadas por padres de alumnos y ser presentada posteriormente al CODICEN. La reunión finalizó a la hora 21.30 aprox., contando con una concurrencia no mayor de 40 personas. Llamó la atención nuevamente la escasa concurrencia pese a la distribución de volantes”. “Se adjuntan fotos y transcripción de la grabación”, dice al final del documento. Son diez fotos y cada una incluye un pequeño texto descriptivo. “Maestra no identificada que estuvo en las dos reuniones”. “NNF que propuso luchar por los 4.000 sancionados (posiblemente maestra turno vespertino)”. “NNM. Posible dueño del kiosco sito en […], donde habrían fotocopiado los panfletos”. “NNF, posible practicante, vinculada a la NNF de la foto 2. Las 3 NNF llegaron en un Fiat Duna mat […]”.

No está de más recordar que las actividades de espionaje y vigilancia llevadas adelante por los informantes se realizaban durante gobiernos democráticos y en circunstancias en que todos los partidos políticos y organizaciones sociales vigiladas actuaban en la más plena legalidad.

Atrás de Tabaré

En un documento de noviembre de 1990 se consigna información sobre una “caravana organizada por el Frente Amplio” que arrancó a las 9.20. A las 11.10 “se detecta a Tabaré Vázquez recorriendo la caravana por 18 de Julio en el coche matrícula […] y atrás del coche del Intendente se detecta el Fiat 147 azul mat […] en actividad aparente de custodia con 4 NNM“. Luego decía que, diez minutos más tarde, “se inicia el movimiento de coches que fue acompañado por ruido de bocinas, se toman algunas matrículas y se contabilizan entre camiones y ómnibus un total de 50”.

Ignacio Martínez

Fuente: la diaria

Colectivo Vecinos por la Memoria de Piriápolis reclama control del Estado a prisión domiciliaria del represor Ramas

El 26 de marzo de 2009 el coronel retirado Ernesto Avelino Ramas Pereira (1936) fue condenado a 25 años de prisión por diversos crímenes especialmente agravados, como el homicidio de María Claudia García de Gelman, y en la actualidad tiene una causa abierta por tortura, privación de libertad, lesiones personales y demás delitos no menos aberrantes cometidos entre 1972 y 1985 en el 300 Carlos y el Batallón 13. Hoy el represor goza de prisión domiciliaria –por cuestiones de salud– en Piriápolis.

El colectivo Vecinos por la Memoria de Piriápolis, que ya había denunciado que Ramas fue visto paseando por la rambla del balneario, emitió un comunicado el viernes pasado en el que informa que el represor debía ser conducido al Juzgado para declarar por las causas abiertas, pero su defensa solicitó que se suspendiera “por razones humanitarias” y que la declaración fuera tomada en su domicilio. Por tal motivo, la jueza del caso, Marcela Vargas, accedió al pedido, pero el militar se negó a declarar, “amparándose en el Pacto de San José de Costa Rica”.

“Paradójicamente”, hoy Ramas “se ampara en los Derechos que les fueron negados a miles de víctimas de la dictadura cívico militar de la que fue parte”, señala este colectivo. “A pesar de esta negativa, la causa continúa y se espera que sea condenado por los delitos que se le acusa en función de cantidad de pruebas en su contra aportadas por decenas de hombres y mujeres víctimas de sus torturas. Ante estos acontecimientos, reclamamos que el Estado realice el control efectivo de la prisión domiciliaria y que se le revoque este beneficio y cumpla su condena en la cárcel”, finaliza el comunicado.

Fuente: la diaria

 

Cuatro represores condenados

EL PAÍS

Terminó un nuevo juicio por crímenes del centro clandestino Automotores Orletti

Cuatro represores condenados 

El ex centro clandestino de detención Automotores Orletti, sede, entre otras cosas, del Plan Cóndor.

Imagen: Guadalupe Lombardo

Los imputados, quienes nunca habían sido juzgados, recibieron penas de entre 25 y 6 años de prisión. En Orletti hubo una articulación entre SIDE, Policía Federal, Triple A, banda de Aníbal Gordon y Plan Cóndor.

Concluyó ayer un nuevo juicio oral por crímenes vinculados al centro clandestino Automotores Orletti. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 condenó a cuatro imputados, quienes nunca habían recibido sentencia, a penas de entre 25 y 6 años de prisión. Entre ellos fue condenado a la pena máxima José Nestor Ferrer, de la División de Asuntos Extranjeros de la Superintendencia de la Policía Federal, por el homicidio de Estela Moya de Gayá, asesinada frente a su hijo de dos años, un caso que también llegó a juicio por primera vez. La querella celebró las nuevas sentencias como un avance del proceso de memoria, verdad y justicia. Sin embargo, van a recurrir las condenas a 6 años de prisión de Rolando Nerone y Oscar Gutíerrez, también del Departamento de Asuntos Extranjeros. Tanto el ministerio público fiscal como las querellas del Cels y la secretaría de Derechos Humanos de Nación habían pedido para ellos prisión perpetua por el asesinato del uruguayo Mario Roger Julian. Los jueces sólo los condenaron por la privación ilegal de la libertad de su esposa, Victoria Grisonas. Ahora ambos están en condiciones de pedir la libertad, ya que llevan cinco años detenidos.

