Autor: Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos

Tras seis horas de negociación, todos los partidos, con excepción de Unidad Popular (UP), lograron un acuerdo para designar con mayorías especiales a los cinco nuevos integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH).

El Frente Amplio (FA) consiguió la aprobación de cuatro de los cinco nombres que propuso; quedó fuera de la selección el actual director de la INDDHH, Juan Raúl Ferreira, que aspiraba a la reelección y era el quinto en el orden de prelación de la lista propuesta por el FA. Se designó en cambio, por 124 votos, al abogado Wilder Tayler, propuesto por el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, por el Servicio Paz y Justicia y por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública. También a la jueza Mariana Mota, propuesta por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y respaldada por el PIT-CNT y organizaciones feministas y de defensa de los derechos humanos, quien obtuvo 120 votos. La abogada Josefina Plá, respaldada por Gurises Unidos y por el Centro Latinoamericano de Economía Humana, tuvo 119 votos, y el actual integrante de la INDDHH Juan Faroppa –propuesto por la asociación de familiares de migrantes Idas y Vueltas y la Red de Amigos de Luis Pérez Aguirre– obtuvo 116 votos.

La quinta integrante del Consejo Directivo designada fue Mariana Blengio, a propuesta del Partido Nacional. La candidatura de Blengio había sido presentada por los diputados nacionalistas Gustavo Penadés, Gloria Rodríguez y Alejo Umpiérrez. Blengio es docente universitaria y fue coordinadora de la cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad de la República.

La designación de Blengio tuvo resistencias internas en el FA, que explicaron la demora en la negociación. El Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) no quería votar su candidatura, y se inclinaba por mantener la de Ferreira. “El que planteó que no estaba de acuerdo fue el diputado Luis Puig [del PVP]”, dijo a la diaria el coordinador de bancada, el diputado Jorge Pozzi.

Hubo una primera ronda de votación, en la que todos los partidos, con excepción de UP, votaron a Tayler, mientras que el resto de los nombres no obtuvieron las mayorías especiales requeridas de dos tercios. Pero al alcanzarse esas mayorías en un nombre, eso habilitó una segunda ronda de votación. Después de seis horas, los partidos lograron ponerse de acuerdo y designar por mayorías especiales a todo el Consejo Directivo.

El único que no votó los nombres acordados fue UP. El diputado de ese partido, Eduardo Rubio, explicó a la diaria que estaba mandatado a votar por Mota, Ferreira, el profesor Óscar Destouet y la abogada Marina Morelli, y así lo hizo en la primera ronda. En la segunda ronda, al quedar fuera de la votación Destouet y Morelli porque obtuvieron menos de cuatro votos en la primera ronda, UP votó por Juan Raúl Ferreira y por Mota.

El diputado del Partido Independiente Iván Posada consideró que el hecho de que los partidos hayan alcanzado mayorías especiales en este tema es “una señal de madurez política”.

Fuente: la diaria

A 40 años de la desaparición de Julio Castro, se realizará un homenaje al maestro y periodista asesinado en la dictadura.

Esta tarde, a las 17.30, se realizará un homenaje al maestro Julio Castro, quien fue secuestrado el 1º de agosto de 1977 en la esquina de Rivera y Llambí.

En ese lugar se inaugurará un monolito recordatorio del maestro y periodista, cuyos restos fueron encontrados en el batallón 14, tras 34 años de desaparición.

El acto es organizado por el Movimiento de Educadores por la Paz y contará con la participación de la fiscal Mirtha Guianze quien trabajó en la causa que investigó el caso en la Justicia y el director de la Institución Nacional de derechos Humanos Juan Raúl Ferreira, quien realizó la denuncia ante organismos internacionales y el intendente de Montevideo, Daniel Martínez.

Castro nació en Florida en 1908. Fue militante de distintas asociaciones gremiales de maestros, y tuvo una destacada labor como pedagogo y periodista, desempeñándose en el semanario Marcha.

Tras su detención fue trasladado al centro clandestino La Casona, de la Avenida Millán.

Fuente: Montevideo Portal

Se abre una nueva etapa de trabajo en el predio, tras la autorización de Marcela Vargas, jueza penal de 2º Turno, que lo había visitado de forma preliminar en dos oportunidades, acompañada por el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ) y el equipo técnico de antropología. En representación del Ministerio de Defensa Nacional asistió José Ignacio Korzeniak, director de asuntos políticos y derechos humanos. La primera recorrida se realizó en marzo, con la intención de que Vargas conociera las zonas cauteladas por el juez al que sustituiría: Pedro Salazar. En la segunda visita se decidieron las zonas a intervenir.

Felipe Michelini, coordinador del GTVJ, aclaró, en conversación con la diaria, que la decisión de suspender las excavaciones en 2015 fue del juez Salazar, a raíz de la aparición de un explosivo de entrenamiento. Agregó que esta resolución no fue tomada por el grupo de trabajo. Para evitar la interrupción de las actividades por sucesos de este tipo, Lusiardo explicó que el equipo recibió entrenamiento para saber cómo proceder si llega a aparecer un “elemento sospechoso”.

Respecto de las zonas en que se excavará, precisó que están cauteladas bajo presumario y que fueron delimitadas por el equipo “de forma arbitraria”; en ellas no identifican accidentes geográficos.

La antropóloga precisó que en total, desde 2005 hay 50 predios señalados, y que la experiencia en este ámbito les demostró que la coincidencia en los testimonios sobre las zonas no siempre es certera; en algunos, como el Batallón 13, se concentra la información, pero no se agregó a partir de los testimonios ningún predio nuevo.

Sobre los testimonios, comentó que llegan a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de forma indirecta, desde terceros. La información se caracteriza por ser vaga, imprecisa y heterogénea. “En general, los testimonios se refieren a un galpón; hay muchos en el Servicio de Material y Armamento”, ejemplificó.

“Si ese testimonio dice que se construyó un galpón después de enterrados los cuerpos, y nuestro equipo verifica, mediante fotografía aérea, que ese galpón está desde 1966, por lo que no se puede haber construido para tapar un enterramiento”, reflexionó, recordando la experiencia anterior en el mismo batallón. Dijo además que la recepción de la información no es un problema, pero lo es la calidad de esa información: “Es un proceso muy tedioso, porque tenemos que verificar los datos”, explicó. En esta nueva instancia reveló que manejan información vieja y nueva sobre lugares no intervenidos.

Magalí Arismendi

Fuente: la diaria