“Hay que celebrar una sentencia más que reconoce a los crímenes que se cometieron en Orletti como delitos de lesa humanidad en la que además resultan condenados cuatro imputados que nunca habían recibido ninguna sentencia”, dice Luz Palmas Zaldúa, coordinadora del área Memoria, Verdad y Justicia del Cels y cabeza de la querella unificada que integró la Fundación Liga por los Derechos Humanos. “También es importante que el homicidio de Estela Moya recibió una primera sentencia que la tiene como víctima. Vamos a esperar los fundamentos de la sentencia, porque habíamos pedido que ese homicidio sea considerado agravado, por eso tenía un pedido de prisión perpetua, pero el tribunal lo consideró un homicidio simple, por eso tiene 25 años”. La abogada adelantó que una de las cuestiones por las que presentarán un recurso de Casación es por la absolución del homicidio de Mario Roger Julien. “Habíamos acusado a Nerone y Gutierrez como coautores del homicidio. Este es el punto más complicado del veredicto porque acá no hubo una cuestión de calificación legal, hubo una absolución directamente. No encuentran la responsabilidad de estos dos acusados en el homicidio”.

El tribunal estuvo integrado por los jueces Adrián Federico Grünberg, José Antonio Michilini y Daniel Horacio Obligado. Grünberg leyó la sentencia en el auditorio AMIA de los tribunales de Comodoro Py ante los cuatro acusados. El juicio comenzó en octubre del año pasado. Los acusados son tres policías federales y César Alejandro Enciso, un agente de la SIDE extraditado de Brasil condenado a 16 años de prisión. Uno de los aportes de este juicio fue que aunque la existencia de este centro clandestino está probada desde el Juicio a las Juntas, en los últimos años se produjo gran cantidad de información que permitió entender la responsabilidad de los acusados como parte de una articulación entre SIDE, Policía Federal, la Triple A, la banda de Aníbal Gordon y el Plan Cóndor. Es decir, dijo Palmas Zaldúa en su alegato, “hilvanar las distintas instancias del plan sistemático”.

Uno de los casos más trabajados por fiscales y querellas fueron las pruebas del homicidio de Roger Julien, esposo de Victoria Grisonas -hoy desaparecida– y padre de los hermanos Julien Grisonas, trasladados clandestinamente a Chile por la dictadura y abandonados allí. En línea con la prueba de la instrucción del juez federal Daniel Rafecas, querellas y fiscalía sostuvieron que a Roger Julién lo mataron durante el operativo en el que fue capturada su esposa y sus hijos, realizado el 26 de septiembre de 1976. “Señores jueces: Nerone y Gutiérrez participaron en la producción de inteligencia que dio lugar a este operativo, en su planificación”, dijo el fiscal Pablo Ouviña en su alegato. “Estuvieron allí con la específica función de capturar ellos mismos a las víctimas, y dispararon contra ellos”.

El ataque de fuerzas conjuntas, integradas por el Ejército, las policías bonaerense y federal y el grupo de tareas 5 de la SIDE, fue dirigido contra la casa en la que vivía la pareja junto a los niños, ubicada en Mitre 1390 de la localidad de San Martín. Para la reconstrucción de los hechos fueron fundamentales las declaraciones de tres vecinos que brindaron una secuencia del accionar criminal, que se desarrolló en cuestión de minutos. Según publicó el sitio del Ministerio Público Fiscal, “una vez asegurada la escena, los policías de la DAE encabezaron el ingreso a la vivienda, que habría sido resistido por la pareja. En ese contexto, Nerone habría recibido el disparo. Grisonas y sus niños fueron rápidamente capturados, mientras que Julién Roger escapó hacia una casa vecina por una pared lindera”. Según los vecinos, “el joven uruguayo de 33 años les pidió que mantuvieran la calma para que no hubiera disparos, se quitó la ropa que llevaba sobre el torso, se colocó una toalla y se mojó el rostro para salir a atender a los militares y policías que estaban golpeando las puertas de todas las casas de la manzana. Intentó despistarlos, pero aparentemente los represores lo tenían individualizado, contaban con imágenes de su rostro y rápidamente lo detuvieron. Instantes después, una balacera terminó con su vida”.

Esto es lo que la sentencia evaluó de otra manera. De acuerdo a lo que pudo saber este diario, dieron por probado el homicidio, pero consideraron que no se pudo tener por probada la participación de los imputados en el crimen. Para la querella no hay dudas. Ahora esperan los fundamentos para entender cómo dieron por probado la participación en el secuestro de Victoria, explica Palmas Zaldúa, pero “inexplicablemente” los absolvieron por el crimen que forma parte del mismo operativo. “Tenemos que esperar los fundamentos –dijo–, pero es como si hubiese partido la responsabilidad para condenador por un hecho pero no por el otro”.

Durante la mañana, los acusados tuvieron la oportunidad de decir las últimas palabras antes del veredicto. Nerone describió su infancia y el nacimiento de su vocación. Luego mencionó que bajo el lema “entrar para aprender, salir para servir”, en la Escuela de Cadetes “nos enseñaron a defender a los ciudadanos, a sus bienes”. “Nunca fui, soy ni seré un monstruo”, cerró. “No soy un represor”, sostuvo a su turno Ferrer. “No he participado de secuestro u homicidio alguno”, se limitó a decir. Por su parte, Gutiérrez y Enciso prefirieron no hacer uso de su derecho.

Fuente: Página 12 

 

 

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